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¡SINALOA, SOMETIDO POR EL CRIMEN ORGANIZADO!

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Aquí lo dije desde el 6 de junio del 2021, cuando resultó electo como gobernador de Sinaloa.

Dije que el de Rubén Rocha Moya era el primer “narco-gobierno” estatal y que el mandatario electo sería el primer “narco-gobernador”.

Dije que Rocha Moya “ganó” en medio de una clara “narco-elección”, en donde la misma noche en la que Rocha se declaró ganador, el derrotado candidato del PRI aceptó el resultado, pero exigió dejar en libertad a un millar de operadores políticos, funcionarios de casilla y militantes que fueron secuestrados durante el proceso electoral.

En otras palabras, desde aquel 6 de junio del 2021, todos sabían que grupos criminales –como el de sinaloense–, habían incursionado de manera exitosa en la política y en los procesos electorales, hasta imponer a sus “narco-gobernadores”, como el mandatario estatal de Sinaloa.

Pero lo curioso del tema es que Rocha Moya fue impulsado como aspirante al gobierno de Sinaloa desde Palacio, por el propio presidente, López Obrador, quien es el aliado número uno de los cárteles del crimen organizado en asa entidad.

Más aún, en su discurso de toma de posesión, Rocha prometió “no perseguir a nadie”, en un claro mensaje a sus aliados del Cártel de Sinaloa.

Y por eso, desde el 6 de junio del 2021, Obrador defiende “a capa y espada” al “narco-gobernador” de Sinaloa, al extremo de que en la más reciente crisis de seguridad y violencia en Sinaloa –hasta ayer eran cuatro días consecutivos de violencia criminal en Culiacán–, nada ha dicho López, mientras que el “narco-gobernador” justifica lo ocurrido como si se tratara de algo menor.

Pero, eso sí, canceló la ceremonia de “El Grito de Independencia” a causa de la violencia.

En pocas palabras, Sinaloa es el mejor ejemplo de la tragedia de ingobernabilidad que viviremos en el espurio gobierno de “La Señora Presidente”; una de las peores etapas de la historia producto de la falta de gobierno y del imperio de los grupos criminales.

Por eso, de nueva cuenta debemos recurrir al incómodo “se los dije”.

Y es que, en el Itinerario Político del 15 de febrero de 2017 –hace siete años–, titulado: “¿Financia el narco a Morena?, dije que, de llegar al poder, López Obrador sería un claro “narco-presidente”.

Así lo señalé: “Luego del crimen de los 43 de Iguala –en Guerrero–, pregunté si el narcotráfico y el crimen organizado estaban vinculados con el financiamiento del naciente partido Morena, de AMLO.

“La interrogante era obligada –a pesar de miles de mentadas de madre y que abundaron las amenazas de muerte–, porque en Iguala y en todo Guerrero solo AMLO no sabía que los Abarca –el alcalde en funciones y su esposa, candidata de Morena a sucederlo–, eran los jefes reales de la más poderosa banda criminal del estado.

“Y es que como aquí lo documenté en su momento —con textos, videos y audios—, en sus últimas decisiones como jefe real del PRD, López Obrador impuso a José Luis Abarca como candidato amarillo a la alcaldía de Iguala, a pesar de que parte del pueblo sabía y exigía a gritos que no metiera al narcotráfico al PRD.

“Obrador no escuchó y tampoco hizo caso a las exigencias de la gente. Impuso a los Abarca y el resto de la historia todos la saben.

“¿Por qué López Obrador no escuchó y por qué impuso a José Luis Abarca, a sabiendas de que la esposa de éste era parte de la más poderosa familia criminal en Guerrero?

“La respuesta la saben todos en el PRD, pero pocos se atreven a hablar del tema. Los Abarca fueron protegidos por López porque financiaron el activismo de AMLO en la construcción del naciente partido Morena.

“Y cualquiera podría preguntar: ¿Y las pruebas? Y, en ese caso, la respuesta sería la misma de Bejarano en el escándalo de las ligas: López Obrador sabe todo, “pero no es tonto”.

“Y viene a cuento el ejercicio memorioso, porque el pasado fin de semana, durante su campaña presidencial ilegal por Nayarit, el tabasqueño calificó de “masacre” el enfrentamiento acontecido el pasado jueves en Tepic, donde un operativo de las Fuerzas Armadas abatió a 16 integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva, entre los que se encontraba Juan Francisco Patrón —alias El H2—, líder del grupo delincuencial.

