El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó el viernes los avances de su administración en materia de seguridad. Expertos urgen a despartidizar la discusión sobre la estrategia y replantear una política pública que, sin volver al pasado, permita garantizar la paz a la ciudadanía

Texto: Alejandro Ruiz

Fotos: Presidencia e Isabel Briseño

CIUDAD DE MÉXICO. – Han pasado 4 años desde que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial. De sus múltiples promesas de campaña, hubo una que inmediatamente atrajo críticas (y aplausos) de distintos grupos: “Abrazos, no balazos”.

Esta política prometía hacerle frente a la criminalidad e inseguridad en un país que desde 2007 ha enfrentado el ascenso de grupos y corporaciones criminales en diversas regiones —grupos que, en algunos territorios, controlan estados y municipios enteros— con dos premisas básicas: atender la desigualdad económica y la corrupción, como causas de la violencia, y trabajar en una política para la paz.

La estrategia lopezobradorista propuso un paradigma radicalmente opuesto al que habían apostado los sexenios anteriores de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes impulsaron una estrategia de guerra contra el crimen organizado, instruyendo al Ejército y a la Marina a «abatir» a los enemigos.

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En algunos casos, como Veracruz y Tamaulipas, la estrategia incluyó alianzas de fuerzas militares con la una policía estatal militarizada y grupos paramilitares, como los que inicialmente se presentaron como Matazetas y que luego se convirtieron en el Cartel Jalisco Nueva Generación, que actualmente tiene presencia en la mitad del país

Las cifras de ambos sexenios hablan de un fracaso en esta estrategia, que no detuvo las operaciones criminales, pero provocó, en cambio, la fragmentación de los grupos y la diversificación de las formas del crimen. De diciembre de 2006 al de 2018, más de 240 mil personas fueron asesinadas en el país. En ese mismo periodo de tiempo desaparecieron más de 100 mil personas, de las cuales 52 mil 9 personas continuaron desaparecidas.

Los casos de corrupción en las instancias de procuración e impartición de justicia no fueron menores. Entre los más emblemáticos se encuentra la vinculación de altos mandos de la policía, el ejército y la fiscalía con grupos criminales. Luis Cárdenas Palomino, Genaro García Luna, Salvador Cienfuegos y Artuo Bermúdez Zurita son solo algunos nombres que recuerdan estos hechos.

El grado de impunidad, fabricación de delitos y simulaciones judiciales durante ambos sexenios sumergió al poder judicial en una vorágine de escándalos. Incluso, se llegó al grado de vender la base de datos con información genética que resguarda la Fiscalía General de la República.

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Los tres niveles de gobierno quedaron manchados por dos sexenios que tan solo profundizaron la descomposición de un estado que, desde hace algún tiempo, servía más a los interés económico-criminales.

La propuesta de los abrazos

Andrés Manuel López Obrador tuvo la oportunidad de marcar distancia con el pasado. Pero, sobre todo: sanar las heridas de un país sumergido en la violencia.

La tarea, por supuesto, no era fácil. Desde el inicio de su administración, el presidente la consideró la “peor herencia“ de las administraciones anteriores. Y ofreció poner todos sus esfuerzos en el trabajo con las víctimas. Luego diseño la creación de la Guardia Nacional, que sustituyó a la Policía Federal de García Luna y comenzó a funcionar en el primer año de su administración. A partir de ahí, las fuerzas militares se han encargado de todo: construir aeropuertos, estaciones de trenes, bancos, distribuir vacunas, limpiar sargazo y enfrentar al crimen organizado a partir de una premisa: “abrazos, no balazos“.

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Pero a casi 4 años de gobierno, su propuesta, enfocada a la prevención a partir del fortalecimiento de programas sociales que procuren “el bienestar de todos y en particular de los más necesitados” parece toparse con algo que va más allá de becas o recursos suministrados directamente por el estado.

Más allá de las cifras que presenta el gobierno, como la reducción de los delitos del fuero federal un 30 por ciento, o de los homicidios dolosos en cinco por ciento, el país sigue sin una estrategia clara que, realmente, garantice la seguridad.

México continúa sumido en una grave crisis de violencia y de derechos humanos. Esta situación se empieza a gestar desde que en el sexenio de Felipe Calderón se intensifica el despliegue militar para hacer frente a las organizaciones criminales, sin depurar las estructuras del ejército o de procuración de justicia”, evalúa Santiago Aguirre Espinoza, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

El Centro Prodh es una de las organizaciones que durante décadas ha documentado y atendido múltiples violaciones a los Derechos Humanos en el país. Saben de lo que hablan.

¿Cómo sanar un país que sangra? La respuesta no es tan sencilla. Las tareas tampoco.

