La justicia federal frenó las aspiraciones del empresario Amílcar Olán Aparicio para tratar a los medios y a las redes sociales como autoridades con el fin de ocultar su historial de contratos gubernamentales bajo el amparo de la administración obradorista.
Los expedientes judiciales revelan que el empresario tabasqueño promovió un litigio contra catorce medios de comunicación y las principales plataformas tecnológicas para impedir que se difundiera su actividad comercial y los nexos políticos que le permitieron amasar fortunas durante el régimen de la cuarta transformación. La estrategia legal consistió en exigir recursos de amparo radicados en Villahermosa bajo el argumento de que las publicaciones afectaban su reputación, intentando obligar a los jueces a equiparar a la prensa con entes gubernamentales para suprimir información incómoda para las élites morenistas.
El rechazo definitivo de los tribunales dejó al descubierto la pretensión de limitar la libertad de expresión mediante artilugios jurídicos que buscaban esquivar el escrutinio público sobre los contratos millonarios obtenidos al amparo del poder. Magistrados del Tribunal Colegiado de Materia Administrativa de Villahermosa resolvieron declarar improcedente la solicitud al determinar que las plataformas digitales y los medios informativos carecen de la naturaleza jurídica de autoridades, requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías.
La resolución judicial desmontó el pretexto del derecho de réplica esgrimido por el círculo cercano al régimen, recordándole al empresario que dicho instrumento legal sirve para corregir inexactitudes y no para instaurar mecanismos de censura o represión contra el periodismo de investigación.
Las investigaciones periodísticas documentan que el crecimiento patrimonial de este personaje ocurrió en paralelo a su cercanía con los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente con Andrés Manuel López Beltrán, además de mantener vínculos con figuras clave del partido gobernante como Adán Augusto López. Las revelaciones públicas detallan adquisiciones inmobiliarias de lujo en zonas exclusivas como Puerto Cancún, donde concretó compras millonarias tras haber recibido adjudicaciones directas y contratos para la provisión de medicamentos por parte de administraciones estatales emanadas de morena, como la encabezada por Mara Lezama en Quintana Roo.
Pese a que la Fiscalía General de la República ha descartado la existencia de órdenes de aprehensión vigentes por otros ilícitos como el contrabando de combustibles, el blindaje judicial solicitado por el empresario para evitar intervenciones en sus comunicaciones también fue desestimado por los tribunales federales y locales al no registrarse mandamientos ministeriales activos en su contra.
(Con información de Proceso)
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Fuente: Grupo Es Noticia
