A unos días de que se discuta y avale el dictamen de la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador que busca eliminar a los órganos autónomos y entes reguladores, comisionados de algunas de estas instituciones solicitaron un diálogo con el Congreso de la Unión y con Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, para evitar su desaparición
“Se requiere diálogo para demostrar que desaparición no generará ahorros”
Adrián Alcalá, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), confió en que se logre concretar un diálogo tanto con la actual administración como con las cámaras de Diputados y Senadores; pese a que la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro ya tiene listo el proyecto de dictamen para la simplificación orgánica.
“Creo que ninguno vemos esto como una batalla para ir en contra de alguien. Yo llamaría a las cámaras a este diálogo, a la Presidenta, pero en última instancia, sin dejar de lado, una estrategia jurídica; nada está perdido, estamos muy atentos al proyecto de dictamen, claro que con incertidumbre, porque debería discutirse hasta el 15 de agosto y no sé si será este jueves”, dijo.
Enfatizó que es necesario el diálogo político “para demostrar, con números, que no es un ahorro grande el que implica la desaparición” de los órganos autónomos.
Sin embargo, reconoció que en el INAI no descartan recurrir a la vía jurídica para evitar su desaparición, en caso de que se aprueba la iniciativa de López Obrador.
“Este planteamiento que se hace de los organismos autónomos se tendría que revisar”
Por su parte, Arturo Robles Rovalo, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), expuso que no es momento de pensar en otras acciones, sino en crear el diálogo, y refirió que éste lo han buscado desde hace varios meses.
Incluso, señaló que en cuanto la autoridad confirmó los cómputos distritales de la virtual Presidenta electa, el pleno (del IFT) mandó, por canales institucionales al equipo de campaña y a la propia exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, el interés del diálogo.
“Este planteamiento que se hace de los organismos autónomos se tendría que revisar, en aras de los beneficios que han traído. Somos de los órganos con menos gastos y, en el caso de las telecomunicaciones, es evidente el cambio que ha habido en 10 años. Definitivamente se debe analizar, pero desde quienes integramos estos órganos”, señaló.
A su vez, Walter Julián Ángel Jiménez, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pidió a su sector tener calma ante la posible desaparición de la institución y a los ciudadanos confiar en estos cambios para mejora del país.
“Uno de los principales promotores de la justicia en este país es nuestro Presidente y la continuidad que se ha manifestado en las urnas recientemente es precisamente que esa justicia se mantenga, y el permisionario (de energía) tiene que tener toda la seguridad de que todos sus derechos están salvaguardados”, señaló.
Indicó que los problemas que se han identificado en la comisión reguladora son, principalmente, corrupción por acción y omisión.
“Nosotros nos pusimos a trabajar para intentar cerrarle la puerta a estas malas prácticas”, señaló el comisionado, y dejó claro que solicitó, en sesión extraordinaria del órgano de gobierno de la comisión, tomar con calma este anuncio de los dictámenes.
“Órganos autónomos son gobernados por servidores públicos capturados por grupos políticos”
Cabe recordar que en la iniciativa de AMLO que busca desaparecer a los órganos autónomos, se explica que las funciones de estas instituciones constitucionales serán traspasadas a diversas dependencias federales.
Por ejemplo, las funciones del INAI sería trasladadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y las del IFT serían serían transferidas a la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes (SICT).
Mientras que las funciones de la de la CRE se trasladarían a la Secretaría de Energía (Sener).
Entre las justificaciones con las que se busca extinguir estos entes, el proyecto de dictamen establece que “son gobernados por servidores públicos capturados (antes de su proceso de elección y también al ser elegidos) por grupos políticos y de interés económico, ligados a su vez a los propios sujetos que deben ser regulados”.
“Lo que los ha llevado a una posición de cuestionable independencia y debilidad institucional, con afectación del interés social, además de que “han propiciado que los procedimientos y procesos se segmenten, no obstante que por su propia naturaleza deberían estar integrados, lo que, a su vez, ha redundado en un mayor coste presupuestario, incertidumbre, deficiencias y debilidad institucional”, indica el proyecto.
Fuente: Grupo Es Noticia
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