Todo ocurrió en el DIF, al menos en la Ciudad de México. Ya lo dice el refrán: «ladrón que roba a ladrón». Para que hacer una solicitud de empleo si puedes sobornar para adquirir una plaza. Pero tras ver que su intención ilícita falló, irónicamente recurren a la justicia. «Disculpe señor policía, yo compré algo ilegal y no me lo dieron: dígale al ratero al que yo contraté que respete la ley». Esta gente quería una plaza comprada, pero no contaban con que otros serían más astutos.
De forma poética así inicia el reportaje de CRONICA. En donde revelan una red de corrupción dedicada a la comercialización ilegal de puestos de trabajo defraudó a por lo menos 200 personas, acumulando un desfalco estimado entre 7 y 8 millones de pesos.
Las investigaciones documentadas revelan un esquema sistemático operado al interior del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde los implicados exigían montos que oscilaban entre los 40 mil y 60 mil pesos por cada nombramiento falso. Sí, falso. Así que el hecho de querer comprar algo falso con la intención de quitarle el lugar a quien aspira limpiamente, le quita el derecho a esa persona de ser considerada una víctima total.
Las familias que intentaban cometer el ilícito de comprar una plaza, no contaban con que no eran los únicos corruptos. Así que ingenuamente creían ser los únicos y recurrieron a la venta de sus pequeños negocios y a pedir préstamos con intereses elevados para cubrir los pagos exigidos. Si todo ese dinero y empeño lo hubiesen enfocado a sus negocios legítimos, otra historia sería.
Foto del presunto nombramiento ilegal. FUENTE: CRONICA
Operación interna y complicidad institucional
Fraude sobre fraude. Claro, no entregaron la plaza que prometían, pero no puedo llamar «fraude» a algo que literalmente ofrecía algo ilegal como lo es la venta de plaza. El esquema operaba mediante el uso indebido de instalaciones gubernamentales y documentación oficial membretada con los logotipos institucionales. Los involucrados organizaban cursos de inducción simulados y entregaban nombramientos apócrifos para mantener la ilusión de un proceso de contratación legítimo.
Como rostro visible de la red, los testimonios identificaron a José Manuel Valdez González, exdirector de diversos Centros de Desarrollo Comunitario, quien utilizaba su posición sindical para enganchar a las víctimas bajo la promesa de obtener seguridad laboral.
La red se aprovechaba de la ingenuidad de los corruptos principiantes. Quienes creyendo estar «burlando la ley» eran a su vez enganañados durante meses o incluso años bajo el argumento de que las plazas correspondían a vacantes generadas por la pandemia.
Impacto social y exigencia de justicia
Siempre hay uno más listo. Así que piensa bien antes de que querer saltarte las normas, porque seguro otra persona lo hará contigo y de mejor manera. Las consecuencias económicas para los que querían pasarse de listos resultaron devastadoras, ya que muchos conservan deudas impagables tras haber liquidado sus fuentes de ingreso primarias. Parece que hasta la vida de corrupción exige estabilidad económica.
Es entendible que los afectados tengan temor de acudir ante las autoridades por el estigma de haber participado en un proceso irregular. Esperemos que así como piden justicia para quienes los engañaron, acepten su responsabilidad si es que la justicia se llega aplicar para ellos también.
