Analistas del sector energético pidieron esperar los peritajes antes de considerar ilegales los 59 millones de litros asegurados en San José de Iturbide.
El combustible fue localizado dentro de una terminal ubicada en la comunidad de La Fragua, Guanajuato.
La Fiscalía General de la República inspeccionó 10 tanques, tres unidades de carga y documentos mercantiles relacionados con las operaciones.
El volumen incluye 33.5 millones de litros de gasolina regular y 7.2 millones de gasolina premium. También fueron contabilizados 18.2 millones de litros de diésel.
La autoridad mantiene bajo investigación el origen, traslado y propiedad de los hidrocarburos.
Hasta el momento, no existe una resolución judicial que determine si el combustible proviene de actividades ilegales.
Terminal almacena combustible para otras empresas
El consultor Gonzalo Monroy explicó que la terminal funciona mediante un esquema de depósito y custodia para terceros.
Bajo este modelo, la empresa operadora no compra ni comercializa el producto almacenado.
Su actividad consiste en recibir, resguardar y trasladar combustible perteneciente a comercializadoras y compañías energéticas.
Fuentes del sector mencionaron entre sus clientes a ExxonMobil, Marathon Petroleum y Shell, además de operaciones relacionadas con Pemex.
Sin embargo, la relación comercial y la documentación entregada todavía deberán ser verificadas por las autoridades.
El periodista Arnoldo Cuéllar señaló que la investigación permanece en una etapa inicial.
Por ello, consideró prematuro afirmar que la terminal participaba en almacenamiento clandestino o actividades vinculadas con el huachicol.
El procedimiento comenzó tras una investigación relacionada con la descarga de una pipa en San Luis de la Paz.
La FGR informó que el operador detenido en julio no acreditó la trazabilidad del combustible transportado.
Ese caso condujo a cateos en distintos inmuebles y posteriormente a la inspección de la terminal en La Fragua.
Según las fuentes consultadas, el personal trabajaba normalmente y entregó documentación fiscal y aduanal durante la diligencia.
La Fiscalía revisará cartas porte, contratos de depósito y pedimentos de importación para establecer la trazabilidad del producto.
Los dictámenes determinarán si la documentación coincide con los volúmenes almacenados y sus movimientos comerciales.
Mientras concluyen las diligencias, el combustible, las unidades y los documentos permanecen bajo resguardo del Ministerio Público Federal.
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Fuente: Grupo Es Noticia
