La Oficina de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) indicó este martes que siguen apareciendo noticias inquietantes sobre fosas comunes en los alrededores de dos hospitales de Gaza donde el Ejército israelí llevó a cabo intensas operaciones, lo que suscita una renovada preocupación por la comisión de posibles crímenes de guerra.
“Entre los fallecidos había presuntamente personas mayores, mujeres y heridos, mientras que otros (cuerpos) fueron encontrados atados de manos (…) atados y despojados de sus ropas”, declaró Ravina Shamdasani, portavoz de esa Oficina.
Añadió que cientos de cadáveres fueron “enterrados profundamente en el suelo y cubiertos de residuos”, según se descubrió durante el fin de semana. Las víctimas estaban enterradas en el Hospital Nasser de Jan Yunis, en el centro de Gaza, y en el Hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja.
Hasta el momento, solo en el Hospital Nasser se han recuperado 283 cadáveres, 42 de los cuales han sido ya identificados, mientras en el de Al-Shifa se han recuperado 30, de los que se han identificado 12.
Este último gran complejo sanitario era el principal centro de salud del enclave antes de que estallara la guerra el 7 de octubre y fue el foco de una incursión militar israelí presuntamente para erradicar a los militantes de Hamás, que supuestamente operaban en su interior.
La operación finalizó a principios de este mes y tras dos semanas de intensos enfrentamientos, el personal humanitario de la ONU confirmó el 5 de abril que Al-Shifa era “un cascarón vacío”, con la mayor parte del equipamiento reducido a cenizas.
“Según los informes que llegan, se hallaron 30 cadáveres palestinos enterrados en dos fosas en el patio del hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza: una frente al edificio de urgencias y las otras frente al edificio de diálisis”, declaró Shamdasani a los periodistas en Ginebra.
“Hay denuncias de que las manos de algunos de estos cadáveres también estaban atadas“, dijo Shamdasani, añadiendo que podría haber “muchas más” víctimas, “a pesar de la afirmación de las Fuerzas de Defensa israelíes de haber matado a 200 palestinos durante la operación en el complejo médico de Al-Shifa”.
200 días de horror
Unos 200 días después de que comenzaran los intensos bombardeos israelíes en respuesta a los ataques dirigidos por Hamás en el sur de Israel, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó en un comunicado su horror ante la destrucción de los hospitales Nasser y Al-Shifa y el hallazgo de esas fosas comunes.
“El asesinato intencionado de civiles, detenidos y otras personas que se encuentran fuera de combate es un crimen de guerra“, afirmó Volker Türk, en un llamamiento para que se lleven a cabo investigaciones independientes sobre las muertes.
Número creciente de víctimas
Hasta el 22 de abril, más de 34.000 palestinos habían muerto en Gaza, entre ellos 14.685 niños y 9670 mujeres, según la Oficina del Alto Comisionado, citando a las autoridades sanitarias del enclave. Otros 77.084 han resultado heridos y se supone que hay más de 7000 bajo los escombros.
“Cada 10 minutos muere o resulta herido un niño. Están protegidos por las leyes de la guerra y, sin embargo, son los que están pagando desproporcionadamente el precio más alto en esta guerra”, dijo Türk.
Obligación internacional de proteger Rafah
El responsable de velar por los derechos humanos en el mundo también reiteró su advertencia contra una incursión israelí a gran escala en Rafah, donde se calcula que 1,2 millones de gazatíes “han sido acorralados por la fuerza”.
“Los líderes del mundo están unidos en el imperativo de proteger a la población civil atrapada en Rafah”, afirmó el Alto Comisionado, que también condenó los ataques israelíes contra Rafah de los últimos días, en los que murieron principalmente mujeres y niños.
Entre ellos, un ataque contra un edificio de apartamentos en la zona de Tal Al Sultan el 19 de abril en el que murieron nueve palestinos “incluidos seis niños y dos mujeres”, junto con un ataque contra el campamento de As Shabora en Rafah un día después que, según las noticias procedentes de la región, dejó cuatro muertos, entre ellos una niña y una mujer embarazada.
“Las últimas imágenes de una niña prematura sacada del vientre de su madre moribunda y de las dos casas adyacentes en las que murieron 15 niños y cinco mujeres van más allá de lo que es una guerra“, declaró Türk.
El Alto Comisionado deploró el “indecible sufrimiento” causado por meses de guerra e hizo un nuevo llamamiento para que “se ponga fin a la miseria y la destrucción resultantes, al hambre y las enfermedades, y al riesgo de un conflicto más amplio”.
Türk también reiteró su llamamiento a un alto el fuego inmediato, a la liberación de todos los rehenes que quedan en manos de Israel y de los que se encuentran detenidos arbitrariamente, y al flujo sin restricciones de ayuda humanitaria.
Ataques masivos de colonos en Cisjordania
Refiriéndose a Cisjordania, el responsable de derechos humanos de la ONU afirmó que las graves violaciones de derechos humanos continuaban “sin disminuir” en Cisjordania.
Y ello a pesar de la condena internacional de los “ataques masivos de colonos” judíos perpetrados entre el 12 y el 14 de abril “con el apoyo de las Fuerzas de Defensa de Israel”.
La violencia de los colonos se ha organizado “con el apoyo, la protección y la participación de las Fuerzas de Defensa de Israel”, insistió Türk, antes de describir una operación de 50 horas en el campo de refugiados de Nur Shams y en la ciudad de Tulkarem, que comenzó el 18 de abril.
“Las Fuerzas de Defensa de Israel desplegaron tropas terrestres, bulldozers y drones y sellaron el campamento. Catorce palestinos resultaron muertos, tres de ellos niños”, declaró el responsable de derechos humanos de la ONU, señalando que 10 militares judíos habían resultado heridos.
