El detonante fue un altercado ocurrido el pasado fin de semana en Coatepec, donde Arturo López Obrador, hermano del exmandatario y residente de Xalapa desde hace años, fue increpado y expulsado a gritos de un restaurante junto con su familia. Sin embargo, el exabrupto público fue apenas la punta del iceberg.
A raíz de este incidente, el escrutinio social se volcó sobre los hijos de Arturo, revelando que tres sobrinos del expresidente –Erandi Isabel, Terheni Andrea y Pedro Arturo López Herrería– se encuentran cobrando cómodamente en la nómina de la administración estatal de Rocío Nahle.
El caso ha encendido, con justa razón, las alertas por presunto nepotismo y tráfico de influencias, con cargos estratégicos repartidos en áreas de Educación, Salud y Gobernación.
El caso más ilustrativo es el de Erandi Isabel López Herrería, nombrada rectora de El Colegio de Veracruz (Colver). Según la Plataforma Nacional de Transparencia, ostenta una remuneración bruta mensual de 145 mil 322 pesos (poco más de 106 mil netos). Pero la controversia va más allá del sueldo: se trata de una flagrante violación a la ley. La Ley Número 906 exige que el titular de dicho cargo cuente con al menos tres años de antigüedad con un título de posgrado. Erandi Isabel apenas es Licenciada en Ciencias de la Educación. Aunque cursó una maestría en La Salle, su estatus oficial es de «título en proceso» y no cuenta con la cédula profesional correspondiente. En términos estrictos, no cumple con los requisitos legales para ocupar la rectoría.
Sus hermanos tampoco escapan a la polémica. Terheni Andrea percibe 33 mil 750 pesos mensuales en la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, dentro de los Servicios de Salud de Veracruz.
Por su parte, Pedro Arturo funge como asesor de la Secretaría de Gobierno con un modesto salario de 6 mil 500 pesos; sin embargo, ha sido exhibido en redes sociales portando relojes valuados en más de 200 mil pesos. A esto se suma el aparente conflicto de interés al ser señalado como administrador único de la empresa Ferreroconstrucciones LH, S.A. de C.V.
Frente a la crisis, la respuesta oficial ha rayado en el absurdo. La gobernadora Rocío Nahle salió en defensa de las contrataciones argumentando que «no hay nepotismo porque no son sus familiares directos», una interpretación bastante conveniente de la ética pública. Para justificar su permanencia, apeló a que los jóvenes residen en Xalapa, son egresados de la Universidad Veracruzana y «tienen derecho a trabajar». No obstante, ante la presión por los montos, Nahle prometió revisar y ajustar a la baja el oneroso sueldo de Erandi en el Colver.

En la misma línea defensiva, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, reconoció la contratación de Pedro López Herrería, justificándola en su «trayectoria» y negando categóricamente cualquier privilegio derivado de su parentesco. Tras rechazar que se trate de «aviadores», el secretario retó a los críticos con un mensaje directo: «Vayan a verlos trabajar».
Más allá de las maromas retóricas de la administración estatal, a los hermanos López Herrería se les señala no solo por ocupar cargos públicos cuestionables, sino por ostentar un nivel de vida que difícilmente cuadra con la narrativa de austeridad, presuntamente financiado a costa del erario.
Ante este panorama donde los apellidos parecen pesar más que las credenciales legales, la pregunta queda en el aire para el escrutinio ciudadano: ¿Estaremos frente a un genuino reconocimiento al mérito profesional, o ante la enésima cuota de poder pagada a la familia presidencial? Usted, ¿qué opina de estas contrataciones?
Columna de opinión por Alexandro Vazquez Loyo
Director general de Grupo Es Noticia, además de empresario del ramo turístico.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con una maestría en Mercadotecnia por el ITESM.
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