En febrero de 2020, México fue noticia mundial debido al caso de un grupo de niños que tomó las armas para enfrentar a la delincuencia organizada que operaba en la Montaña de Guerrero.
Estos menores pertenecen a las comunidades de Chilapa, Acotapaxtlán y Ayahualtempa, Eran alrededor de 30 y sus edades rozaban entre los 6 y los 11 años.
Niños apoyan en tareas de seguridad
A consecuencia de los “abrazos, no balazos” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su ineficiencia para combatir la violencia y la inseguridad, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) se vio forzada a armar a los niños con fusiles para combatir a los criminales que opera en sus comunidades que están sumidas en la pobreza y la inseguridad.
“Nosotros los preparamos porque en cualquier momento, como estamos rodeados de este grupo delictivo, nos pueden agarrar, secuestrarnos, desaparecernos, asesinarnos y los niños no van a saber defenderse; entonces, eso también es la mentalidad de que nosotros tratamos de enseñar a los niños, no es como dice el presidente de la República que estamos preparando sicarios, sólo se les está enseñando a manejar las armas para defenderse, y aparte de eso se les enseña también a trabajar el campo”, dijo Bernardino Luna, consejero e integrante de la Policía Comunitaria.
Algunos de estos niños son huérfanos, no tienen quien los cuide, su familia fue asesinada por delincuentes que operan en la impunidad.
Según los fundadores de las autodefensas, los menores tenían que apoyar en las tareas de seguridad, pues a pesar de que han pedido ayuda a las autoridades, no les han hecho caso.
El fenómeno de los niños armados estalló en enero de 2020, cuando el grupo delincuencial “Los Ardillos” asesinó de manera brutal a 10 músicos indígenas en Chilapa. La Fiscalía de Guerrero informó que 6 sicarios interceptaron a los músicos en el camino de Mexcalzingo-Tlayelpan, los bajaron y los asesinaron con cuchillos. Luego prendieron fuego a los cadáveres.
El gobierno no ha cumplido
Tras darse a conocer esta noticia, la administración del mandatario tabasqueño afirmó que la Guardia Nacional (GN) ya estaba actuando, que lo de autodefensa se creó en una circunstancia muy especial y la calificó como un error haberlo alentado porque la seguridad pública corresponde garantizarla al Estado.
“Es una causa justa, pero no justifica el uso de menores, no con más violencia (…) Y no es un asunto fácil, en esa zona ha habido muchos asesinatos, asesinatos de dirigentes, ahí han asesinado compañeros que yo conocí desde hace muchos años en esa región, luchadores sociales. Y estamos trabajando, pero no es así, no es con violencia, mucho menos enfrentando o utilizando a los niños”, dijo Andrés Manuel en su momento.
Por otro lado, se comprometió a darles becas a los niños y construirles escuelas y centros de salud para que dejaran las armas.
Sin embargo, han pasado tres años y esas promesas quedaron en el abandono.
“El gobierno no nos ha cumplido. Le pedimos ayuda contra los grupos y no la ha prestado. Le pedimos maestros de secundaria, porque no podemos salir del pueblo, y no han llegado. Nuestra tarea es cultivar el campo, si no quiere que nos armemos, que nos dé seguridad”, dijo Bernardino Luna.
Prácticas delictivas hacen que la figura del estado mexicano se fracture
Por otro lado, Juan Martín Pérez García, defensor de derechos humanos, especialmente de los derechos de la infancia y poblaciones callejeras expuso el concepto “redes de macrocriminalidad”, en las que están implicados grupos delictivos, funcionarios del gobierno estatal y federal e, incluso, gente del mundo empresarial que lava dinero o financia operaciones criminales para generar fortuna ilícita.
“Estas redes de macrocriminalidad tiene capturadas a las instituciones”, acusó.
Mencionó que la triada de impunidad, corrupción y debilitamiento de las instituciones hacen que estas redes de macrocriminalidad se articulen y convivan de manera armónica, porque se tiene un interés en común, lo cual es la obtención de dinero ilegal.
“Entonces tiene esa función en grupos criminales que operan en el territorio, venden drogas, extorsionan y que pagan una protección a los militares, a la policía federal (actualmente Guardia Nacional), los que sean, y a su vez le pagan el ministerio público, le pagan a los jueces y los gobiernos municipales. Ya capturados hace bastante tiempo por estos grupos criminales, deciden quién es el secretario de seguridad pública municipal, que es a su vez el que tiene o elige entre comillas, a la policía, que la gran mayoría de los casos son los propios sicarios. Y esto es un tema que ya pasa en todo el territorio nacional, pero todo esto es lo que tiene de por medio: dinero”, explica.
Todo este conjunto de actividades de corrupción, impunidad, acuerdos, dedazos y otras prácticas delictivas hacen que la figura del estado mexicano se fracture y pierda las funciones esenciales, lo que desemboca en una violación de derechos.
Con información de La Silla Rota
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