En un comunicado, Türk también destacó los informes de que varios palestinos habían sido asesinados ilegalmente en la operación de Nur Shams “y que las Fuerzas de Defensa de Israel utilizaron a palestinos desarmados para proteger a sus fuerzas de los ataques mientras mataron a otros en lo que parecen ser ejecuciones extrajudiciales”.
Según los informes, decenas de personas fueron detenidas y maltratadas, mientras que el Ejército de Israel “infligió una destrucción sin precedentes y aparentemente gratuita en el campamento y su infraestructura”, denunció el Alto Comisionado.
El Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó que es “imposible” exista un fraude durante el conteo de votos de los comicios presidenciales del 2 junio ante el riesgo de un hackeo o de un apagón.
El consejero Jaime Rivera fue contundente al afirmar que esto es imposible, ya que el programa no tiene efectos jurídicos, ni vinculatorios y su carácter es meramente informativo.
Por su parte, las y los integrantes del COTAPREP informaron que los procesos que se siguen en el PREP son verificados y cotejados varias veces para evitar cualquier tipo de “hackeo” o manipulación. La presencia de múltiples candados de seguridad minimiza el riesgo de una acción que altere la información capturada de las actas de escrutinio y cómputo.
Respecto a las medidas de la autoridad electoral para evitar que posibles cortes en el suministro de energía eléctrica puedan afectar la operatividad del PREP, las consejerías y la encargada de la Secretaría Ejecutiva del INE detallaron que se implementarán otras como la contratación de varias plantas auxiliares de energía eléctrica y el reforzamiento de la coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para prever cualquier tipo de contingencia.
Algunas áreas de oportunidad detectadas a partir del ejercicio general del pasado 5 de mayo, la maestra Sofía Ramírez Aguilar -integrante del COTAPREP- destacó que 12 % de las actascapturadas mediante la aplicación PREP Casilla no se registraron debido a fallas en la calidad de las mismas.
Adicionalmente, que se presentaron problemas en la configuración de un nuevo modelo de escáner y se detectaron fallas en la conectividad en algunas zonas de Tabasco, según información reportada por el propio INE. Con ello, ponderó la importancia de documentar dichas incidencias, a fin de tomar medidas de cara a los simulacros.
Por su parte, el maestro Pablo Corona Fraga, integrante del COTAPREP, enfatizó que “el PREP opera con sistemas redundantes lo que permitirá la continuidad en la recopilación, transmisión y publicación de los datos, lo que garantizará que la información pueda fluir conforme a lo previsto”.
A su vez, la doctora María de Lourdes Martínez Villaseñor y el doctor David Fernando Muñoz Negrón destacaron que una de las claves para el éxito del PREP es el fortalecimiento de la capacitación de las personas que participan en todas las etapas del proceso.
Además, la doctora María de Lourdes Martínez Villaseñor recomendó ampliamente mejorar la usabilidad de tableros de seguimiento y monitoreo de los sistemas del PREP para los simulacros y, por supuesto, para el día de la Jornada. La doctora Patricia Rayón recordó que el uso de la aplicación PREP Casilla y de un dispositivo de captura, permite una iluminación más controlada y, por lo tanto, contar con mejores imágenes.
Finalmente, integrantes del COTAPREP mencionaron que el propio Comité recomendó al INE, en su momento y por unanimidad, la incorporación de la captura automatizada al PREP así fuera en una prueba piloto, considerando que se trata de una tecnología madura. De esa forma, se aprovecharía la experiencia de la incorporación de este tipo de herramientas tecnológicas a los resultados electorales preliminares.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador informó que cerrará sus consulados en México y los ciudadanos tendrán que realizar sus trámites en Guatemala, Houston y Phoenix.
Tras el rompimiento de relaciones diplomáticas por el asalto a la Embajada de México en Quito, la cancillería ecuatoriana cerrará a partir del 16 de mayo tanto en Ciudad de México como en Monterrey.
— Cancillería del Ecuador (@CancilleriaEc) May 11, 2024
Los ciudadanos ecuatorianos, sin importar su situación migratoria, en territorio mexicano o en situación de vulnerabilidad, podrán contactarse a los consulados antes referidos, se detalla en un comunicado.
Un grupo de ocho militares acusados de delincuencia organizada por el caso Ayotzinapa abandonaron la noche del viernes la prisión del Campo Militar 1-A, luego de que una jueza de control les concediera la libertad provisional al considerar que la FGR no presentó pruebas suficientes para mantenerlos bajo arresto.
La titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, Estado de México, Raquel Duarte Cedillo, cambió la medida cautelar de prisión preventiva justificada a la que estaban sometidos desde febrero pasado esos integrantes de las Fuerzas Armadas, por el beneficio de enfrentar su proceso en libertad.
Los nombres de los militares liberados son: Roberto de los Santos Eduviges, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lasos y Juan Sotelo Díaz.
La liberación de los ocho miembros del Ejército Nacional generó de inmediato diversas reacciones, incluyendo críticas tanto de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos como de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Después de pagar una fianza de 100 mil pesos cada uno, el subteniente oficinista y los siete soldados de tropa salieron del penal militar aproximadamente a las 22:00 horas del viernes, según informaron fuentes del gabinete de seguridad.
Con esta medida, solo seis militares presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa permanecen en prisión, entre ellos el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel.
La jueza consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó pruebas suficientes que vincularan a los soldados con el grupo criminal Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los jóvenes ocurrida entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.
Esta es la segunda vez que se modifica la medida cautelar de prisión preventiva justificada para estos militares; los ocho deberán presentarse cada 15 días a firmar el libro de procesados para evitar evadir la justicia, además de que tienen prohibido salir del país.
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