Explicó que los permisos señalados provienen de un proceso legal iniciado años atrás, antes de su llegada a la dependencia.
De acuerdo con su versión, la empresa involucrada ya mantenía un litigio contra la Secretaría de Gobernación por la negativa previa de 20 permisos solicitados desde 2018.
Alcalde detalló que el Tribunal de Justicia Administrativa resolvió a favor de la empresa, ordenando que se otorgaran las autorizaciones correspondientes.
La resolución fue emitida en octubre de 2023, y obligaba a la Dirección de Juegos y Sorteos a conceder los permisos.
La funcionaria aseguró que su papel fue únicamente administrativo y de cumplimiento legal.
También rechazó cualquier vínculo con actos de corrupción y defendió su trayectoria en el servicio público.
Casinos de La Barredora y el origen del conflicto
El tema de los casinos La Barredora permisos surgió tras investigaciones periodísticas que señalan posibles vínculos entre empresarios del sector de juegos y personajes relacionados con el grupo conocido como “La Barredora”.
Las publicaciones apuntan a estructuras empresariales donde aparecen socios con antecedentes políticos y empresariales polémicos.
Sin embargo, Luisa Alcalde insistió en que la autorización final de los permisos se dio bajo orden judicial y no por decisión política.
De acuerdo con la versión oficial, los permisos fueron firmados en febrero de 2024 por la Dirección General de Juegos y Sorteos.
Estos documentos tendrían una vigencia de 15 años, con expiración en 2039.
El caso ha generado debate sobre el control del gobierno en la regulación de casinos en México.
También ha abierto cuestionamientos sobre la relación entre decisiones judiciales, empresas privadas y autoridades federales.
Impacto político y legal
La discusión por los casinos La Barredora permisos ha escalado en el ámbito político, debido a la participación de actores cercanos a distintas administraciones.
El caso también ha sido utilizado como ejemplo del conflicto entre resoluciones judiciales y decisiones administrativas del gobierno federal.
Especialistas en derecho administrativo señalan que, cuando un tribunal ordena una autorización, la dependencia está obligada a cumplirla.
Esto limita la capacidad de la autoridad para negar permisos, incluso en contextos de alta sensibilidad política.
El caso ha reavivado el debate sobre transparencia en la industria del juego en México.
También ha generado presión sobre autoridades para revisar los mecanismos de otorgamiento de licencias.
El caso por los casinos de La Barredora sigue generando discusión pública por sus implicaciones políticas y legales. Mientras Luisa Alcalde insiste en que se trató de un cumplimiento judicial, el tema mantiene bajo escrutinio la relación entre empresas, gobierno y decisiones de tribunales.
El caso podría seguir escalando conforme avancen las investigaciones periodísticas y los posicionamientos oficiales.