“Sin pruebas, Obrador acusó a las Fuerzas Armadas de “ajusticiar” a los delincuentes en lugar de detenerlos y dijo que la mayoría de las “víctimas” eran jóvenes, a quienes “la política neoliberal les canceló el futuro y los empujó a tomar el camino de conductas antisociales”.

“El ilegal candidato presidencial no perdió la oportunidad de transformar su defensa de los delincuentes en un acto de campaña anticipada. Prometió que cuando triunfe Morena “se acabará la guerra” y afirmó que, en lugar de “enfrentar la violencia con violencia”, se apoyará a los jóvenes, se impulsará el campo y habrá trabajo para todos.

“El populismo con idénticos recursos discursivos de Chávez y Maduro en Venezuela, de Evo Morales en Bolivia, de Cristina Fernández en Argentina y con un rancio tufo del viejo PRI. Es decir, por decreto y por un deseo divino los males se transformarán en bondades y ¡todos a vivir en el reino del amor!

“Pero más allá del populismo discursivo, lo cierto es que aparecen puntos convergentes entre los afanes de AMLO por imponer a los Abarca en Iguala y la defensa del crimen organizado en Tepic.

“¿Por qué razón, de manera repentina, López Obrador aparece como defensor del crimen organizado que campea en Nayarit? ¿Por qué López inventa mentiras monstruosas sobre la supuesta muerte de niños o jóvenes por parte de las fuerzas federales?

“¿Por qué el cuento de que los criminales fueron ejecutados, antes que pedirles permiso y perdón para ser detenidos, a pesar de que recibieron a balazos a los marinos?

“La respuesta tiene una explicación en un sector de la prensa local y en testimonios de periodistas regionales que, en redes y en portales, han documentado la abundancia de dinero en la campaña de Morena; la repentina aparición de modernas y costosas camionetas al servicio de Morena que recorren pueblos y rancherías regalando todo tipo de despensas y enseres.

“¿Quién, en un estado dominado por el narcotráfico, financia a ese partido? ¿Por qué la defensa incondicional de AMLO a las bandas criminales de Nayarit y de otras entidades?

“Por eso la pregunta: ¿Hasta cuándo el gobierno federal revelará si existen nexos del narco con células de Morena? Al tiempo”. (FIN DE LA CITA)

Hoy queda claro que el de López Obrador es un “narco-gobierno” federal y que entidades como Sinaloa son territorios en manos de las bandas del crimen organizado.

¿Les quedó claro?

¡Se los dije!

Al tiempo.

Fuente: Grupo Es Noticia

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La crisis de violencia en Tamaulipas golpea a Américo y su secretario de Seguridad no le responde las llamadas

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Durante los últimos días se profundizó la crisis de seguridad y violencia que vive Tamaulipas desde hace ya tiempo. En estas últimas horas crecieron las denuncias por retenes ilegales por parte de civiles armados en la carretera que conecta las ciudades de Monterrey y Reynosa. El problema, además, es que el secretario de Seguridad local, Sergio Hernando Chávez García, no responde a los llamados del gobernador, Américo Villareal, para controlar la situación.

Según pudo saber LPO, durante los días que duraron las promociones del «buen fin» diversos grupos civiles armados tendieron retenes en diversas carreteras del estado con el objetivo de cobrar cuotas para dejar pasar a los diversos vehículos. Si éstos no accedían a pagar, eran atacados y violentados por estos mismos sectores. A pesar de las denuncias y de las diversas publicaciones que se propagaron por las redes sociales, en ningún momento se hicieron presentes agentes de seguridad para acabar con estas prácticas ilegales.

Esta vez, reconocen en el Norte del país, el problema es mayor porque comenzaron los problemas al interior del gobierno a raíz de la falta de comunicación entre las esferas encargadas de combatir la inseguridad. Estas tensiones crecieron ante el arribo a la Secretaría de Defensa nacional de Ricardo Trevilla Trejo, con quien el secretario local, Chávez García, preferiría coordinarse ante los problemas que crecen con América Villareal. El tamaulipeco es cercano al General designado por Claudia Sheinbaum, por lo que preferiría profundizar esa relación.

Esto se suma a una situación de ingobernabilidad y preocupación que data desde hace ya tiempo. Desde el comienzo la administración que encabeza Américo Villareal enfrenta serios problemas con el crimen organizado, que se ha expandido por diversas regiones del estado. Es el caso, por ejemplo, de la capital, Victoria, donde grupos armados realizan actividades ilegales, retenes, levantones y balaceras a plena luz del día sin ningún tipo de control por parte del gobierno local.

