En un documento publicado en las redes oficiales del partido oficialista, firmado por el presidente Alfonso Ramírez Cuéllar, se especifica que “el INEGI debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas”. La razón, aseguran, es que la información por Deciles es buena. Es decir, con la que se mide la pobreza. Ahora, lo que se busca es encontrar a esos “miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada”.
Además, con esta propuesta de Morena enmarcada en el Bienestar Social y la Lucha contra la Desigualdad se pretende que el INEGI tenga acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y a toda la información financiera y bursátil de las personas.
En este sentido, en el gran Acuerdo se buscaría aplicar el concepto de progresividad fiscal a todos los contribuyentes. Es decir: a medida que su riqueza aumente, el contribuyente será susceptible de pagar más impuestos.
“La Progresividad Fiscal debe ser la base sobre la cual todos los mexicanos debemos contribuir a los gastos del estado y al financiamiento del Estado del Bienestar”, indica.
En el acuerdo, que busca modificar la Constitución, se pide dotar de mayor fortaleza y facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). “La concentración y el poder que tienen las empresas en una gran cantidad de mercados que producen y distribuyen los bienes y servicios que son básicos para la población se ha convertido en una de las fuentes más importantes de la desigualdad social y económica entre las regiones y los diversos segmentos de la sociedad mexicana”, cita el documento.
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