Tras declarar la cadena perpetua al narcotraficante, Joaquín El Chapo Guzmán, el siguiente paso para autoridades mexicanas y estadounidenses fue crear una comisión binacional
para ponerse de acuerdo acerca de cómo iban a repartirse los bienes y ganancias que obtuvo el capo en sus operaciones con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el juicio, Guzmán Loera cuenta con 12.666 mil millones de dólares de los que una parte serían ocupados para financiar el muro fronterizo de Donald Trump, dijo el presidente de Estados Unidos, y otra
para dárselo a los mexicanos, sugirió Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
No obstante, la existencia de ese dinero sólo ha sido sugerida por testigos que participaron en el juicio del narcotraficante sinaloense, que fue extraditado a Estados Unidos en 2017. No hay documentos que comprueben que Guzmán Loera sea dueño de bienes o cuentas en el banco que respondan a la millonaria fortuna que se le adjudica.
Según una investigación hecha por el semanario Proceso, en la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por sus siglas en inglés) no existen registros en los que el nombre del capo, el de alguno de sus familiares u otros presta nombres aparezcan como dueños de empresas o inmuebles, a pesar de que se han monitoreado sus transacciones durante una década. Únicamente han podido comprobar, que a él pertenecen algunas joyas y armas, pero nada que justifique las ganancias mencionadas por los testigos.
Sólo existen registros de algunos vínculos probables con el ex líder del Cártel de Sinaloa, así como con empresas de lavado de dinero, a través de otros narcotraficantes.
De acuerdo con la revista de periodismo de investigación, en 2007 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista de Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados (SDNT), al colombiano Jorge Luis Llano Gazia, señalado por apoyar u ofrecer servicio a los narcotraficantes Ismael El Mayo Zambada y el Chapo Guzmán Loera.
El implicado fundó empresas como Audio Alarmas S.A. de C.V. y Basaltos Tonalá S.A. de CV., para lavar el dinero obtenido del tráfico de cocaína del Cártel de Sinaloa. Pero en los documentos de los negocios, tampoco aparece de manera directa el nombre del “Chapo”, sino el de su operador Agustín Reyes Garza, “Don Pilo”. Estas y otras 255 empresas se han documentado por la OFAC, como operadoras del grupo de crimen organizado, pero en ninguna se puede comprobar una relación con el narcotraficante sinaloense.
Por su parte, Jorge Milton Cifuentes Villa, otro criminal colombiano, testificó en el juicio del Chapo Gumzán y mencionó que puso a disposición del narcotraficante por lo menos 64 empresas dedicadas a giros de ropa, minería, café, construcción, gimnasios y centros comerciales para facilitar la operación de tráfico de cocaína.
La OFAC confirmó que estas compañías estuvieron relacionadas con actividades ilícitas, pero no se pudo confirmar de manera oficial que el capo tuviera participación directa en ellas.
De acuerdo con la investigación de Proceso, el modo en que el Chapo Guzmán manejó sus propiedades y negocios difiere de cómo lo han hecho otros narcotraficantes también fichados por la justicia estadounidense. En el caso de Juan José Esparragoza, El Azul, se ha confirmado que su familia posee por lo menos tres lujosos fraccionamientos de viviendas en Culiacán, Sinaloa y Guadalajara, Jalisco.
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