Una investigación citada en medios nacionales asegura que los hijos del expresidente recibieron dinero en efectivo. El señalamiento apunta a Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
Según la versión difundida, Díaz Vega operaba como enlace financiero dentro de una presunta red de corrupción. Su función era canalizar recursos que, de acuerdo con la investigación, tendrían origen en el Cártel de Sinaloa.
El dinero habría sido entregado directamente a los hijos del exmandatario. Las entregas se realizaban en Sinaloa o en la Ciudad de México.
Las acusaciones se basan en fuentes con acceso a una investigación en Estados Unidos. Hasta ahora, no hay confirmación oficial por parte de autoridades mexicanas.
Red de empresas y contratos bajo sospecha
El reporte señala la existencia de empresas fachada usadas para lavar dinero. Estas compañías habrían facilitado el flujo de recursos hacia distintos proyectos.
De acuerdo con la información, los recursos se vinculan con contratos de obra pública. También se mencionan negocios en sectores como salud y desarrollo de infraestructura.
La supuesta red habría permitido gestionar permisos y contratos en distintas áreas. Entre ellos, proyectos en Mazatlán y otras zonas de Sinaloa.
El esquema, según la investigación, operaba con apoyo de funcionarios estatales. Esto incluía la asignación de contratos y manejo de recursos.
Operador financiero y proyectos estratégicos
En la trama aparece el nombre de Amílcar Olán, identificado como presunto operador financiero. Su papel habría sido ejecutar negocios cuando los hijos del expresidente no participaban directamente.
Olán ha sido vinculado como proveedor en proyectos federales. Entre ellos, el Tren Maya y el Tren Interoceánico.
Según la versión difundida, su función era integrar los recursos en nuevos proyectos. Esto incluiría contratos y operaciones comerciales.
Las acusaciones señalan que conocía el origen del dinero. Sin embargo, no existe una resolución judicial que confirme estos hechos.
Contexto político y acusaciones en Sinaloa
La investigación también describe una reunión previa a las elecciones de 2021. En ese encuentro se habría definido una relación entre actores políticos y el crimen organizado.
El documento citado menciona una estructura de 34 páginas con detalles del caso. En él se identifica a Díaz Vega como pieza clave.
El exfuncionario dejó su cargo en julio de 2024. Su salida coincide con versiones sobre tensiones internas y presiones del crimen organizado.
Semanas después, se registraron hechos de seguridad relevantes en el estado. Entre ellos, la entrega de Ismael “Mayo” Zambada a autoridades de Estados Unidos.
Licencia de Rocha Moya y seguimiento federal
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia el 1 de mayo de 2026. La decisión ocurre en medio del avance de investigaciones.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que el mandatario con licencia permanece en Sinaloa. Está bajo resguardo del Gabinete de Seguridad federal.
Hasta ahora, las autoridades no han confirmado los señalamientos contra los hijos del expresidente. Tampoco se han presentado cargos formales en su contra.
El caso abre un nuevo frente en el debate sobre corrupción y crimen organizado en México. Las acusaciones aún no han sido confirmadas por autoridades, pero generan presión política y mediática. En los próximos días se espera una postura oficial que aclare el alcance de la investigación.
