La Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para proceder en su contra por los delitos de delincuencia organizada, “lavado” de dinero y defraudación fiscal equiparada.
Así lo confirmó la secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez, en un oficio dirigido al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier.
¿Qué es la declaratoria de procedencia?
Acto legislativo exclusivo de la Cámara de Diputados que tiene por objeto remover la inmunidad procesal (fuero) de los servidores públicos que señala el Artículo 111 de la Constitución para ponerlos a disposición de una autoridad judicial a fin de que ésta los juzgue por posibles delitos cometidos durante el desempeño de su encargo, a petición de los ciudadanos, los particulares con derecho o el Ministerio Público.
La Cámara, como órgano acusador, emite la declaración de procedencia pero no juzga, sólo elimina el fuero constitucional para que posteriormente el servidor público pueda ser juzgado, en caso de que se considere que existen elementos para suponer su probable responsabilidad.
La solicitud de juicio de procedencia contra el mandatario tamaulipeco fue presentada ante la Secretaría de la Cámara de Diputados por Ancelmo Mauro Jiménez, Karina Jazmín Durán y Elizabeth Alcantar Cruz, agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda.
El recurso deberá ser ratificado el próximo jueves por la Fiscalía General de la República. Báez detalló que la petición de declaración de procedencia establece como causas de la solicitud la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Una vez ratificada, la demanda del Ministerio Público sería turnada a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para determinar si se inicia o no el procedimiento de desafuero del gobernador del estado de Tamaulipas.
En meses pasados, particulares presentaron una denuncia por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos, derivado de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público integraron la carpeta de investigación y han podido acreditar que entre abril y diciembre de 2019 se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12.
Esta empresa habría recibido los recursos a su vez de la empresa RC, cuyos socios son declarados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita en Estados Unidos, por lo que se configuran los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, así como enriquecimiento ilícito.
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Fuente: Es Noticia Veracruz