“Llegamos con una fuerte expectativa de que la nueva administración iba a revisar el modelo de seguridad para poner por delante la reducción de la violencia en el país. Pero a casi 4 años de gobierno esta expectativa no se ha cumplido”, comenta el director del Centro Prodh.

Las expectativas y posibilidades

Para Santiago Aguirre, la reducción de homicidios y otros delitos en el país es algo aplaudible. Pero no suficiente.

“Estamos estancados en cifra altas. Seguimos teniendo años de más de 35 mil homicidios por año. Promedios nacionales 25 o 26 homicidio por habitantes. Siguen ocurriendo eventos de violencia que generan una percepción de que está descontrolado el poder criminal. Lo más reciente es el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en la sierra tarahumara”, dice Aguirre

La política de “abrazos, no balazos”, agrega, “no está siendo suficiente”.

Sin embargo, también precisa: “cuando se dice que no esta siendo suficiente, y que esta frase abrazos no balazos no está expresando una orientación adecuada en la política pública, no lo decimos porque anhelemos los balazos sin ton ni son, como ocurrió en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”.

No es añoranza de ese pasado, sino apuntar que esa política ha implicado una contracción de la presencia del estado en las regiones más azotadas por la violencia”.

Un hecho clave, puntualiza, es que las corporaciones de seguridad siguen cometiendo violaciones a los Derechos Humanos. Las cuales, aunque han ido a la baja, no deberían de existir en el país.

Como organismo de Derechos Humanos sí notamos una disminución de denuncias de violaciones de derechos humanos en relación con fuerzas federales. Esto no quiere decir que el ejército, la marina o la Guardia Nacional no violen derechos humanos. Esto sigue pasando”, recalca.

Esto se debe a que la política preventiva del Estado no se ha acompañado de una depuración de las estructuras gubernamentales. Particularmente en aquellas que tienen a su cargo la procuración de justicia y el uso de la fuerza. Uno de esos casos, quizá el más grave, es la Fiscalía General de la República, dice el defensor de derechos humanos.

“Se equivoca el presidente cuando refiere que el principal problema de impunidad son los jueces, es la Fiscalía General de la República. En vez de dotar recursos, con la ley orgánica y la autonomía a la institución lo que aumentó fue la discrecionalidad con la actúa la fiscalía”, insiste.

Pensar una política de seguridad, sin depurar los mandos e instituciones encargadas de ejecutarla, recae en la simulación.

Para el académico José Luis Cisneros, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, y especialista en seguridad, “estamos en una tierra de nadie”.

Pero añade que “esto no quiere decir que no se pueda lograr una política de seguridad; si hay una buena intención política, y hay recurso, se logra, pero estamos estancados”.

Tareas pendientes

Para Cisneros, en México existe un vacío de legalidad en la formulación de políticas en atención a la criminalidad. Esto, puntualiza, es histórico. No es único de este sexenio.

“Es parte de la debilidad y las fallas en la intención de hacer justicia, hay un vacío en la sociedad como la nuestra que está en la orfandad total”, enfatiza.

Estos vacíos, resalta el académico, han beneficiado a las organizaciones criminales que operan en el país. La estrategia de no confrontarles directamente, resalta, también ha sumado a ello.

Los cárteles han sido beneficiados con el resultado de esta política, de este mandatario, de no confrontar directamente. La violencia no se puede combatir con violencia, ya lo vimos, los resultados son trágicos; es obvio que se necesita una estrategia de prevención. Pero hay que reconocer que, en buena medida, hay grupos antagónicos que hay que confrontar con la fuerza de la ley”.

Para el académico, esta omisión de no reaccionar ante los grupos criminales es un error en la estrategia obradorista. También, resalta, la implementación de los programas de prevención de la violencia.

“Él le llama prevención a sus programas de becas, pero eso no es prevención. Me parece que es loable buscar la justicia social y un reparto equitativo, pero hay que atender concretamente las causas y dar seguimiento. Hay que inyectar recursos para que esto opere”, dice.

Para Cisneros, los recortes presupuestales hacia los organismos que deberían de encargarse de concretar estrategias específicas en esa materia es un grave problema. Porque “la austeridad nos ha dejado al borde de la orfandad total”.

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El académico resalta que, una buena estrategia de prevención debe de contemplar el acompañamiento de las víctimas, pero también los victimarios, esto, con el objetivo de evitar la reincidencia delictiva.

“Acompañar con programas, proyectos. Ir sanando”, dice.

También, y en esto coincide con Santiago Aguirre del centro Prodh, se tienen que depurar y rehacer las estructuras jurídicas y ejecutivas. Revisar el trabajo de las fiscalías, de los gobiernos locales y sus policías.

“No podemos tapar el sol con un dedo y decir que aquí ya no hay criminalidad. Las cifras hablan de otra cosa”, agrega.

