Ante la desaparición en 2024 del mapa oficial de fosas clandestinas a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda, organizaciones civiles y académicas reactivaron la Plataforma Ciudadana de Fosas, una iniciativa que desde 2020 documenta estos hallazgos en el país. La actualización evidencia el vacío dejado por las autoridades y la persistente crisis forense que enfrenta México.
El proyecto, impulsado por Data Cívica y otras instituciones, integra solicitudes de información, cobertura periodística y reportes de colectivos de búsqueda. Su directora ejecutiva, Mónica Meltis Vejar, señaló que la plataforma responde a la opacidad institucional y a la urgencia de contar con datos públicos confiables en un contexto de desaparición forzada y falta de identificación forense.
Entre 2006 y 2024, las fiscalías estatales reportaron 5 mil 532 fosas, mientras que la Fiscalía General de la República apenas registró 630. La discrepancia revela no solo subregistro, sino también fallas de coordinación y omisiones que obstaculizan la búsqueda de personas desaparecidas.
Jalisco concentra una parte importante de los hallazgos, con mil 120 cuerpos exhumados, de acuerdo con los registros ciudadanos. En 2024, mientras la Fiscalía estatal reportó 50 fosas y la federal ninguna, la prensa documentó 55, principalmente en municipios como Tlajomulco, Zapopan y Guadalajara.
La falta de homologación en los criterios de registro entre entidades y la negativa de algunas fiscalías a proporcionar información profundizan la fragmentación institucional. En contraste, colectivos como Regresando a Casa Morelos han asumido tareas forenses ante la negligencia estatal, documentando casos en localidades como Tetelcingo y Jojutla.
El diagnóstico también revela que alrededor de 70 mil cuerpos permanecen sin identificar en servicios médicos forenses, fosas comunes y panteones ministeriales, lo que confirma el colapso del sistema de identificación humana en el país.
Meltis subrayó que la plataforma no busca suplir al Estado, sino visibilizar sus omisiones y ofrecer una herramienta pública que contribuya a contrastar cifras y mantener viva la exigencia de verdad y justicia.
“Sí ayuda a seguir insistiendo en la importancia y en la obligación de tener esta información… y que esté encaminada a identificar a las personas”, finalizó.
Fuente: Grupo Es Noticia