Alcaldesa Morenista de Tenancingo simuló su secuestro para ocultar desfalco

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejercitó acción penal contra seis personas vinculadas a un esquema de fraude gubernamental en el municipio de Tenancingo. Las autoridades judiciales fijaron la audiencia de imputación formal para el próximo 9 de julio, tras recabar un total de 136 registros telefónicos sospechosos.

De acuerdo con el expediente ministerial, la alcaldesa morenista Nancy Nápoles Pacheco planificó su propio rapto con el objetivo de encubrir un desvío financiero. El desfalco patrimonial comprobado dentro de las arcas del ayuntamiento asciende a una cifra de 40 millones de pesos.

Detalles de la investigación y captura de los implicados en Oaxaca

Por un lado, las indagatorias de los agentes de investigación echaron abajo la versión inicial sobre el crimen violento ocurrido el pasado 31 de mayo. Durante esa noche, la funcionaria originaria de Tenancingo denunció que personas armadas la obligaron a subir a un coche Volkswagen Virtus rojo. Según su declaración, los supuestos captores le ordenaron exigir un rescate millonario tomado directamente de los recursos públicos municipales. No obstante, las videograbaciones del sistema de seguridad urbana demostraron que la presidenta municipal abordó el automóvil de manera voluntaria y tranquila.

Por otra parte, la policía ministerial capturó a tres de los cómplices en el estado de Oaxaca el pasado 11 de junio. Uno de los detenidos confesó ante el Ministerio Público que el esposo de la alcaldesa, José Roberto, coordinó la logística del montaje. Actualmente, tanto el cónyuge como el cuñado de la servidora pública permanecen prófugos de la justicia ordinaria.

Consecuencias legales por corrupción en el municipio de Tenancingo

Por otro lado, la FGJEM notificó formalmente los hallazgos a la Fiscalía de Combate a la Corrupción para auditar el gasto corriente de la alcaldía. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) revisará los contratos públicos emitidos por la administración de Tenancingo durante el presente año. En este sentido, los particulares involucrados en la farsa podrían recibir condenas de hasta 16 años de prisión ordinaria por simular el delito de privación ilegal de la libertad.

Finalmente, las leyes vigentes estipulan que la alcaldesa podría enfrentar hasta 700 jornadas de trabajo comunitario por su condición de empleada estatal. En conclusión, las dependencias de fiscalización mantendrán un monitoreo constante sobre las cuentas públicas locales para deslindar las responsabilidades penales definitivas.

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Fuente: Grupo Es Noticia