La guerra contra los perredistas continúa y cuando no los desaparecen, los encarcelan o los matan. Los ejemplos se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional y todas las averiguaciones y las sospechas se encaminan a autoridades locales, estatales o federales, como si quisieran alejar de la competencia electoral a contrincantes con la solidez suficiente como para hacer tambalear al poder establecido.

Los ejemplos de agresiones hacia perredistas se sitúan precisamente en los bastiones donde este partido tiene todas las posibilidades de triunfar en las urnas. El PRD fue de los pocos partidos de oposición que miraron hacia adentro de su organización para reconstruir todo lo que se había dañado en las elecciones de 2018, resurgieron con el empuje de los jóvenes que quisieron dar la batalla. Situación que ningún partido de oposición realizó, y su reacción para el fortalecimiento no fue inmediata; sin embargo, el PRD, sobre todo en Veracruz, comenzó a trabajar adentro de su organización y con la sociedad.

Esta fuerza se vio reflejada en su participación en la vida política del país, es por ello por lo que desde el poder ven a los candidatos perredistas como un verdadero peligro para abollarle la corona a Morena, pero como no pueden competir, y menos ganar por las buenas, utilizan la fuerza del estado y del gobierno para evitar la competencia de los candidatos fuertes del PRD.

Y cada día hay un lamentable ejemplo de este tipo de represión que convierte a los líderes y militantes del PRD en víctimas de la represión de un régimen que día con día se asemeja más a la dictadura.

Gregorio Gómez Martínez, candidato del PRD desde el 28 de marzo a la alcaldía de Tihuatlán, fue detenido por elementos de la Fuerza Civil, que nunca se identificaron, fue puesto a disposición de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del Álamo.

La diputada federal por el sol Azteca, Azucena Rodríguez Zamora, confirmó la detención del exalcalde de Tihuatlán, durante una protesta que realizaban militantes del PRD en las afueras de la Secretaría de Gobernación, para exigir la liberación de Rogelio Franco Castán, detenido hace unas semanas por el gobierno estatal.

El líder estatal del partido del Sol Azteca en Veracruz, Sergio Cadena Martínez, aseguró que fue sustraído de manera ilícita de su negocio, porque existen videos que lo comprueban.

Sergio Cadena responsabilizó al gobierno de Veracruz, que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, de lo que le pueda suceder al candidato a la alcaldía de Tihuatlán. Solicitó el respaldo del líder nacional Jesús Zambrano para implementar acciones en el estado que permitan una contienda justa, ante la oleada de ataques contra los militantes del Sol Azteca.

Zita Loya, esposa de Gregorio Gómez, informó que alrededor de las 11 de la noche fueron notificados que su esposo estaba internado en la cárcel de Álamo, pero en ningún momento la policía dijo los motivos de su detención.

María Zita Loya Argumedo, formuló una demanda de amparo indirecto “y para tal efecto doy cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 108 de la ley de amparo…”, el documento fue recibido a las 20:05 del 7 de abril, por el secretario de Guardia del Juzgado Séptimo del Segundo Distrito en el Estado de Veracruz, Erik Morales Salvatierra. Sin este amparo hubiera sido imposible ubicarlo en Álamo.

Después de 13 horas de haber sido privado de la libertad por policías, el empresario Gregorio Gómez Martínez fue localizado en la prisión del Álamo, muy lesionado. Gregorio Gómez fue objeto de desaparición forzada, lo mantuvieron incomunicado, le dieron un trato cruel, inhumano y degradante e incluso muestra huellas de haber sido torturado, por lo que se le considera un preso de conciencia, un preso político. La tortura está prohibida por el derecho internacional y no puede justificarse.

En el caso de la detención de Gregorio Gómez se armó un montaje para fabricarle delitos. La responsabilidad penal no está clara y las autoridades delatan que hubo siembra de balas y casquillos y lo acusan de participar en un operativo en la comunidad La Concepción, del municipio de Álamo por portar un arma de fuego y vehículo robado. Lo mantuvieron incomunicado, como hace años se hacía con los presos políticos, y el GPS de su teléfono registra cómo la policía lo estuvo trasladando durante varias horas por zonas del Álamo, en lugar de ponerlo a disposición de un juez. Ahí realizarían un montaje para incriminarlo en la comisión de delitos del fuero común y ponerlo a disposición de la Fiscalía.

Además, bajo tortura lo hicieron disparar un arma de fuego para que sus manos registren residuos de pólvora y mediante una prueba química fortalezcan su historia de que estuvo en contacto con un arma o que realizó disparos.

Testigos aseguran la forma en que los policías sacaron a Goyo Gómez de su negocio, en Plan de Ayala, Tihuatlán. Cuando fue subido a una camioneta cuyas placas quedaron grabadas en las cámaras del exterior, motivo por el cual los policías arrancaron los registros de las grabaciones de las paredes. Desde ese momento policías sitian el negocio e incluso dispararon al aire para para amedrentar a vecinos que atestiguaban el hecho.

Ante la privación de la libertad de “Goyo” Gómez, miles de personas organizaron bloqueos en salidas de Poza Rica, Tihuatlán y el acceso principal al puerto de Tuxpan. La defensa del empresario acusó que se han violado los derechos que le asisten a toda persona detenida, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

De acuerdo con el testimonio de trabajadores, vivieron momentos de terror luego de que policías irrumpieran también en las bodegas y comentaron que podrían estar sembrando pruebas contra el empresario; a estos les quitaron teléfonos, los arrojaron al piso, les apuntaron con armas largas y arrancaron el módem de las cámaras cuyas grabaciones sabían que podían ser utilizadas como pruebas.

Por su parte, la dirigencia nacional del PRD presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la detención de Rogelio Franco Castán, candidato de ese partido por una diputación federal por Veracruz.

Antonio Ortega Martínez, diputado federal perredista presentó, junto con otros dirigentes nacionales de ese partido la queja correspondiente a las instalaciones de dicha Comisión por tratarse de una persecución política del gobernador Cuitláhuac García.

Pero éstas no es las únicas agresiones contra los perredistas, el 15 de agosto de 2018, la diputada federal electa por el PRD Azucena Rodríguez Zamora fue secuestrada por un grupo armado cuando viajaba por una carretera de Hidalgo, en la autopista México-Tuxpan Los secuestradores dispararon al auto hasta que provocaron su volcadura.

Según la consultora Etellekt, en el proceso fueron asesinados 152 políticos, entre ellos 48 candidatos o precandidatos. Además, se registraron más de 460 agresiones y amenazas diversas.

Se trata de crímenes de la delincuencia autorizada, de autoridades que obedecen ciegamente órdenes sin reparar que se violan las leyes, la integridad de las familias mexicanas y la libertad que tanto hemos esperado por años. PEGA Y CORRE. – Sin calidad moral ni figura legal, y menos aún con consenso social, la Coparmex desplegará a 300de sus socios comoobservadores electorales en la jornada electoral del 6 de junio en la Ciudad de México, informó el presidente del organismo en la capital, Armando Zúñiga Salinas. Se trata de una violación más a los derechos electorales de los mexicanos, por decir lo menos… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

Por Ángel Álvaro Peña
angelalvarop@hotmail.com

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Fuente: Es Noticia Veracruz