El Diálogo Nacional por la Paz exigió que la Fiscalía General de la República (FGR) asuma la investigación de los asesinatos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, y del empresario limonero Bernardo Bravo, ocurridos con apenas trece días de diferencia en Michoacán y presuntamente vinculados al crimen organizado.
Piden a la FGR asumir investigación por asesinatos de Carlos Manzo y Bernardo Bravo en Michoacán. Organizaciones religiosas y especialistas en seguridad señalaron que la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno contribuyó a estos homicidios, pese a que ambas víctimas habían solicitado públicamente apoyo y protección ante las amenazas que enfrentaban.
Tras los hechos del 20 de octubre y 1 de noviembre, la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Compañía de Jesús, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México y la Dimensión Episcopal para los Laicos hicieron un llamado al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que asuma un liderazgo más firme en materia de seguridad y justicia en Michoacán.
Las organizaciones religiosas enfatizaron la necesidad de optimizar los recursos entre el gobierno estatal, los municipios y la sociedad civil para hacer frente a la violencia generada por los cárteles que operan en la región. En su pronunciamiento, lamentaron los crímenes y subrayaron la urgencia de replantear la estrategia de seguridad en el estado, gobernado por Alfredo Ramírez Bedolla, quien fue abucheado durante el velorio del alcalde de Uruapan.
Asimismo, destacaron la importancia de que las autoridades federales y estatales escuchen las voces de los líderes locales y fortalezcan la colaboración institucional para diseñar estrategias más adecuadas a la realidad michoacana.
El Diálogo Nacional por la Paz advirtió que no existen mecanismos eficaces de cooperación entre el gobierno federal y el estatal para desmantelar redes criminales ni medidas suficientes para garantizar la transparencia y mejorar las capacidades de investigación.
Finalmente, las organizaciones demandaron supervisar y sancionar las omisiones o malas prácticas de las fiscalías estatales y reiteraron que la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Estatal, la fiscalía y los gobiernos municipales deben trabajar coordinadamente por la seguridad de la población michoacana.
