La Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), por el incendio en el centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas indocumentadas.
Hace unos días se confirmó que la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, iniciaría un proceso penal contra el comisionado del INM por su presunta responsabilidad en actividades delictivas. Entre las acusaciones en su contra figura el incumplimiento de sus obligaciones de vigilar, proteger y garantizar la seguridad de las personas e instalaciones a su cargo, propiciando delitos cometidos contra migrantes.
La audiencia inicial tendrá lugar el 21 de abril en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. A través de un comunicado, la FGR detalló que en dicha audiencia presentará la imputación contra Francisco Garduño y las evidencias obtenidas.
De no presentarse, la FGR podría solicitar una orden de aprehensión en su contra.
Por su parte, un juez otorgó a la Fiscalía más órdenes de aprehensión contra funcionarios del Instituto Nacional de Migración por su vinculación directa con la muerte de los migrantes que se encontraban dentro de la estación migratoria al momento del incendio, ocurrido la noche del 27 de marzo.
Hace unos días, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que seis de los 40 indocumentados fallecidos en el incendio llegaron a México desde Honduras, siete de El Salvador, 18 de Guatemala, uno de Colombia y siete de Venezuela. Sin embargo, no brindó mayor información sobre la última víctima mortal.
A través de un comunicado, difundido el pasado 28 de marzo, el gobierno de El Salvador manifestó su “más enérgica condena” por la actuación de las instancias encargadas del centro de detención para migrantes “durante el incendio que dejó decenas de fallecidos de distintas nacionalidades, entre ellos varios salvadoreños”. Asimismo, ha calificado al incidente como un “crimen de Estado” por el que pide la remoción de los titulares de la política migratoria de México.
Fuente: Agencias