Un joven de 16 años que abusó sexualmente “de todas las formas posibles” a una menor, enfrenta un proceso penal que, de acuerdo con colectivas feministas y la asesoría legal de la víctima, está plagado de ilícitos y claras muestras de que se trata de favorecer al acusado, por lo que podría quedar libre.

Denunciaron violaciones a los derechos humanos de la niña, quien el 2 de abril, un día antes de su cumpleaños, fue invitada por el adolescente a subir a su auto para darle un “regalo”, y terminó siendo alcoholizada e, inconsciente, violada vaginal, anal y oralmente.

Mara Muñoz Galván, directora del Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas, en rueda de prensa virtual denunció el hecho a la opinión pública y recalcó que “este es un caso que pone en claro como el estado construye a un feminicida”.

Indicó que el violador está contando con el encubrimiento y la protección total de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en contubernio con el Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas.

Acusó también de pasividad y negligencia a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), pues se interpuso la queja desde julio y no ha hecho nada para prevenir este escenario de impunidad.

Este jueves se realizará la audiencia de juicio oral donde se dictará sentencia al joven, y con el temor de que quede en libertad, explicó las siguientes irregularidades en el caso:

• A pesar de haber sido aprehendido por policías de Guadalupe en flagrancia, es decir, en el acto, se hicieron investigaciones para comprobar su ubicación en ese momento, pero con el número celular de la madre, no con el joven.

• Se presentaron dictámenes médicos en los que se afirma que las lesiones vaginales y anales de la niña son anteriores a los hechos, aunque en los exámenes ginecológicos realizados al día siguiente de la violación se indicaba que eran recientes.

• No se comparó el ADN del joven con el semen que había en la escena al momento del abuso sexual ni con espermatozoides hallados en la víctima, ni sus huellas digitales con las encontradas en el auto donde ocurrió, lo cual es una cuestión básica en protocolos de investigación de delitos sexuales.

• Se presentó un expediente médico falso del joven, supuestamente expedido en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el que aludiendo a problemas de salud se buscaba que enfrentara el proceso desde su hogar en vez de estar interno, de una fecha en la que ni siquiera hay registro de que se le permitiera salir del centro de internamiento.

Mara Muñoz indicó que el feminicidio implica impunidad social y del estado, en la que se toleran, solapan y normalizan los hechos de violencia contra las mujeres, lo cual es inadmisible, por lo cual insistió que en este caso se está abonando a construir un perfil de este tipo.

Aseguró que en este caso, “la familia pone todo su dinero para corromper a las instituciones, para lograr el tráfico de influencias, y que el adolescente quede impune, burlándose no solo del dolor de esa niña que está destrozada emocional y físicamente sino también de las instituciones y del estado”.

Tráfico de influencias y “errores” que favorecen al violador, acusan
En la rueda de prensa se leyó un comunicado en el que se indicó que el escenario de impunidad creado por la Fiscalía hace que el violador de esa niña pueda salir libre, pues se montó una farsa en la investigación para exculparlo.

Se acusó a 2 mujeres agentes del Ministerio Público del área de Adolescentes en Conflicto con la Ley de cometer omisiones y “errores” que no serían posibles sin la protección de los altos mandos de la Fiscalía.

Además, se indicó que el juez cambió su actitud, en un primer momento correcta, desde que se hizo cargo de la defensa de joven un abogado particular a quien acusan de ser “un hombre corrupto y sin escrúpulos que se está valiendo del tráfico de influencias y corrupción para comprar a las autoridades”.

Señalaron que fue Director de Investigaciones de la entonces Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía de Zacatecas, durante el gobierno de Amalia García Medina y ahora está detrás de toda esta farsa en el proceso, haciendo que el juez permita ilícitos y varias irregularidades.

Por ello se exige la intervención del Congreso del Estado para que exija a los titulares de las instituciones involucradas que garanticen los derechos humanos de esta niña víctima de violación, y a éstos se les demanda que dejen de proteger al violador.