A menos de un año de las elecciones de 2027, Morena pretende llevar al Congreso la vigilancia de la conversación política en internet. Los diputados Sergio Gutiérrez Luna y Arturo Ávila impulsan una comisión especial para investigar bots, cuentas automatizadas, memes, influencers y campañas digitales que, según argumentan, pretendan manipular la opinión pública o atacar a los gobiernos de Morena.
El problema no es combatir operaciones digitales artificiales; el verdadero riesgo es que una mayoría política termine decidiendo qué contenidos deben ser investigados.
La propuesta parte de una acusación que hasta ahora exige mayor sustento público. Ávila afirma que se han detectado aproximadamente 500 mil cuentas automatizadas utilizadas para amplificar narrativas contra Morena y el gobierno de Claudia Sheinbaum, e incluso calcula que una operación de esa magnitud podría costar decenas de millones de dólares. Sin embargo, no ha explicado con precisión qué metodología permitió identificar ese universo de cuentas ni de dónde surge esa estimación económica. Convertir una cifra no demostrada en fundamento para crear una estructura de vigilancia sería, por sí mismo, un problema.
El perfil de los impulsores tampoco es irrelevante. Sergio Gutiérrez Luna no es un legislador ajeno a la maquinaria electoral de Morena: ha sido diputado federal desde 2018, ha presidido la Cámara de Diputados en dos ocasiones y también se desempeñó como representante de Morena ante el INE. Él mismo ha defendido que esa función partidista consiste en proteger los intereses del partido en los procesos electorales.
Su trayectoria legislativa lo coloca además entre los principales operadores del oficialismo en San Lázaro. Durante su segunda presidencia de la Cámara condujo sesiones en las que se aprobaron numerosas reformas constitucionales impulsadas por la mayoría de Morena, mientras defendía públicamente el uso de la mayoría calificada para concretar el proyecto político del oficialismo. Incluso ha rechazado los señalamientos de que las reformas promovidas por Morena impliquen persecución o censura, lo que vuelve particularmente sensible que ahora participe en una propuesta para investigar el contenido político que circula en redes.
Arturo Ávila, por su parte, ocupa actualmente una curul por Morena y se ha convertido en uno de los principales voceros de la bancada oficialista. Su actividad pública se ha caracterizado por una defensa frontal del gobierno de Sheinbaum y por confrontaciones con legisladores opositores. En agosto pasado protagonizó incluso un enfrentamiento verbal y físico con un diputado priista durante una discusión sobre las acusaciones de “narcogobierno” e “injerencia extranjera”, episodio que refleja el grado de polarización en el que se desenvuelve el debate político actual.
En ese contexto, resulta difícil ignorar el riesgo de que una comisión de este tipo termine funcionando como herramienta política contra la oposición. Una cosa es detectar una red de bots creada deliberadamente para alterar una elección y otra muy distinta es poner bajo investigación a quienes generan memes, cuestionan al gobierno, difunden tendencias o producen contenido crítico.
La pregunta inevitable es quién determinará dónde termina la manipulación y dónde comienza la libertad de expresión.
El riesgo de censura indirecta es todavía mayor si la comisión puede citar a académicos, funcionarios, empresas y plataformas. No hace falta prohibir una publicación para intimidar a quien la produce; basta con crear la posibilidad de que un periodista, influencer, activista o ciudadano sea señalado como parte de una supuesta “campaña” contra el gobierno. En México ya existen antecedentes recientes de controversias por sanciones y procedimientos contra usuarios y periodistas por publicaciones en redes, lo que ha alimentado advertencias sobre el uso político de mecanismos legales contra la expresión crítica.
Morena sostiene que investigará las operaciones artificiales sin importar a qué partido beneficien, pero hasta ahora el discurso que acompaña la iniciativa coloca a Morena como víctima y a sus críticos como el problema. Si realmente se pretende proteger la integridad electoral, el camino debería ser otro: presentar las pruebas, explicar la metodología y dejar que instituciones técnicas e independientes determinen si existe manipulación, en lugar de otorgar a una comisión política facultades para escudriñar la conversación pública.
La propuesta llega, además, cuando el oficialismo enfrenta un intenso debate sobre las reglas electorales de 2027 y después de múltiples acusaciones de que las mayorías legislativas están concentrando cada vez más poder institucional. Por eso, el punto central no es defender los bots ni las campañas falsas; esas prácticas deben investigarse.
El problema es entregar a políticos que ya participan activamente en la disputa electoral una nueva herramienta para vigilar el terreno donde se libra buena parte de la batalla política. Si Morena quiere demostrar que no busca censurar, tendrá que garantizar algo elemental: que ningún meme, crítica, periodista, influencer o ciudadano termine bajo investigación simplemente por incomodar al poder.
