Xalapa. VER.- La inseguridad y las amenazas de la delincuencia organizada ya alcanzaron directamente a trabajadores del sector educativo en Veracruz. Al menos 20 maestros han reportado amenazas, algunas relacionadas con presuntos casos de cobro de piso, en distintas regiones del estado, confirmó el secretario general de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Daniel Covarrubias López.
El dirigente sindical señaló que los casos se han registrado principalmente en zonas serranas, así como en regiones cercanas a Orizaba e Ilamatlán, obligando a activar protocolos de denuncia, resguardo y, en algunos casos, posibles reubicaciones.
Covarrubias precisó que la situación en Ilamatlán también enfrenta complicaciones derivadas de lluvias y derrumbes, mientras que en otras regiones los docentes han reportado amenazas directas presuntamente relacionadas con la exigencia de pagos por parte de grupos delictivos.
#Extorsión El dirigente sindical del @SnteNacional sección 32, Daniel Covarrubias López reconoció que hay maestros en #Veracruz amenazados por «cobro de piso» en la región de las #AltasMontañas y en este año, 20 profesores han pedido su cambio en #Orizaba
Señaló que el sindicato ha exhortado a los trabajadores afectados a presentar las denuncias correspondientes para que puedan acceder a los mecanismos institucionales de protección, aunque aclaró que corresponde a las autoridades determinar el grado de riesgo y las medidas de seguridad que deben implementarse en cada caso.
De acuerdo con Covarrubias, una vez que un docente reporta una amenaza debe activarse un procedimiento que incluye la presentación de una denuncia ante la Fiscalía, la integración del expediente y su entrega a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV). Posteriormente se realizan mesas de trabajo para determinar si el nivel de riesgo amerita medidas especiales o la reubicación del trabajador.
El problema, sin embargo, tiene un impacto mayor que el de los docentes directamente amenazados. El sindicato advirtió que existe también un número considerable de trabajadores en resguardo por conflictos sociales y problemas de inseguridad en distintas comunidades, lo que aumenta la presión sobre escuelas que ya enfrentan carencias de personal.
Mientras se resuelve su situación, algunos docentes permanecen adscritos a supervisiones escolares y fuera de las aulas, en espera de que las autoridades definan su reubicación. El resultado es una nueva dificultad para garantizar la cobertura educativa en comunidades donde la falta de maestros ya era un problema antes de que la violencia comenzara a afectar directamente la operación escolar.
Covarrubias recordó que Veracruz arrastra un déficit histórico de más de 11 mil horas docentes, aunque aseguró que la cifra ha comenzado a disminuir con la llegada de una nueva titular a la Secretaría de Educación de Veracruz. El sindicato prepara una evaluación para identificar cuántas horas continúan sin asignarse y en qué regiones persisten los principales vacíos.
Así, el inicio del ciclo escolar enfrenta un escenario complejo en distintas zonas de Veracruz: maestros amenazados, docentes en resguardo y escuelas con déficit de personal. Para el sindicato, estos factores conforman un frente crítico que ya no puede analizarse únicamente como un problema administrativo o educativo.
La advertencia es especialmente delicada porque evidencia cómo la violencia y la presencia de grupos delictivos comienzan a impactar servicios públicos esenciales. Cuando un maestro debe abandonar una comunidad por amenazas o por presuntas exigencias de cobro de piso, el problema deja de ser únicamente la seguridad de un trabajador y se convierte también en un riesgo para el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación.
El SNTE informó que mantendrá seguimiento a los casos y a los procesos de denuncia, protección y reubicación, mientras persiste la exigencia de que las autoridades garanticen seguridad para los docentes y condiciones suficientes para mantener a los maestros frente a grupo, particularmente en las comunidades rurales y serranas donde la cobertura educativa enfrenta mayores dificultades.
