Desde comienzos de 2025, Empresas del Bienestar sospechosas han llamado la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) al detectar transferencias millonarias y vínculos con personas señaladas por lavado de dinero. Entre estas figuras sobresale uno de los cuñados del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien constituyó dos firmas vinculadas a los programas sociales del Bienestar con socios bajo investigación por operaciones inusuales en 2023 y presunto lavado de recursos
La UIF incluyó a estas empresas del cuñado de AMLO en su lista de reportes de operaciones inusuales tras identificar movimientos bancarios atípicos por más de 150 millones de pesos entre septiembre y noviembre de 2023. Dos de los socios aparecen en expedientes de la propia UIF por presunto lavado de dinero, lo que activó un análisis financiero profundo de sus cuentas y transacciones .
En diciembre de 2025, la FGR confirmó la apertura de una carpeta de investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita contra las dos empresas fundadas por el cuñado de AMLO. Según fuentes oficiales, la indagatoria busca determinar si los fondos destinados a los programas de Bienestar fueron desviados hacia cuentas de terceros con acusaciones previas de lavado de dinero.
Quién es el cuñado del Presidente
El implicado, identificado como Juan Manuel Gutiérrez Müller (hermano de la esposa del presidente), es un empresario ligado al sector de servicios comunitarios. En abril de 2025 registró las sociedades “Tiendas Bienestar Plus S.A. de C.V.” y “Servicios Comunitarios del Bienestar S.A. de C.V.”, ambas proveedoras de insumos para centros de desarrollo comunitario. Según el Registro Público de Comercio, los accionistas incluyen a Luis Enrique Rivas y Sergio Alberto Aguilar, señalados por la UIF en 2023 por transacciones irregulares y remesas sin justificación clara.
Reacciones y posibles consecuencias
La oposición y organizaciones civiles han exigido transparencia y la intervención de órganos autónomos para garantizar que los recursos del Bienestar lleguen a sus destinatarios sin filtraciones ilícitas. Morena ha acusado un intento de “politizar” la investigación, mientras que expertos en transparencia advierten que el caso podría derivar en sanciones administrativas y penales si se comprueba el desvío de fondos públicos bajo presuntas prácticas de lavado.
Fuente: Grupo Es Noticia
