La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reservó por cinco años datos clave de su parque vehicular, la medida incluye modelo, costo y fecha de adquisiciónde151 unidades oficiales.
La decisión surgió tras una solicitud presentada en enero, el interés creció cuando se difundió la compra de camionetas blindadas para ministros. Aun así, el Comité de Transparencia negó el acceso a los detalles.
La Corte solo informó que cuenta con 151 vehículos en operación. También señaló que algunas unidades tienen características especiales y están bajo resguardo de áreas de seguridad.
Argumenta riesgos a la seguridad de funcionarios
El Comité de Transparencia defendió la reserva con base en la Ley General de Transparencia. Afirmó que divulgar estos datos permitiría identificar patrones operativos y esquemas de protección. También advirtió que la información revelaría niveles de riesgo en traslados, por ello, la Corte decidió priorizar la seguridad de los funcionarios.
La solicitud incluyó conocer qué ministros han usado estos vehículos desde 1994. Sin embargo, la SCJN rechazó entregar esos datos por motivos de seguridad. Algunos nombres ya son públicos, como Alberto Pérez Dayán y Margarita Ríos Farjat. A pesar de ello, el Comité consideró que más detalles aumentarían riesgos.
La Corte informó que no conserva registros previos a 2015. Sobre el periodo de 2016 a 2025, indicó que no puede dar información sin afectar estrategias de seguridad.
El tema tomó fuerza tras la compra de nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee, estas unidades buscan reforzar la protección de los ministros.
Aunque se conoce que cada vehículo costó entre uno y cuatro millones de pesos, la Corte reservó esos datos. La decisión generó críticas porque parte de la información ya era pública. El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, explicó que la compra respondió a fallas en la flotilla anterior. Según dijo, las unidades no cumplían con estándares de seguridad.
El caso reabre el debate entre transparencia y seguridad. Mientras la ley exige acceso a la información, las autoridades buscan proteger a sus funcionarios.
