La trabajadora auxiliar de Petróleos Mexicanos (Pemex), Virginia Guillén Ávalos, se encuentra bajo investigación por presuntas irregularidades en la declaración de sus bienes, lo que podría derivar en sanciones que van desde su despido hasta una posible pena de prisión.
De acuerdo con reportes periodísticos, la funcionaria habría adquirido propiedades, terrenos y una camioneta de lujo sin reportarlos en su declaración ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a pesar de percibir un salario mensual aproximado de 38 mil pesos. El caso cobró relevancia pública tras la difusión de una ostentosa celebración de XV años vinculada a su entorno familiar.
Ante estos hechos, Pemex informó que presentó una denuncia ante la Unidad de Responsabilidades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, lo que activó un proceso de investigación interna.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que antes de emitir sanciones es necesario que el Órgano Interno de Control realice las indagatorias correspondientes.
¿Cuál podría ser la sanción?
Especialistas en materia fiscal advierten que, en caso de comprobarse omisiones o inconsistencias en la declaración patrimonial, la funcionaria podría enfrentar sanciones administrativas.
Tales como suspensión, destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 20 años, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En el ámbito fiscal, el SAT puede imponer multas económicas que van desde los 2 mil hasta los 50 mil pesos por omisiones en la declaración. Sin embargo, si se detecta una discrepancia significativa entre ingresos y bienes, el caso podría escalar a un delito de defraudación fiscal, castigado con penas que van de tres meses hasta nueve años de prisión.
El contador y fiscalista Mauricio Trahyn explicó que las autoridades deben acreditar plenamente la falta, incluyendo posibles conflictos de interés o ingresos no justificados. Además, destacó que en estos casos también puede investigarse al cónyuge para determinar el origen de los recursos.
El caso continúa en proceso de investigación y podría convertirse en un referente sobre la fiscalización de servidores públicos y la obligación de transparentar el origen de su patrimonio.
Fuente: Grupo Es Noticia
