La reciente reforma a la Ley de Aguas Nacionales ha generado un intenso debate en el sector agrícola mexicano. Esta modificación legislativa busca regular de manera más estricta el uso y la concesión del agua, un recurso vital para la producción agrícola. En este artículo, exploraremos en qué consiste esta reforma y cómo impacta a los propietarios de pozos agrícolas.
Contexto de la Reforma
El 1 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la presentación de una iniciativa para expedir una nueva Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales.
Esta propuesta surge en respuesta a la necesidad de actualizar la legislación vigente, que data de 1992. Y que ha sido criticada por permitir la mercantilización del agua y favorecer su acaparamiento por parte de particulares.
Entre las modificaciones más relevantes de la reforma se encuentran:
1. Prohibición de Transferencia de Concesiones
La reforma establece que las concesiones para el uso del agua ya no podrán ser transferidas entre particulares.
En caso de que una concesión no sea utilizada, deberá ser devuelta al Estado, y será la CONAGUA la encargada de su reasignación. Esta medida busca eliminar el mercado ilegal de concesiones de agua que se ha desarrollado en el país.
2. Incremento de Sanciones
Se propone aumentar las sanciones para quienes incumplan la ley. Las multas podrían oscilar entre 2 y 5 millones de pesos para quienes cambien el uso del agua sin autorización.
O transmitan títulos de concesión sin permiso o comercialicen el agua destinada al uso agrícola para fines industriales.
3. Creación de un Catálogo de Delitos Hídricos
En la reforma se incluye la creación de un capítulo sobre delitos hídricos, con sanciones más severas para quienes roben agua, perforen pozos ilegales o reincidan en prácticas ilícitas como la venta de agua obtenida de extracciones clandestinas. Incluso se contempla aplicar la figura de extinción de dominio en casos de reincidencia.
Impacto en los Dueños de Pozos Agrícolas
1. Restricciones en la Herencia y Venta de Tierras
La prohibición de transferir concesiones de agua entre particulares implica que los agricultores no podrán heredar o vender sus tierras con los derechos de agua asociados. Esto podría disminuir el valor de las tierras agrícolas y dificultar la continuidad de las actividades productivas en el sector.
2. Aumento de la Burocracia
La necesidad de devolver las concesiones al Estado para su reasignación podría incrementar la burocracia y los tiempos de espera para obtener o renovar permisos. Lo que afectaría la planificación y operación de los productores agrícolas.
3. Criminalización de Prácticas Agrícolas
Además de la inclusión de nuevos delitos hídricos y el aumento de sanciones podrían llevar a la criminalización de prácticas agrícolas tradicionales, como la construcción de pequeñas represas o la modificación de cauces para riego, que ahora podrían ser consideradas infracciones graves.
Reacciones del Sector Agrícola
Las organizaciones campesinas han expresado su rechazo a la reforma, argumentando que vulnera sus derechos y pone en riesgo la soberanía alimentaria del país. Han realizado protestas y bloqueos en diversas regiones, exigiendo que se reconsideren las modificaciones propuestas.
La reforma a la Ley de Aguas Nacionales representa un esfuerzo por regular de manera más estricta el uso y la concesión del agua en México.
Pero las implicaciones para los dueños de pozos agrícolas son significativas, afectando la herencia y venta de tierras, incrementando la burocracia y potencialmente criminalizando prácticas tradicionales.
Es fundamental que el gobierno y el sector agrícola encuentren un equilibrio que garantice la sostenibilidad del recurso hídrico sin comprometer la viabilidad del campo mexicano.
Fuente: Grupo Es Noticia
