Morena presentó una denuncia contra el gobernador de Nuevo León y sus familiares por presuntos delitos relacionados con recursos públicos.
Morena denunció ante la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León a Samuel García y su familia por una presunta triangulación de 1,400 millones de pesos.
La acusación también incluye a Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador de Nuevo León.
Además, señala a Samuel Orlando García Mascorro, padre del mandatario, y a Samuel Orlando García Villarreal, medio hermano del gobernador.
La denuncia involucra a Miguel Ángel Flores Serna, secretario general de Gobierno, y a su primo Eric Peñalver Serna.
Los denunciantes piden investigar posibles delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Alejandro Murat, senador de Morena y delegado del partido en Nuevo León, encabezó la presentación del documento.
También participó René González Hernández, secretario general de la Comisión Estatal Electoral de Morena.
La misma acusación había sido presentada ante la Fiscalía General de la República durante mayo.
Según la denuncia, recursos públicos salieron del Gobierno estatal mediante pagos realizados a proveedores contratados por la administración.
Posteriormente, una parte del dinero habría llegado al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados.
El negocio pertenece a Samuel García y a su padre, de acuerdo con la información presentada por los denunciantes.
La acusación sostiene que algunos proveedores del Gobierno estatal habrían funcionado como intermediarios para trasladar los recursos.
En términos simples, la supuesta triangulación habría utilizado varias operaciones para dificultar el seguimiento del dinero público.
Morena pidió dar vista a la Unidad de Inteligencia Financiera para rastrear las operaciones y transferencias relacionadas con el despacho.
Los denunciantes presentaron copias de una investigación periodística, pero no mostraron públicamente pruebas adicionales sobre las operaciones señaladas.
Samuel García aseguró que está dispuesto a ser investigado y afirmó que las acusaciones forman parte de un asunto anterior.
El gobernador sostuvo que una investigación previa concluyó que no existió daño al patrimonio estatal.
La Fiscalía Anticorrupción deberá revisar la denuncia y determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación formal.
Hasta ese momento, los delitos mencionados constituyen señalamientos y no responsabilidades comprobadas mediante una sentencia