Esta crisis se profundiza en un contexto que ya relató LPO. Esta redacción detalló que el Villareal mantiene una serie de peleas con los alcaldes de la 4T, especialmente con el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, a raíz de una serie de nombramientos que hizo en su gobierno local sin el consentimiento del alcalde. Estas peleas y diferencias acrecientan la crisis de seguridad que desde hace meses azota a la población local que sufre los retenes, levantones y balaceras en uno de los estados más violentos del país.

Fuente: Grupo Es Noticia

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¿Cuánto tiempo podría pasar en prisión Marilyn Cote?

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Marilyn Cote, acusada de hacerse pasar por psiquiatra durante al menos cinco años, fue detenida el pasado 21 de noviembre gracias a un operativo conjunto entre las fiscalías de Puebla y Tlaxcala.

Según la investigación, habría recetado medicamentos controlados sin contar con la cédula profesional requerida. Operando un consultorio sin permisos oficiales y enfrentando múltiples denuncias legales.

¿De qué se le acusa y cuál podría ser su condena?

El principal delito que enfrenta Cote es usurpación de profesión, sancionado por el Artículo 258 del Código Penal de Puebla con penas de dos meses a dos años de prisión.

Además de una multa de diez a cien Unidades de Medida y Actualización (UMAs). Sin embargo, su caso se complica porque también operaba un consultorio sin autorización sanitaria, lo cual está estipulado en el Artículo 258 bis.

Esta infracción podría aumentar su condena entre uno y cuatro años de prisión y una multa de cincuenta a doscientas UMAs.

En total, Marilyn Cote podría enfrentar entre un año y dos meses y hasta seis años de prisión, dependiendo de los cargos acumulados y de las pruebas presentadas.

Además, las sanciones podrían duplicarse si se demuestra que utilizó su supuesta profesión para cometer otros delitos, como el suministro indebido de medicamentos controlados.

Tras el cierre de su consultorio por carecer de permisos de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS), al menos siete denuncias se han sumado en su contra.

La clausura permanente del lugar y el ultimátum del gobierno para demostrar su legitimidad refuerzan los cargos.

Con su detención y las evidencias acumuladas, el caso de Marilyn Cote destaca como un ejemplo de las graves consecuencias legales y sociales de la usurpación de funciones profesionales.

Fuente: Grupo Es Noticia

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Sheinbaum descarta prórroga para elecciones judiciales pero pide se dialogue con el INE

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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no considera necesaria una prórroga para las elecciones judiciales programadas para el 1 de junio de 2025, pero destacó que el Gobierno federal está dispuesto a dialogar con el Instituto Nacional Electoral (INE).

Sheinbaum señaló que, aunque su postura es que los comicios deben llevarse a cabo en la fecha prevista, pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entablar comunicación con el INE para escuchar sus inquietudes.

Estas elecciones serán un proceso inédito en México, resultado de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Por primera vez, ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial serán elegidos mediante voto popular. No obstante, el pasado miércoles el INE solicitó una prórroga de 90 días argumentando contratiempos derivados de resoluciones judiciales que han retrasado la organización del proceso.

La elección judicial incluye la renovación de una parte importante del Poder Judicial pues será en 2025 cuando se votará para elegir a cinco ministras y cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre otros cargos, sumando más de 800 puestos en total. Según la reforma, la otra mitad de los cargos se renovará en 2027 durante los comicios concurrentes.

Cabe resaltar que el Senado ya rechazó la solicitud de prórroga del INE, argumentando que modificar la fecha requeriría una nueva reforma constitucional. Por su parte, Sheinbaum aseguró que su gobierno trabaja para garantizar que el proceso se lleve a cabo conforme a lo planeado, aunque también destacó la importancia de escuchar las preocupaciones técnicas del instituto electoral.

Actualmente, el proceso se encuentra en la fase de recepción de solicitudes de aspirantes. Cada una será evaluada por comités de los tres poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Estos comités seleccionarán a los candidatos finales mediante un sorteo al azar.

La reforma judicial y sus elecciones han generado un debate intenso sobre su viabilidad y los posibles riesgos para la independencia judicial. A pesar de las críticas, el Gobierno federal ha insistido en que el cambio es necesario para democratizar el Poder Judicial, argumentando que debe someterse al escrutinio de la ciudadanía.

Fuente: Grupo Es Noticia

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