El Gobierno de México descarta investigar a Marina del Pilar Ávila Olmeda tras la difusión de unos polémicos audios.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó que no existen elementos para abrir una indagatoria contra la gobernadora de Baja California.
En las grabaciones telefónicas, la mandataria estatal presuntamente ofrece compartir datos de las mesas de seguridad con autoridades de Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la postura del gabinete y marcó una clara diferencia entre este caso y los operativos de agencias extranjeras en Chihuahua.
Omar García Harfuch afirma que no hay delito en audios de la gobernadora
La administración federal fijó su posicionamiento oficial durante la conferencia de prensa matutina realizada en el Palacio Nacional. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) atendió los cuestionamientos sobre el caso de Baja California.
García Harfuch explicó de forma directa que sostuvo una conversación previa con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Tras el análisis del material, el funcionario federal descartó la comisión de cualquier ilícito penal o administrativo.
El secretario de Seguridad federal confirmó que la llamada telefónica difundida no revela información considerada sensible para la nación. Por lo tanto, el Gobierno de México descarta investigar a Marina del Pilar debido a la falta de pruebas delictivas.
Las carpetas de investigación correspondientes ante la Fiscalía General de la República no serán abiertas por este hecho en particular. La autoridad ministerial requiere indicios claros de una conducta criminal para proceder con una indagatoria formal.
El origen de la controversia pública surgió tras una columna periodística publicada por el analista Héctor de Mauleón. El comunicador exhibió grabaciones donde la mandataria bajacaliforniana conversa sobre el intercambio de información con presuntos agentes estadounidenses.
De acuerdo con el titular de la SSPC, los temas tratados en los audios corresponden a dinámicas institucionales comunes. La gobernadora notificó al gabinete de seguridad federal sobre la existencia de este material antes de que se hiciera público.
Claudia Sheinbaum marca diferencias con operativos ilegales en Chihuahua
La presidenta de la República intervino en la discusión para dar claridad al manejo de las relaciones bilaterales. Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que la situación de Baja California es radicalmente opuesta a los incidentes reportados en Chihuahua.
En el estado de Chihuahua, las fuerzas federales documentaron y denunciaron la intrusión física de agentes de Estados Unidos. El personal extranjero participó directamente en el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en territorio mexicano.
Esa acción en el norte del país representó una violación flagrante a los códigos de la Ley de Seguridad Nacional. En contraste, el caso actual de Baja California se limita a un diálogo telefónico cuyo contexto sigue bajo análisis.
La jefa del Ejecutivo federal cuestionó la procedencia de las filtraciones y el espionaje contra los gobernantes estatales. Sheinbaum consideró fundamental conocer la identidad de las personas que grabaron y difundieron la conversación privada.
La presidenta instruyó a las áreas de inteligencia civil a revisar las condiciones en las que ocurrió la llamada. Sin embargo, reiteró que hasta el momento no existe evidencia de operaciones de agencias extranjeras en la entidad fronteriza.
La identidad real de los interlocutores de la llamada telefónica aún no se encuentra plenamente confirmada por la federación. Las autoridades desconocen si los receptores pertenecen formalmente a alguna estructura gubernamental o policial del país vecino.
Las reglas de operación en las mesas de seguridad estatales
El secretario García Harfuch aprovechó la tribuna pública para detallar el funcionamiento de los órganos de coordinación regional. Las mesas de seguridad estatales operan de forma coordinada entre gobernadores, comandantes militares y fiscales locales.
En estos espacios de diálogo se revisan de manera cotidiana los índices de la incidencia delictiva de cada región. Los funcionarios dan seguimiento puntual a los objetivos prioritarios y analizan los casos de violencia en desarrollo.
El funcionario federal sostuvo que la información compartida en estas reuniones no es estrictamente cerrada al escrutinio técnico. Muchos de los datos estadísticos sirven para alimentar los diagnósticos compartidos con corporaciones internacionales aliadas.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda emitió un comunicado de prensa para aclarar su versión de los hechos. La mandataria bajacaliforniana aseguró que sus gestiones siempre respetan los convenios de colaboración internacional autorizados por la federación.
El Gobierno de México mantendrá la coordinación estrecha con la administración de Baja California para reforzar el combate al crimen. Las acciones operativas en la frontera continuarán sin modificaciones logísticas tras este incidente mediático.
Las fiscalías estatales no han recibido denuncias formales por parte de los partidos políticos de oposición de la entidad. El desenlace de la polémica dependerá de los nuevos datos que aporten las investigaciones sobre el espionaje telefónico.
La postura de la federación otorga un respiro político inmediato a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda frente a sus opositores. Al dictaminar que no existe filtración de datos reservados, el gabinete de seguridad cierra la posibilidad de un juicio interno. Sin embargo, el debate sobre el espionaje a funcionarios y la presencia de agencias estadounidenses en la frontera norte permanecerá bajo la lupa pública.
