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¿Sed de justicia? México registra más de mil 600 linchamientos desde 2016

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Expertos consideran que los linchamientos son una respuesta ante la crisis de autoridad y la pérdida de confianza en los sistemas de justicia.

La muerte de Camila, una niña de ocho años, desató una ola de indignación en Taxco de Alarcón, Guerrero, culminando en el linchamiento de tres personas presuntamente involucradas en su asesinato. Ana Rosa «N», señalada como responsable, fue brutalmente golpeada por una multitud que la extrajo de su hogar, resultando en su muerte.

Este trágico evento pone de relieve un problema creciente en México: el aumento de linchamientos.

Estudios del Instituto Belisario Domínguez del Senado y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco indican que, desde 1992 hasta 2022, ha habido un promedio de 3.5 linchamientos o intentos de estos cada mes. En el periodo de 2016 a 2022, se registraron mil 423 casos de linchamientos y 196 intentos.

Los expertos consideran que estos actos son una respuesta punitiva no legal ante la crisis de autoridad y la pérdida de confianza en los sistemas de procuración y administración de justicia.

Los linchamientos, aunque prohibidos por la Constitución, continúan ocurriendo, lo que refleja una crisis en la impartición de justicia y una vulneración de los derechos de los acusados.

Aunque hay ya una definición clara del linchamiento, los académicos distinguen algunos elementos que facilitan la observación empírica, como el hecho consumado y la tentativa infructuosa de «provocar la muerte«.

Otro rasgo fundamental es el carácter generalmente anónimo de los participantes en el acto con una función punitiva; anonimato de la acción, condicionado por su duración y esta a su vez por el grado de violencia ejercida.

Las cifras muestran que los estados con más casos son el Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala, con motivaciones que van desde el robo hasta la violación.

La senadora Josefina Vázquez Mota propuso en 2022 una iniciativa para tipificar los linchamientos en el Código Penal Federal, en respuesta al hartazgo ciudadano y la desconfianza en las instituciones de seguridad.

Recientemente, el Senado aprobó una reforma para mejorar los protocolos de actuación de los primeros respondientes, buscando fortalecer la respuesta inmediata a delitos y preservar la evidencia.

Este cambio legislativo es un paso hacia la restauración de la confianza en la justicia penal y la prevención de la justicia por mano propia.

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Fuente: Grupo Es Noticia

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¡Operativo Policíaco arroja la detención de peligrosos delincuentes!

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Martínez de la Torre Ver

Muchos martinenses fueron sorprendidos por una movilización de corporaciones del orden federal y estatal por varios puntos del municipio, incluso se señaló la presencia de helicópteros que sobrevolaron algunas colonias.

Por lo que se comenta que, derivado de estas acciones se desarticuló una celula de distribución de enervantes en la que se señala podrían estar involucrados menores de edad.

Estas acciones están coordinadas dentro del Programa de Acción de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la cual busca alejar de las calles las drogas, especialmente alejarlas de los jóvenes, quienes son frecuentemente utilizados para la venta o enganchados como consumidores, siendo un principal blanco de este programa, el fentanilo.

Se presume que en este operativo fueron detenidos jóvenes, quienes son utilizados para diversas actividades, por lo que ahora tendrán una oportunidad para rehabilitarse; estas acciones buscan generar una sociedad sana y segura, especialmente para los jóvenes.

Se especula que a los detenidos los venían investigando las autoridades, derivado de señalamientos de vecinos de estos, quienes los relacionaban con temas como robos y distribución de diversos estupefacientes.

Com estos operativos se busca mantener el orden y la tranquilidad en las colonias del municipio, para lo que es importante denunciar ante las autoridades cualquier actividad ilícita.

Fuente: Grupo Es Noticia

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García Luna y su esposa son sentenciados en Miami a pagar multa millonaria

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Una corte civil de Miami dictó una sentencia histórica contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Cristina Pereyra, quienes deberán pagar un total de 2 mil 488 millones de dólares por su participación en un esquema de corrupción relacionado con contrataciones ilegales durante el tiempo en que García Luna estuvo al frente de la seguridad nacional.

