El Senado de la República elevó a rango constitucional la Ley 3 de 3, que prohíbe a deudores alimentarios, agresores sexuales o culpables de violencia de género desempeñarse como funcionarios públicos y contender por cargos de elección popular.
Esta nueva ley impide a quienes tengan sentencias por delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual ocupar cargos, empleos o comisiones del servicio público. También aplica a deudores alimentarios o imputados por violencia contra las mujeres.
Entre los crímenes que incluye la prohibición en la Ley 3 de 3 se encuentran violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual y violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
El pasado 28 de abril, la Cámara de Diputados avaló la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución mexicana. Sin embargo, también requería que al menos 17 de los 32 congresos locales la aprobaran antes del 01 de junio para que se pudiera aplicar en el proceso electoral del 2024.
La iniciativa se aprobó en las siguientes legislaturas locales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, el Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México (CDMX).
Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva en el Senado, se refirió a la aprobación de la Ley 3 de 3 como un “hecho histórico y fundamental para el desarrollo” de la sociedad.
Por su parte, el legislador del Grupo Plural (GP) Germán Martínez reconoció a los colectivos y organizaciones no gubernamentales (ONGs) que impulsaron el dictamen y que este miércoles estuvieron presentes en la declaratoria.
“A partir de ahora, ninguna humillación a una mujer puede quedar sin sanción y menos con un premio en el servicio público”, sentenció el senador.
En ese sentido, Eunice Romo Molina, del Partido Encuentro Social (PES), celebró que con esta ley “ningún agresor” llegará al poder y aseguró que los mexicanos merecen “servidores públicos responsables”.
Elizabeth Pérez Valdez, legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), resaltó que sólo deberían acceder al servicio público personas que demuestren “honradez, congruencia y respeto por los derechos de todos”. También llamó a que se publique cuanto antes en el Diario Oficial de la Federación, con la finalidad de que se pueda aplicar en las elecciones del 2024.
Fuente: Agencias