Al menos 15 de los 50 estados de Estados Unidos, casi una tercera parte del territorio de ese país, y entre los que se encuentran cinco gobernados por demócratas, han promovido o cuentan con leyes antimigrantes que, a decir de especialistas, son violatorias de los derechos humanos, xenofóbicas y discriminatorias.

Y el número de entidades con leyes para frenar el fenómeno migratorio podría aumentar a partir del próximo año, en caso de que Donald Trump gane la Presidencia de Estados Unidos en noviembre, por lo cual lo mejor que le pueda pasar a México es que se reelija Joe Biden, consideró Marcelo Goldin, director del Departamento para Iberoamérica y Miami del consorcio de abogados Goldin Law.

De los 15 estados con leyes antimigratorias, 10 son republicanos: Alabama, Arizona, Tennessee, Carolina del Sur, Indiana, Iowa, Florida, Texas, Louisiana y Virginia Occidental, mientras que el resto son demócratas: Idaho, Kansas, California, Georgia y Montana.

Recientemente se aprobaron las leyes HB1105 en Georgia, y la HB4156 en Oklahoma. Esta última, a decir de la canciller Alicia Bárcena, crea el delito de “ocupación inadmisible”, que se comete cuando una persona ingresa de manera intencional sin permiso a Estados Unidos, y permanece en Oklahoma sin contar con la autorización correspondiente.

Aunado a esas leyes antimigrantes se encuentra en proceso judicial la controvertida SB4 del estado de Texas, promovida por el gobernador Greg Abbott, que es considerada una de las más duras de todo Estados Unidos en contra de la inmigración ilegal, al habilitar a la policía para detener a cualquier sospechoso de cruzar la frontera ilegalmente, deportarlo a México y/o imponer penas de cárcel.

Un juez federal de Austin bloqueó la implementación de esta ley en primera instancia. A partir de la apelación de Greg Abbott, la justicia le dio la razón al estado y ahora la aplicación o no de la normativa será definida por la Corte Suprema de Estados Unidos.

El estado de Florida tiene vigente la ley SB1718, considerada otra de las más duras de Estados Unidos contra los indocumentados, la cual fue promovida por el gobernador Ron DeSantis quien, además, ha hablado de deportaciones masivas e incluso de terminar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento.

La norma contempla una serie de castigos tanto para los indocumentados como para quienes les den empleo o los que los transporten. Para esto último, una persona podría ser acreedora hasta 30 años de prisión y una multa de 10 mil dólares.

En el caso de Arizona, la entonces gobernadora Jan Brewer promulgó la denominada “ley de odio” o ley SB1070, en la cual se establece como delito menor que una persona extranjera esté en el estado sin su documentación requerida. Esto faculta a la policía a detener a cualquier persona “sospechosa” de ser indocumentada.

Los republicanos de la Cámara de representantes de Georgia respaldaron la “ley de seguimiento y denuncia de extranjeros criminales de Georgia de 2024” o Georgia 1195, la cual obliga a todos los departamentos de policía a identificar a los indocumentados para arrestarlos y deportarlos.

“Estas leyes antimigrantes representan más una retórica política para conseguir votos, básicamente es eso, porque esas leyes no encuentran la prosperidad del estado”, afirmó Marcelo Goldin, Director del Goldin Law Group

También establece nuevos requisitos para que los funcionarios de prisiones comprueben si una persona ingresó al territorio estadounidense de manera ilegal. Otra medida implica acusar de un delito menor a los policías que no verifiquen el estatus migratorio de los detenidos. Además, se negaría financiamiento estatal a cárceles que no cooperen con las políticas antimigrantes.

En los últimos días, el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt firmó la iniciativa HB4156, convirtiéndola en ley estatal que permitirá a la policía local arrestar a inmigrantes indocumentados dentro de su territorio. La ley entrará en vigor el próximo 1 de julio, en tanto se espera que se presenten los recursos legales para impedir su ejecución.

Marcelo Goldin, director del Goldin Law Group, afirmó que “estas leyes antimigrantes representan más una retórica política para conseguir votos, básicamente es eso, porque esas leyes no encuentran la prosperidad del estado”.

En entrevista con La Razón, indicó que los indocumentados muestran temor y buscan salir a otros estados, por lo que “varios sectores de la economía pueden entrar en colapso”.

El director del Departamento para Iberoamérica y Miami del consorcio de abogados dijo que los estados saben que es una maniobra política, y si Donald Trump ganara van a aumentar aquellos con leyes antimigrantes, principalmente republicanos.

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Fuente: Grupo Es Noticia

El Organo Interno de Control (OIC) de la Secretaría del Bienestar concluyó tras finalizar un informe de procesos internos, que “no hay evidencias suficientes” que confirmen el proceso de entrega y reposición de las tarjetas de pensiones de adultos mayores.

El Informe de Resultados Finales de la auditoría interna a la Secretaría de Bienestar con el número 901-09/2023, reveló que no se documento hasta el 13 de diciembre pasado los procedimientos, actividades o acciones relacionadas con la bancarización de las personas

Lo que el OIC señala es que no existen pruebas ni garantías de que las personas que fueron agregadas a los programas de ayuda a adultos mayores, existan o que sean mayores de 65 años.

El Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Bienestar concluyó que la dependencia “no tiene documentado el proceso para la entrega de tarjeta bancaria, así como el proceso para la reposición de las tarjetas bancarias como medio de pago del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”.

El programa otorga seis mil pesos bimestrales a los adultos mayores de 65 años, sin embargo, la dependencia manejada por Ariadna Montiel Reyes, no ha documentado con eficiencia que los beneficiarios existan o hayan realizado el debido proceso para ser dados de alta en el programa.

“No se identifican procedimientos o actividades relacionadas con la entrega de tarjetas bancarias y/o reposición de tarjetas bancarias del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”, dice el informe del OIC.

De acuerdo a datos de la Secretaría del Bienestar, este programa apoya a más de 12 millones 100 mil adultos mayores en el país, sin embargo, el OIC de la propia dependencia reconoció que no en todos los casos se puede comprobar.

Al bimestre el Gobierno de Andrés Manuel López otorga en el programa 72 mil 600 millones de pesos y al año 435 mil 600 millones de pesos, de los que hoy el OIC de la Secretaría de Bienestar no puede afirmar que se entregan con certeza.

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Fuente: Grupo Es Noticia

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) conoció tres medidas cautelares, por la posible difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido; vulneración al interés superior de las personas menores de edad y uso indebido de la pauta, respectivamente, en el marco del Proceso Electoral Federal 2023-2024.

Mañanera del 23 de abril contiene, preliminarmente, propaganda gubernamental prohibida

Un ciudadano presentó queja en contra del Titular del Ejecutivo Federal, derivado de las manifestaciones realizadas en la conferencia matutina conocida como Mañanera, por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, celebrada el 23 de abril de 2024 la que, a decir del quejoso, difundió la creación y alcances del programa de pensión a adultos mayores y del Fondo de Pensiones del Bienestar.

Al respecto, la Comisión resolvió que es procedente la medida cautelar solicitada respecto de algunas expresiones pues, del análisis preliminar, se advirtieron manifestaciones que podrían constituir propaganda electoral en periodo prohibido.

Por lo anterior, se ordenó al Presidente López Obrador eliminar o modificar los archivos de audio, audiovisuales y/o versiones estenográficas de la conferencia citada alojada en plataformas electrónicas bajo su control; a la Consejería Jurídica, al Titular de la Vocería del Gobierno y al Titular del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE), así como a cualquier otra persona que participe dentro del formato informativo multicitado, a colaborar en el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas.

Por cuanto hace a la solicitud de la medida cautelar en su vertiente de tutela preventiva, se determinó que es improcedente, toda vez que ya existe al menos un pronunciamiento de la Comisión vinculado con ese tema.

Sobre el uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, se concluyó que serán temas que analizará la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al resolver el fondo del asunto.

Promocional pautado por el PAN en Morelos deberá ser sustituido

MORENA denunció a los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) por la difusión del promocional de televisión, pautado para el periodo de campaña electoral correspondiente al Proceso Electoral Local en el estado de Morelos, denominado CAM EST GOB MOR LUCY MEZA NIÑOS, por la presunta vulneración al interés superior de las personas menores de edad.

La Comisión resolvió que es procedente la medida cautelar solicitada porque, del análisis preliminar al material, se advierte que aparecen personas menores de edad y el partido político denunciado no aportó las pruebas necesarias para acreditar el otorgamiento de su consentimiento y la autorización o permiso de sus padres para que los menores participen en dicha propaganda.

En este sentido, el partido deberá sustituir el spot de televisión con material genérico o de reserva, y las concesionarias suspender su difusión. Se negó la tutela preventiva al tratarse de hechos futuros de realización incierta.

Promocional del partido Futuro, preliminarmente, no cumple con disposiciones legales para su difusión

El partido Movimiento Ciudadano (MC) denunció al partido Futuro, por la difusión de un promocional para televisión, pues a decir del denunciante, el material omite señalar la calidad del cargo por el que contienden diversos candidatos de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Jalisco”, así como el responsable del mensaje y que el mismo genera confusión en el electorado.

La Comisión resolvió que es procedente la adopción de las medidas cautelares solicitadas, toda vez que el promocional de televisión no identifica auditivamente que la persona que aparece es el candidato a Presidente Municipal de Zapopan, a las personas candidatas y el cargo para el que se les postulan, ni al responsable del mensaje, es decir, no cumple con las disposiciones legales establecidas en el artículo artículo 91, numeral 4 de la Ley General de Partidos Políticos.

En este sentido, el partido deberá sustituir el promocional apercibido que, de no hacerlo, se sustituirá con material genérico o de reserva y a las concesionarias suspender su difusión. Respecto de la culpa in vigilando, se concluyó que será tema que analizará la Sala Regional Especializada del TEPJF al resolver el fondo del asunto.

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Fuente: Grupo Es Noticia