El fallo, emitido por la jueza Lisa Walsh, señala que el exfuncionario deberá pagar 748 millones de dólares, mientras que su esposa tendrá que restituir mil 740 millones.

La sentencia fue resultado de una demanda presentada por el gobierno de México a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que solicitó una resolución sin necesidad de juicio, luego de que los acusados no comparecieran ni enviaran representantes legales para defenderse del proceso iniciado en 2021.

Según el tribunal, esta falta de respuesta implica que admitieron los hechos y aceptaron el alivio solicitado por el demandante.

De acuerdo con la UIF, el esquema de corrupción permitió que el conglomerado empresarial de la familia Weinberg, de origen israelí, obtuviera ilegalmente 30 contratos con instituciones de seguridad pública mexicanas, transfiriendo más de 634 millones de dólares a paraísos fiscales y posteriormente a Florida. Los fondos se utilizaron para adquirir propiedades y otros bienes en Estados Unidos, encubriendo el origen ilícito de los recursos.

La demanda civil presentada en septiembre de 2021 permitió asegurar 19 propiedades vinculadas a García Luna y sus socios. Los abogados señalaron que, entre 2012 y 2018, el exfuncionario y su red recibieron al menos 580 millones de dólares por contratos ilegales, de los cuales 250 millones fueron transferidos específicamente al condado de Miami-Dade.

La jueza había dado hasta el 28 de abril de 2025 para alcanzar un acuerdo o proceder con el juicio, advirtiendo que de no hacerlo, la demanda sería desechada.

La UIF también reclamó 28 inmuebles en Florida, aunque 18 ya habían sido vendidos, 12 antes del litigio y seis durante el proceso. Otros involucrados en el esquema aceptaron llegar a acuerdos reparatorios, como José Francisco Niembro González, exfuncionario durante la gestión de García Luna, y su esposa, quienes pagaron 330 mil dólares.

Por su parte, los empresarios Samuel y Alexis Weinberg siguen en negociaciones con el gobierno mexicano.

Este caso civil es independiente del proceso penal que concluyó en octubre de 2024 en una corte de Nueva York, donde García Luna fue condenado a 38 años y ocho meses de prisión por proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios.

En ese juicio, el juez Brian Cogan también le impuso una sanción económica de 2 millones de dólares. Actualmente, García Luna cumple su condena en una penitenciaría del condado de Lee, en Virginia.

Fuente: Grupo Es Noticia

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Fernández Noroña culpa a la derecha el asesinato de dos colaboradores de Clara Brugada, y redes responden: “El enemigo es la impunidad”

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Las declaraciones del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, tras el asesinato de dos colaboradores de Clara Brugada, provocaron una fuerte ola de críticas y reacciones en redes sociales. El legislador atribuyó el ataque —en el que murieron Ximena Guzmán Cuevas, secretaria particular de la jefa de Gobierno, y José Muñoz, asesor en seguridad— a “una campaña de agresión promovida por la derecha”.

Sin embargo, usuarios en plataformas como X (antes Twitter) cuestionaron la postura del senador, al considerar que politizar un crimen de tal magnitud es irresponsable. “No es la derecha, es la impunidad”, fue una de las respuestas más compartidas. Otros señalaron que este tipo de declaraciones evaden la responsabilidad del propio gobierno ante la creciente violencia en el país.

Diversos perfiles de abogados, periodistas y académicos reprocharon el uso de términos como “campaña de agresión” sin pruebas contundentes. “Reducir un ataque armado a una narrativa electoral solo profundiza la división”, escribió un analista político.

Youtube

También se hicieron comparaciones con otros casos recientes, como el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva. “Cuando fue lo de Ciro dijeron que era autoatentado. ¿Ahora sí es político?”, cuestionó un usuario con más de 40 mil seguidores.

Si bien algunos defendieron a Fernández Noroña argumentando que sí existe un clima de polarización, incluso ellos pidieron moderación. “El país necesita verdad, no teorías de complot”, comentó un profesor universitario.

El ataque ocurrió el 20 de mayo por la mañana, en Calzada de Tlalpan, colonia Moderna, y hasta ahora no hay detenidos. La ciudadanía exige una investigación sin tintes partidistas, centrada en la justicia y la seguridad pública.

Fuente: Grupo Es Noticia

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