Lo que las cifras no muestran

A nivel general, existe un consenso en que el principal indicador para medir el aumento o reducción de la criminalidad en un territorio es su tasa de homicidios. México no es la excepción.

En nuestro país esta cifra se coteja con los datos propiciados por las fiscalías, así como por el registro que realiza el INEGI. No obstante, hay muchas falencias en ello.

La primera, señalan los especialistas, estriba en que muchas veces se dejan de lado delitos del fuero común que son igual de importantes al momento de hablar de criminalidad.

“Delitos como el robo a pie, robo a transeúntes, violencia común delictiva son buenos indicadores para medir la seguridad, y muchas veces no los tomamos en cuenta, nos vamos con los homicidios porque un cadáver no lo puedes ocular”, señala José Luis Cisneros.

Santiago Aguirre del Centro Prodh pone otro argumento en la mesa: la desaparición.

Otro indicador relevante es el de las desapariciones. Pues al ser una práctica recurrente en México estamos viendo un incremento en este fenómeno que altera el indicador de homicidios. Lo vimos en el caso de los sacerdotes jesuitas, la medida inicial fue llevarse los cuerpos para que no haya evidencia. Eso, lamentablemente, pasa mucho”.

Asimismo, ambos especialistas coinciden en que otro indicador fundamental debería ser el número de sentencias condenatorias ante estos delitos, pues la impunidad es también parte del problema.

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“Para hablar si las cosas están cambiando es importante el dato de si ha mejorado la eficacia de la Fiscalía en la capacidad de judicializaciones, si ha aumentado el número de sentencias condenatorias en delitos que más lastiman a la sociedad”, dice Santiago Aguirre

Ambos consideran que es necesario revisar la estrategia de seguridad. Sin embargo, la criminalidad se ha convertido en un arma política para aplaudir o criticar un proyecto de gobierno. Y quien pierde es la ciudadanía

“La violencia se ha convertido en un arma arrojadiza entre los partidos, pero quien más pierde en esta pelea es la ciudadanía. La violencia es el principal problema público”, dice el director del Centro Prodh.

Los retos: revisar y dialogar

Para Aguirre, el uso político del tema de la seguridad ha propiciado que el gobierno federal mantenga una posición a la defensiva cuando se critica su estrategia de seguridad. El gobierno y las instituciones, incluidos los partidos de oposición, “están más ocupados en la coyuntura electoral de 2024 que en atender la violencia”.

El problema es que la ciudadanía queda cada vez más vulnerable.

“Desde el Centro Prodh brindamos asistencia jurídica, representamos víctimas, todos los días vemos un país roto por la violencia, escuchamos muchas historias de dolor. Constatamos que la impunidad y la violencia están intocadas, que se están fortaleciendo las redes criminales. Quisiéramos hacer lo posible porque esta denuncia que hacemos sea entendida en su complejidad, sin acuñar formulas y frases sencillas. Vivimos en un entorno político polarizado, donde no el margen de discusión se ha reducido adherir o hacerle una crítica frontal o estridente a la política de seguridad, la cual debe debatirse para abrir canales a todas las perspectivas sociales tengan lugar. México tiene una gran masa crítica de especialistas y esfuerzos. Podemos identificar qué ha funcionado, o que no, pero esto solo va a suceder abriendo espacios para aportar a la solución de este problema”, dice el activista.

Cisneros coincide: “Si todo mundo hiciera lo que tenemos que hacer, gobierno, fiscalías, policías, México sería otro”.

Para ambos especialistas algunos puntos que deben revisarse en la actual estrategia de seguridad son los siguientes:

1.- El fortalecimiento y depuración de las policías locales (en los municipios y estados) con recursos y códigos deontológicos para evitar su corrupción.

2.- La revisión y depuración de la Fiscalía General de la República, actualizando y afinando sus procesos judiciales y vigilando constantemente sus prácticas.

3.- Frenar la creciente militarización del país. Esto, evaluando los costos a futuro que tendrá la presencia generalizada de la Guardia Nacional en el territorio, que, si bien es una corporación de corte civil, en el futuro pasará bajo el control de la Sedena, lo que puede provocar que escenarios como los que vivió el país durante 2006 a 2018 puedan repetirse.

4.- Dialogo y apertura a la crítica para construir propuestas con especialistas, académicos y organizaciones.

Aguirre concluye:

“Nuestro balance de esta política es negativo. Fenómenos como las extorsiones van al alta, también la criminalidad en los territorios. Hay 30 mil desaparecidos en este sexenio. No queremos abonar a la polarización, y sin querer que la violencia se vuelva un arma arrojadiza en el país, con mucha responsabilidad estamos diciendo que las cosas no van bien, que tienen que revisarse”.

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