El Senado de México aprobó por unanimidad este martes una reforma constitucional para terminar con las llamadas pensiones millonarias en organismos públicos.
La medida, avalada con 116 votos de todas las fuerzas políticas en la Cámara Alta, establece un nuevo límite para las jubilaciones de exdirectivos de empresas del Estado y entidades financieras públicas. El objetivo es reducir gastos considerados excesivos y poner orden en el uso de recursos públicos destinados a pensiones.
La reforma modifica el artículo 127 de la Constitución y fija que las pensiones financiadas con recursos públicos no podrán superar el 50 por ciento del salario de la persona titular del Ejecutivo federal. Con esta modificación, el monto máximo permitido será de aproximadamente 70 mil pesos mensuales. El cambio aplicará tanto para nuevas jubilaciones como para pensiones actualmente vigentes en organismos como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, Nacional Financiera y Banobras.
Durante el debate legislativo, senadores señalaron que existen casos de pensiones consideradas “estratosféricas”, que llegan a superar los 340 mil pesos e incluso el millón de pesos mensuales. Uno de los casos más citados es el de un exsubdirector de la extinta Luz y Fuerza del Centro que ha recibido una pensión superior al millón de pesos mensuales durante 17 años, acumulando más de 204 millones de pesos en ese periodo.
La reforma fue respaldada por legisladores de Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, aunque representantes de la oposición señalaron que el cambio aún es incompleto. Algunos senadores propusieron que también se revisen las pensiones de mandos medios y altos de las fuerzas armadas, así como las jubilaciones de funcionarios de toda la administración pública federal y de ministros retirados del Poder Judicial.
Durante la discusión también surgió el debate sobre la posible retroactividad de la reforma. Sin embargo, los presidentes de las comisiones dictaminadoras aclararon que la modificación constitucional no obliga a exfuncionarios a devolver recursos ya recibidos, sino que establece nuevos parámetros para las pensiones financiadas con dinero público a partir de su entrada en vigor. Legisladores señalaron que el ajuste podría generar un ahorro cercano a cinco mil millones de pesos anuales para las finanzas públicas. La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo correspondiente.
