El caso de los 59 millones de litros de presunto combustible ilegal asegurados en San José Iturbide, Guanajuato, pasó en pocos días de ser presentado públicamente como un importante golpe contra el huachicol fiscal a una investigación cuyo resultado todavía está por determinarse.
La propia Fiscalía General de la República (FGR) reconoció en su comunicado del 19 de septiembre que el cateo se realizó a partir de “indicios que arrojaron la posible existencia de irregularidades” y que aún se encuentra reuniendo información para establecer la legalidad del hidrocarburo. La precisión resulta relevante porque el primer comunicado de la FGR, difundido el 17 de septiembre, informó del hallazgo de más de 59 millones de litros y señaló que no se había acreditado su origen.
En aquel momento la comunicación oficial colocó el operativo dentro de una investigación contra redes vinculadas con el contrabando de combustible, mientras que el nuevo comunicado deja claro que todavía deben realizarse diligencias para determinar la propiedad, procedencia, manejo y destino de la totalidad del producto.
La propia Fiscalía admite ahora que está recabando documentos, analizando información y entrevistando a directivos de empresas relacionadas para verificar la trazabilidad financiera y fiscal del combustible. Es decir, hasta este momento no existe una determinación pública de la FGR que establezca que los 59 millones de litros sean ilícitos. Lo que existe es una investigación para determinar si se configuraron delitos previstos en la legislación sobre hidrocarburos o en el Código Fiscal de la Federación.
A esto se suma otro elemento que modifica la lectura inicial del operativo. Gas Natural del Noroeste, filial de Grupo SIMSA, rechazó que la terminal opere fuera de la ley y sostuvo que cuenta con un permiso federal de almacenamiento de petrolíferos con vigencia de 30 años, además de autorizaciones ambientales y de seguridad. La empresa afirma que el combustible almacenado pertenece a sus clientes, no a la propia terminal, y que éstos deben acreditar la propiedad y procedencia de sus productos.
También resulta significativo que la autoridad haya recurrido a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para continuar el expediente debido a la complejidad del caso. La FGR sostiene que busca esclarecer posibles delitos y verificar la trazabilidad de los hidrocarburos; la empresa, por su parte, sostiene que su operación es “completamente lícita y verificable” y espera que la revisión de sus documentos confirme esa posición.
Así, el dato que permanece firme es el aseguramiento de alrededor de 59 millones de litros, pero no la conclusión de que todo ese volumen constituya huachicol fiscal como lo adelantó la propia autoridad en su versión inicial del 17 de septiembre.
Las indagatorias para combatir a redes delictivas vinculadas al contrabando de combustible llevaron a la #FGR a cumplimentar diversas órdenes de cateo que derivaron en el hallazgo de más de 59 millones de litros de hidrocarburo en #Guanajuato, de los cuales no se ha acreditado su… pic.twitter.com/e2RMuQmvjH
La principal inconsistencia en la comunicación pública está precisamente en la distancia entre presentar inicialmente el caso como un gran golpe al contrabando de combustible y reconocer posteriormente que todavía se debe comprobar el origen, propiedad y destino legal del hidrocarburo. Esa diferencia será determinante para establecer qué ocurrió realmente en la terminal de San José Iturbide.
