El Senado aprobó con cambios la reforma para extender hasta 2028 la permanencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. Con 87 votos a favor y 40 en contra, las y los senadores aprobaron con modificaciones el documento que envió la Cámara de Diputados en semanas previas.

Los senadores agregaron mecanismos con los que aseguraron buscan la rendición de cuentas, evaluación y supervisión de lo que hagan los militares en seguridad pública, e incluyeron los criterios que fija la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el presidente pueda disponer de las fuerzas armadas: que sea de forma extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada, y complementaria a los cuerpos policiales. Los militares también deberán capacitarse en doctrina civil.

«En ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades», señala el documento.

Entre las modificaciones, destaca la creación de un fondo de recursos para fortalecer a las policías municipales y estatales, cuyo aumento debe ir a la par de lo destinado a fuerzas armadas y la Guardia Nacional.

El gobierno federal deberá presentar ante los legisladores un informe semestral de las acciones realizadas en seguridad pública. Habrá una comisión conformada por legisladores de las dos cámaras que podrá emitir recomendaciones al Poder Ejecutivo sobre esas tareas y puede convocar a rendir informes a los titulares de Marina, Defensa Nacional, Seguridad Pública y Gobernación.

Casi al final, a propuesta de Ricardo Monreal, se determinó que será el Consejo Nacional de Seguridad Pública el que determinará el grado de avance en el diagnóstico y los programas en materia de Guardia Nacional, en lugar del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Nacional.

Dividen a oposición y logran mayoría

Morena y los partidos que impulsaban la aprobación del documento necesitaban al menos 85 votos y obtuvieron 87 para lograr la mayoría calificada de dos terceras partes. Los votos provinieron de legisladores de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo; pero también de legisladores del llamado bloque opositor.

La bancada del PRI se dividió, la mayoría votó a favor de la iniciativa. Priistas como Jorge Carlos Ramírez Marín votaron a favor de la propuesta. El extitular de Desarrollo Territorial en el gobierno de Enrique Peña Nieto reconoció que durante cinco sexenios la presencia del Ejército no ha sido la solución contra la inseguridad, pero se escudó en que ahora con los cambios aprobados los militares deberán rendir cuentas ante el Congreso.

Las priistas Beatriz Paredes, Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Masieu se mantuvieron en contra.

Los perredistas también se dividieron y a favor votaron el exjefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera y Antonio García Conejo, quien buscó la gubernatura de Michoacán en 2021 y es hermano del exgobernador de ese estado Silvano Aureoles.

Casi al final de la discusión, la senadora de Morena Malú Micher quiso que la propuesta aprobada incluyera una perspectiva de género en su aplicación.

“Lamento, por estar tan atenta a otros temas, y estar estudiando, creo que se nos barrió un tema muy importante, que ha sido la incorporación de la visión de género. Se nos pasó sin querer esta observación”.

Sin embargo, sólo ella levantó la mano para votar a favor de agregarlo al dictamen.

Por la tarde de este martes, el secretario de Gobernación Adán Augusto López compareció ante el Pleno como parte del análisis del Informe de Gobierno. El político dijo que si se aprobaba el dictamen sobre los militares en seguridad pública, Segob suspendería la consulta anunciada al respecto.

La iniciativa aprobada había sido retirada del Pleno dos semanas atrás, el 21 de septiembre, para evitar su votación porque Morena no contaba con los votos suficientes.

La aprobación de este miércoles confirmó también el fin del breve “paro constitucional” que difundieron los presidentes del PRI, PAN y PRD en junio pasado, de no aprobar ninguna iniciativa que busque modificar la Constitución.

¿Qué sigue?

La Cámara de Diputados, como cámara de origen, debe discutir sólo los cambios incorporados por el Senado sin alterar lo aprobado. Si los llegara a aprobar remitirá todo el proyecto al Ejecutivo para su publicación; pero si los rechaza, los devuelve al Senado que, en una segunda revisión, podrá desechar sus propios cambios y mandarlo al Ejecutivo o insistir al siguiente periodo de sesiones.

Otra opción es que las dos Cámaras acuerden que se expida el documento con los artículos aprobados en concordancia y que se reserven las modificaciones que no comparte para votarlos en otras sesiones.

Aquí puedes consultar el documento:

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