Dos iniciativas promovidas desde el oficialismo han colocado nuevamente en el centro del debate los límites entre regulación digital, protección de derechos y libertad de expresión. Las propuestas, una relacionada con derechos de autor y otra con propiedad industrial, han sido calificadas por sus críticos como “ley antimemes”, debido a que podrían tener consecuencias sobre parodias, caricaturas y contenidos políticos difundidos en redes sociales.
La primera iniciativa, discutida en la Cámara de Diputados, plantea modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor. Entre otros aspectos, contempla responsabilidades para proveedores de internet frente a determinados contenidos que infrinjan derechos protegidos y establece sanciones económicas que pueden alcanzar millones de pesos. La discusión fue frenada para incorporar precisiones, entre ellas aquellas que permitan distinguir entre una infracción a derechos de autor y expresiones amparadas por la sátira, la parodia, el periodismo o la crítica política. Esta propuesta contiene penas de sde 10 hasta los 4 años de prisión.
“Si quieren que estemos en la cárcel los caricaturistas, pues vamos a la cárcel, ya qué más”, me dice Chavo del Toro (@chavodeltoro) ante la “Ley Antimemes”.
El segundo frente se encuentra en el Senado, donde se analiza una modificación a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. El punto que detonó las críticas es el artículo 403 Bis, que contempla penas de tres a siete añosde cárcel para determinadas conductas relacionadas con el uso, reproducción o imitación de signos e identidad gráfica oficial, particularmente cuando exista una finalidad comercial y se busque inducir a error o engaño.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, sostuvo que una redacción amplia podría afectar parodias que utilicen símbolos oficiales y pidió introducir excepciones expresas para periodistas y contenidos satíricos.
La preocupación no quedó únicamente en el terreno partidista. El caricaturista Chavo del Toro reaccionó a la posibilidad de que las nuevas disposiciones alcancen el trabajo de los caricaturistas y resumió su postura con una frase: “Si quieren que estemos en la cárcel los caricaturistas, pues vamos a la cárcel, ya qué más”. La advertencia coincide con la de quienes consideran que cualquier regulación sobre contenidos digitales debe establecer límites claros para evitar que una norma diseñada para combatir abusos termine utilizándose como medio de censura contra expresiones de crítica política.
El antecedente de las redes y los “bots”
El debate ocurre además después de que diputados de Morena, Sergio Gutiérrez Luna y Arturo Ávila, propusieran crear una comisión especial para dar seguimiento a posibles casos de financiamiento extranjero, injerencia digital, bots, perfiles no auténticos y operaciones automatizadas de desinformación durante los procesos electorales. El planteamiento oficial es investigar redes coordinadas que puedan intervenir en la conversación pública y electoral.
La iniciativa ha generado otro debate: dónde termina el combate a una operación coordinada de manipulación y dónde comienza la vigilancia de la conversación política en internet. El texto presentado por los legisladores morenistas plantea identificar quién financia, quién opera y con qué propósito determinadas campañas digitales, bajo el argumento de proteger los procesos democráticos.
A ello se suma que el propio Arturo Ávila presentó el 22 de septiembre una iniciativa en materia de derechos digitales que, según el Sistema de Información Legislativa, incluye disposiciones para prohibir la censura previa, proteger la libertad de expresión de los usuarios y establecer reglas para las plataformas digitales. El proyecto también propone obligaciones de transparencia y mecanismos para limitar la difusión o acceso a información únicamente bajo determinadas condiciones.
La contradicción que plantean sus críticos
El contraste es precisamente uno de los puntos que han aprovechado los opositores para cuestionar las reformas: mientras algunas propuestas morenistas hablan de proteger la libertad de expresión y evitar la censura previa, otras iniciativas impulsadas desde el oficialismo son señaladas por sus críticos como potencialmente restrictivas cuando se trata de memes, parodias, imágenes modificadas o contenidos que utilicen elementos oficiales.
Morena propuso esta semana una ley “anti-memes” para eliminar contenidos que utilicen IA para distorsionar la realidad.
Y al mismo tiempo utilizan IA para distorsionar esta imagen que desplegó nuestra bancada.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido que la regulación de las redes sociales y de la inteligencia artificial es una discusión pendiente y que existen límites difíciles de definir. En una conferencia del 14 de septiembre, señaló que, particularmente en materia de IA, su propuesta contemplaba que durante las campañas políticas se identificara claramente cuando un contenido utilizara inteligencia artificial.
El gobierno también ha impulsado medidas para enfrentar usos indebidos de la IA. En abril, la Secretaría de Cultura informó sobre una reforma para proteger la voz, imagen y trabajo de artistas e intérpretes frente al uso indebido de estas tecnologías, pero subrayó que la legislación distingue entre suplantación indebida y usos legítimos como la parodia, la sátira y la imitación creativa.
El problema, por tanto, no está solamente en si el Estado debe combatir la manipulación digital, la suplantación o el uso ilegal de contenidos. La discusión de fondo es qué tan precisas serán las excepciones para la crítica política y qué ocurrirá con caricaturas, memes, montajes y parodias que utilizan elementos de gobiernos, funcionarios o instituciones para cuestionarlos. Mientras las iniciativas siguen su curso legislativo, periodistas y caricaturistas advierten que una legislación demasiado amplia podría terminar convirtiendo una herramienta para combatir abusos digitales en un mecanismo con efectos sobre la crítica al poder.
