Javier Tapia Santoyo, quien durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fungió como tesorero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ha sido señalado por presuntas irregularidades en la asignación de contratos a empresas fantasma.
Posteriormente, en la administración de la Cuarta Transformación, Tapia Santoyo asumió el cargo de secretario de Administración en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde también enfrenta acusaciones por prácticas similares.
Contratos cuestionables en el ISSSTE
Durante su gestión en el ISSSTE, entre 2019 y 2022, Tapia Santoyo presuntamente otorgó recursos públicos destinados a insumos médicos a una red de empresas fantasma. Entre estas destaca Interacción Biomédica, que habría recibido más de 1,613 millones de pesos sin justificación comprobable. Además, se detectaron depósitos en cuentas personales de Tapia y en empresas vinculadas a él, como Human Mobile Systems y Labi Scientific. Estas acciones han levantado sospechas de enriquecimiento ilícito y abuso de funciones.
Irregularidades en el IPN
Al asumir el cargo en el IPN, Tapia Santoyo continuó con prácticas cuestionables. Se le acusa de haber otorgado un contrato plurianual, por un monto superior a 2,500 millones de pesos, a la empresa Servicios Integrales Retimar. Esta compañía ha sido señalada como parte del llamado «cártel de la limpieza» debido a su participación en múltiples contratos en el sector público. Además, se le imputa haber limitado la libre participación de otros proveedores en el proceso de licitación, favoreciendo a una empresa específica.
Reacciones y medidas tomadas
Ante estas acusaciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno solicitó la destitución inmediata de Tapia Santoyo de su cargo en el IPN. Se argumenta que su permanencia podría entorpecer las investigaciones en curso y que existe un riesgo real de que pueda manipular o eliminar pruebas que pudieran resultar contrarias a sus intereses.
Contexto más amplio
Este caso se suma a una serie de denuncias sobre el uso de empresas fantasma en el sector público. Investigaciones previas han revelado que, durante la administración actual, se han otorgado contratos por más de 162 millones de pesos a compañías de este tipo.
Las acusaciones contra Javier Tapia Santoyo ponen de manifiesto la persistencia de prácticas corruptas en la administración pública, independientemente del cambio de gobiernos. Es esencial que las autoridades competentes realicen investigaciones exhaustivas y tomen las medidas necesarias para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.
Fuente: Grupo Es Noticia
