La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó pagos por conceptos de arrachera y salmón destinados a centros penitenciarios; el ORFIS advierte que, de no aclararse, se considerará daño patrimonial.
Xalapa, Ver.- Una nueva polémica envuelve a la administración estatal de Cuitláhuac García Jiménez tras revelarse presuntas irregularidades en el gasto de alimentación para los centros penitenciarios de la entidad. De acuerdo con el último informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) deberá aclarar el destino y la justificación de 414 millones de pesos invertidos en productos considerados de lujo, como arrachera y salmón, para las Personas Privadas de su Libertad (PPL).
El hallazgo: Arrachera y salmón en las celdas
El pliego de observaciones 2024-D-19019-23-1518-06-008, derivado del informe presentado por el auditor federal David Colmenares ante la Cámara de Diputados, señala que durante el ejercicio fiscal 2024 se realizaron pagos millonarios por insumos «gourmet».
La documentación técnica resalta que estos artículos, cuyo costo es significativamente elevado en comparación con la canasta básica penitenciaria, fueron facturados como parte del suministro alimentario habitual de las prisiones veracruzanas.
La postura del ORFIS
Al respecto, Delia González Cobos, titular del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), señaló que la SSP tiene la responsabilidad de explicar la razonabilidad de estos gastos.
“Tendrá que hacer las aclaraciones correspondientes la propia secretaría para determinar por qué razón esos precios resultaron tan altos, de qué evento pudo haberse tratado o en qué momento fue que se hizo uso de un artículo tan caro”, consideró la auditora general.
González Cobos fue enfática al advertir las consecuencias legales: “Si no lo aclara, pues obviamente que quedará en daño patrimonial”.
Plazos y proceso de aclaración
Pese a la contundencia de las cifras, la funcionaria estatal recordó que los resultados del tercer informe de la Cuenta Pública 2024 aún no son definitivos. Los entes fiscalizados cuentan con un periodo de gracia para presentar pruebas y justificaciones.
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Plazo establecido: Aproximadamente 120 días para que las dependencias respondan a las observaciones.
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Estado actual: La ASF valorará la documentación recibida para determinar si el gasto fue justificado o si se procede legalmente por el desvío de recursos.
Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz no ha emitido un comunicado oficial detallando la logística o los criterios nutricionales que habrían llevado a la compra de estos cortes de carne y pescado para la población carcelaria.
Fuente: Grupo Es Noticia
