La titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito con sede en Veracruz, la jueza Nancy Juárez Salas, le ordenó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, eliminar la publicación de la reforma judicial que realizó el pasado 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El domingo 15 de septiembre, el mandatario oficializó la reforma constitucional a la Ley del Poder Judicial Federal (PJF), promulgándola y la publicándola en el DOF.
Para atestiguar la promulgación, estuvo presente la futura Presidente, Claudia Sheinbaum Pardo, junto al aún titular del Ejecutivo federal, mostrando su beneplácito.
La jueza Juárez Salas concedió la suspensión definitiva al amparo que trabajadoras del PJF tramitaron contra el proceso de discusión y aprobación de la reforma, tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado de la República.
El amparo concedido a favor de las trabajadoras del PJF, también se realizó en contra de la promulgación y la publicación en el DOF, hace ya nueve días.
La juzdora especificó en la sentencia que de concretarse los efectos de la reforma “haría materialmente imposible reparar a las quejosas del daño ocasionado”.
Nancy Juárez Salas explicó que al otorgar la medida se tomo en cuenta que no afecta el interés social ni disposiciones de orden público.
“En atención a que si bien la sociedad está interesada en que los procedimientos legislativos no se detengan, lo cierto es que también existe un especial interés en que los procesos que se realicen para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se apeguen a los estándares respecto a los de derechos humanos y mantengan las bases fundamentales que sostengan los principios de una norma de esta naturaleza.
“De ahí que, por el contrario, si no se concediera la suspensión de los actos, se corre el grave riesgo de que la independencia judicial como valor íntegro de un Estado de derecho, se erosione en perjuicio de las quejosas”, puntualizó la resolución del Juzgado Décimo Noveno de Veracruz.
Al mismo tiempo determina que con la resolución se garantiza la independencia judicial y un sistema libre de coacciones para la sociedad y exige que todas las instituciones gubernamentales respeten y acaten la independencia jurídica.
