La Guerra Sucia fue un crimen de Estado permitido por las autoridades del más alto nivel en México y que dejó más de 120 mil víctimas en el país.
Así lo señala un informe del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión de la Verdad, un grupo de trabajo creado para investigar los abusos que las autoridades cometieron entre 1965 y 1990.
CNI y Sedena obstaculizaron la labor de los investigadores
Dividida en 6 volúmenes, la investigación de más de 5 mil páginas confirma que en estos años, además de las 8 mil 594 personas que sufrieron graves violaciones a derechos humanos, y entre los eventos más graves destacan mil 63 ejecuciones extrajudiciales, 517 personas desaparecidas y 35 masacres.
Otras 123 mil personas se tuvieron que desplazar de sus hogares debido a la violencia generada por el Ejército y otras instituciones. Los estados en donde se documentaron más casos para este Informe fueron la Ciudad de México, con mil 119 eventos; seguida de Chiapas (961), Oaxaca (850), Guerrero (734) y el Estado de México (710).
El documento detalla que, “la investigación de esclarecimiento permitió constatar que lo característico de estas dos décadas y media (1965-1990) fue precisamente el giro contrainsurgente de la década de 1960”, en colaboración con gobiernos extranjeros, como la entonces República Federal Alemana o Guatemala, y las agencias de los Estados Unidos.
Pero más allá de la contrainsurgencia, la violencia de Estado también estuvo dirigida al control y sometimiento de campesinos, obreros, estudiantes, comunidades indígenas, y diversidades sexo-genéricas.
Durante los 5 años que el Mecanismo investigó estos actos, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obstaculizaron la labor de los investigadores.
Abel Barrera, uno de los tres comisionados del MEH, resaltó lo “inédito” de entrar a algunas instalaciones militares, como la Base Aérea de Pie de la Cuesta, en Acapulco.
Sin embargo, acotó: “Ya en el camino hubo algunos problemas para poder acceder a los archivos del Ejército. (…) se fue cerrando el acceso, y pues ya no permitió avanzar”.
“Fuerzas Armadas jugaron un papel fundamental en las campañas de aniquilación de las organizaciones político-militares”
El informe expone que cinco expresidentes, cinco secretarios de la Defensa Nacional, un exsecretario de Marina, seis procuradores generales de la República, cientos de integrantes de instituciones de seguridad y gobernadores encabezan la lista de los presuntos perpetradores de esa época, en la que se registraron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, persecuciones y otras vulneraciones a los derechos humanos.
“El uso de la fuerza letal fue el sello de un régimen sanguinario que autorizó y legitimó todo tipo de violencias”, señala el informe del MEH sobre el periodo 1965-1990, en el que todo el aparato de seguridad del Estado se volcó a aniquilar cualquier expresión política, social, cultural y de género que fuera contraria a la admitida por el gobierno en turno.
En la cima de la pirámide de los presuntos responsables se encuentran Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, expresidentes de México e integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Los expertos que coordinaron las actividades del MEH no encontraron pruebas que vinculen directamente a los expresidentes con violaciones a derechos humanos, pero después de revisar miles de documentos, consultar cientos de archivos y entrevistar a sobrevivientes de la época concluyeron que “por el cargo que detentaban resulta imposible que los hechos se hayan cometido sin su conocimiento y colaboración, ya fuese por acción u omisión”.
El “brazo armado” de los gobiernos priistas fue el Ejército, la principal institución que ejecutó la política de persecución. En un primer momento lo hizo en el contexto de la Guerra Fría, contra personas que consideraba enemigos del país o “comunistas”.
Luego continuó con esta práctica cuando inició el combate a las drogas en el norte del país.
“Las Fuerzas Armadas jugaron un papel fundamental en las campañas de aniquilación de las organizaciones político-militares y en el disciplinamiento de diversos tipos de disidencias”, señala el informe del MEH.
“El Estado mexicano reprimió, persiguió, castigó y disciplinó a toda disidencia política”
A los expresidentes y a los integrantes del Ejército se suman otros presuntos responsables: los exsecretarios de Gobernación que tenían a su cargo la Dirección Federal de Seguridad (DFS), otra dependencia señalada por cometer innumerables violaciones a derechos humanos.
En la lista de ex secretarios de Gobernación aparece Manuel Bartlett, quien ocupó ese cargo entre 1982 y 1988. Lejos de que le afectaran los abusos que sus subordinados habrían cometido, el funcionario todavía sigue activo en la política mexicana, pues actualmente es titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El informe donde se detalla todo esto se titula Fue el Estado (1965-1990), y fue elaborado por el politólogo Cárlos Pérez-Ricart, el activista Abel Barrera y el sociólogo David Fernández, quienes este viernes 16 de agosto harán público el documento en un evento en el Centro Cultural Tlatelolco.
Los tres investigadores, junto con sus equipos de trabajo, ubicaron a 591 perpetradores directos de violaciones a derechos humanos, así como otros 59 responsables de instituciones que toleraron los abusos cometidos en la llamada “Guerra Sucia”, como se le conoce a la etapa de persecución que las autoridades emprendieron en contra de todas las disidencias.
“En función de lo anterior, el Estado mexicano reprimió, persiguió, castigó y disciplinó a toda disidencia política y a toda disidencia que, por cuestionar la hegemonía del Estado, fuera identificada como un riesgo”, explica el informe del MEH.
Las víctimas del periodo se cuentan por miles. Además de las 8 mil 594 personas que sufrieron graves violaciones a derechos humanos, otras 123 mil se tuvieron que desplazar de sus hogares debido a la violencia generada por el Ejército y otras instituciones.
Los cálculos del MEH también incluyen a otras 167 mil personas que fueron afectadas por las ocupaciones militares-policiales que ocurrían cuando las Fuerzas Armadas u otros cuerpos de seguridad se establecían en un punto determinado del país.
Un ejemplo de ocupación militar relatado por el MEH ocurrió en mayo de 1974 en la población de El Salto Chiquito, donde las personas fueron obligadas a desalojar sus casas y el Ejército utilizó el poblado como cuartel, apropiándose de sus bienes, dejando en ruinas la localidad y desplazando de forma definitiva a la población.
Aunque las cifras de víctimas son abrumadoras, los expertos que realizaron el informe advierten que estas no son todas, pues su investigación apenas duró dos años y en ese tiempo enfrentaron obstáculos, como la falta de recursos o la obstaculización del Ejército y del Centro Nacional de Inteligencia para acceder a documentos que podía tener información clave.
Con información de Animal Político y educaoaxaca.org
Fuente: Grupo Es Noticia
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