Tres de cada diez funcionarios con antecedentes en el servicio público que buscan una candidatura de Morena y sus aliados para las gubernaturas de 2027 carecen de un patrimonio verificable.
Una revisión realizada a las declaraciones patrimoniales de 111 aspirantes con trayectoria gubernamental reveló que 38 de ellos no cuentan con registros públicos accesibles, ya sea porque optaron por mantener su información en reserva o porque reportaron no poseer bienes a su nombre.
El proceso interno del partido oficialista contempla la participación de 277 inscritos que compiten para encabezar las coordinaciones estatales de defensa de la transformación, cifra que representa la antesala de las candidaturas a las administraciones estatales que se renovarán próximamente.
Análisis de perfiles y opacidad patrimonial en el proceso interno
Durante los registros realizados a finales de junio, la Comisión Nacional de Elecciones del partido implementó filtros orientados a descartar perfiles con antecedentes de nepotismo o denuncias por violencia política. Sin embargo, el análisis detallado de los perfiles disponibles expone que 24 contendientes no registraron ningún tipo de bien mueble o inmueble, mientras que diez casos carecen por completo de declaraciones públicas y cuatro rechazaron autorizar la consulta de sus bienes.
Varios contendientes acumulan señalamientos públicos y revisiones de órganos fiscalizadores por presuntas irregularidades administrativas. Entre los casos documentados figuran exalcaldes y legisladores cuyas gestiones enfrentaron cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos o propiedades de alto valor no reportadas formalmente en sus declaraciones iniciales de transparentación.
Filtros partidarios y criterios de selección rumbo a 2027
Los lineamientos establecidos por la dirigencia nacional determinan que únicamente quedarán un máximo de seis aspirantes finalistas por cada entidad federativa, quienes participarán en las encuestas definitorias. La opacidad patrimonial detectada en un sector importante de los contendientes genera cuestionamientos entre especialistas en transparencia sobre la eficacia de los mecanismos de fiscalización interna y la rendición de cuentas exigida a los aspirantes a cargos de elección popular.
Las organizaciones civiles y los órganos de fiscalización continuarán revisando las trayectorias de los participantes para garantizar el cumplimiento de las normativas de transparencia vigentes, mientras la fuerza política define a sus representantes estatales de cara a la contienda electoral del próximo año.
