Este jueves 26 septiembre se cumplen 10 años del crimen de Estado: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida la madrugada del 26 de septeimbre de 2014.

Se cumplen 10 años del crimen de Estado: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Desde entonces sus familias y la sociedad, así como organismos nacionals e internacionales no han dejado de exigir justicia mientras que autoridades mantienen la investigación sin que hasta el momento se conozca el paradero de los normalistas y la verdad sobre cómo ocurrieron los hechos.

Según la versión del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, el grupo criminal Guerreros Unidos habría secuestrado a los estudiantes y quemarlos en el basurero de Cocula, ubicado en el municipio de Iguala, Guerrero.

“La Verdad Histórica”

Cabe recordar que los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, viajaban en al menos cuatro autobuses que secuestraron en Iguala para viajar a la Ciudad de México y participar en la marcha del 2 de octubre –matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968–.

Sin embargo, la noche del 25 de septiembre y madrugada del 26 de septiembre de 2014, los Guerrero Unidos atacaron a balazos a los normalistas, asesinaron, persiguieron, secuestraron y desaparecieron.

De acuerdo con la información, elementos del Ejército y de la Policía Municpal de Iguala, estuvieron involucrados.

No obstante, dicha versión la refutó el el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donde se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.

Misma que reveló que se tratp de un “crimen de Estado” y que hubo encubrimiento que involucra a decenas de miembros de grupos criminales, militares, policías federales, estatales y locales.

Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón

Así como a funcionarios de alto nivel del entonces gobierno de Peña Nieto y que algunos de ellos tienen un puesto dentro del gobierno de López Obrador.

Hasta el momento el funcionario de más alto rango que enfrenta un proceso por el caso es el exprocurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, detenido el 19 de agosto de 2022, acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, pues es señalado de obstruir las investigaciones para esclarecer los hechos.

En tanto, otro de los personajes clave es Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien tiene dos órdenes de aprehensión por tortura a testigos en el caso, incluido un miembro de Guerreros Unidos apodado “El Cepillo”.

El exjefe de AIC se encuentra prófugo de la justicia mexicana y está refugiado en Israel, pero al no existir un trato de extradición entre México y aquel país, no puede ser deportado a territorio mexicano.

Además, Gildardo López Astudillo, “El Gil”, es uno de los detenidos más relevantes del caso, es señalado como líder de Guerreros Unidos, capturado en septiembre de 2015.

Pero quedó en libertad en 2019 y posteriormente se volvió testigo protegido de la Fiscalía, presuntamente bajo el seudónimo de “Juan”. El pasado 5 de septiembre lo recapturaron sin que las autoridades precisarán bajo qué cargos.

Militares señalados de la desaparición de los 43 normalistas

También, el Ejército está señalado de participar en la desaparición de los 43 normalistas.

Según las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en enero de 2015 para colaborar en las indagatorias en paralelo con autoridades, apuntó en su último informe del caso, en julio de 2023, a la colusión de las Fuerzas Armadas con el narcotráfico como responsables directos del caso.

Además, el GIEI acusó a los militares de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes y la falta de cooperación para esclarecer los hechos.

El GIEI recopiló documentos provenientes de la Sedena que demuestran la existencia de un centro de inteligencia del Ejército en el municipio de Iguala que interceptaba comunicaciones de Guerreros Unidos en la zona.

De acuerdo con el Centro ProDH, sólo tres elementos de la Sedena están en prisión, de los 14 detenidos presuntamente vinculados a la desaparición de los 43 normalistas.

Se trata del capitán José Martínez Crespo y los sargentos Eduardo Mota Esquivel y Fabián Alejandro Pirita Ochoa.

El general José Rodríguez Pérez, entonces comandante del 27 Batallón de Infantería con base en Iguala, era el militar de mayor rango detenido por su presunto vínculo con Guerreros Unidos y por haber ordenado el asesinato de 6 de los 43 desaparecidos.

Sin embargo, en julio de este año salió de prisión luego de obtener el beneficio de libertad condicional y tras pagar una fianza de 50 mil pesos para seguir su proceso en libertad.

¿AMLO protege al Ejército?

El presidente López Obrador entregó el pasado 8 de julio un reporte personal a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos.

Donde reconoció la responsabilidad del Estado en la desaparición por la omisión y fabricación de la llamada ‘verdad histórica’ por parte de funcionarios.

Al tiempo que indicó que los señalamientos que apuntan al Ejército mexicano sólo buscan debilitar a esa institución.

Los padres de los normalistas, diversos activistas y expertos han señalado que los militares tienen respaldo del Gobierno y de la Sedena a pesar de los cargos que hay sobre ellos.

Fuente: Grupo Es Noticia

Baches, hundimientos, derrumbes y muros de contención despedazados son una constante en cientos de carreteras de Veracruz, infraestructura desatendida tanto por autoridades federales como estatales.

Los reclamos incluyen diversas vías de comunicación del norte, centro y sur del estado, siendo las más señaladas aquellas que comunican a los polos más desarrollados y el centro del país.

Peores carreteras de Veracruz por daños y accidentes

– Autopista Veracruz-México (MEX-150)

– Carretera Veracruz-Xalapa (Federal 140)

– Veracruz-Córdoba (Federal 150 D)

– Veracruz-Coatzacoalcos (Federal 180)

– Poza Rica-Tuxpan (Federal 180)

En los últimos tres años el gobierno de Veracruz sólo invirtió 2 mil millones de pesos en la reparación de la infraestructura carretera.

Por si fuera poco, el recurso que la federación destinó al mejoramiento de las carreteras federales no fue aplicado tras pasar a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte no ha aclarado el monto que se destinó específicamente a la infraestructura de Veracruz.

Aunque fue en febrero de este año cuando el gobierno federal anunció que 5 mil millones de pesos fueron etiquetados para la reconstrucción y conservación de las carreteras del país.

Fuente: Grupo Es Noticia

Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los Programas para el Bienestar del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, avanza en su camino para llegar a la Constitución.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 473 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones en lo general y en lo particular el dictamen que adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución.

Esta reforma fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero como parte de un paquete de iniciativas para consolidar la Cuarta Transformación en la vida pública del país.

El dictamen aprobado hoy por la Cámara de Diputados plantea que el Estado otorgue un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando algún nivel de educación formal, a fin de que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas.

Justo esa es la dinámica de Jóvenes Construyendo el Futuro, cuyo objetivo es ayudar a incorporarse al mundo laboral a los jóvenes que no se encuentren estudiando ni trabajando.

Este Programa para el Bienestar paga a sus beneficiarios una estancia de 12 meses en alguna empresa, negocio, comercio o taller para que reciban capacitación. Los jóvenes reciben el equivalente al salario mínimo mensual —7 mil 572 pesos actualmente— y el seguro médico del IMSS.

De 2019 a la fecha, el Gobierno de México ha destinado 128 mil 816 millones 520 mil 141.33 pesos en pagos de apoyos económicos y seguro médico a los 2.97 millones de jóvenes beneficiarios del programa.

Tras la aprobación del dictamen en la Cámara de Diputados, la minuta será enviada al Senado para su aval con mayoría calificada; posteriormente, la iniciativa deberá ser aprobada por más de la mitad de los Congresos estatales del país y luego ser promulgada por el Poder Ejecutivo.

Fuente: Grupo Es Noticia