En medio de la crisis que enfrenta Poza Rica tras las recientes inundaciones, nuevos señalamientos sacuden a la familia del alcalde Fernando Remes, evidenciando tensiones internas y cuestionamientos sobre su gestión pública y familiar.
Fuentes cercanas apuntan a conflictos dentro del entorno más cercano del edil y del DIF municipal, donde presuntamente se habrían registrado diferencias por el manejo de recursos y decisiones políticas.
Estos desacuerdos habrían derivado en el distanciamiento de Lili Remes, ex presidenta del Patronato del DIF, quien recientemente volvió a ser noticia tras un incidente ocurrido en Pachuca, Hidalgo, que hoy genera controversia y atención mediática.
Más allá de los detalles personales, la situación ha reavivado el debate sobre la responsabilidad moral y política de quienes gobiernan. En redes sociales y espacios ciudadanos, muchos se preguntan con ironía y enojo:
“Si no apoya ni a su propia hija, ¿cómo esperar que atienda las necesidades de todo un pueblo que hoy sufre por el abandono y la tragedia?”
Mientras tanto, la indignación crece. La percepción de distancia, indiferencia y falta de empatía por parte de las autoridades locales contrasta con la realidad de cientos de familias que siguen enfrentando los estragos de las inundaciones en la región.
Dos mujeres, Verónica Yetzín Domínguez Ortiz y Fernanda Remes Oropeza aseguran ser víctimas de violencia vicaria, una forma de agresión en la que los hijos se utilizan como medio de control o castigo hacia el otro progenitor. Ambas relatan que el sistema judicial, lejos de proteger a los menores, ha permitido que los procesos se prolonguen sin soluciones efectivas.
El testimonio de Fernanda Remes
Un caso similar enfrenta Fernanda Remes Oropeza, hija del presidente municipal de Poza Rica, Veracruz, es madre de tres menores de edad, también denunció ser víctima de violencia vicaria. Afirma que su expareja sustrajo ilegalmente a sus hijos y que, pese a tener resoluciones judiciales a su favor, no se han cumplido.
Fernanda Remes Oropeza
Tras su divorcio, ambos acordaron una custodia compartida: los niños —de 11, 9 y 8 años— permanecían con ella entre semana y con su padre los fines de semana. Sin embargo, el 19 de mayo, luego de que su expareja recogiera a los menores en la escuela, no volvió a verlos.
“Fue hasta el 23 de mayo que me notificaron que él buscaba la custodia total. No me permitió verlos antes de iniciar el proceso”, declaró.
Remes Oropeza asegura haber enfrentado irregularidades durante el juicio de divorcio y denunció presunto nepotismo que favoreció al padre de sus hijos. Además, fue acusada de robo a casa habitación, una denuncia que, sostiene, se presentó de forma dolosa.
“Quiso convertir un tema familiar en un asunto penal. Hoy tengo una carpeta de investigación abierta, donde mi agresor me acusa de robar objetos de su vivienda, cuando solo fui a recoger pertenencias de mis hijos”, explicó.
“Mi lucha no es personal, es por justicia imparcial, por proteger a mis hijos y por visibilizar la violencia vicaria que vivimos muchas mujeres”, enfatizó.
Justicia familiar
Ambos casos evidencian las fallas del sistema familiar en Hidalgo: procesos lentos, falta de medidas efectivas para garantizar la convivencia y ausencia de sanciones para quienes incumplen resoluciones judiciales.
Mientras los casos de Verónica y Fernanda siguen detenidos entre expedientes y oficios, la vida de sus hijos transcurre lejos de sus madres.
Datos judiciales
Con base en la estadística judicial, de enero a septiembre de 2025, se ingresaron 17 mil 194 asuntos en materia familiar y se abrieron 5 mil 527 causas penales del sistema penal acusatorio. Pachuca fue el distrito judicial con más asuntos iniciados con 3 mil 975 en total, lo mismo que en sistema penal con mil 896 asuntos.
Según la misma estadística, los delitos más frecuentes judicializados son: Violencia familiar con mil 238 causas, y el Incumplimiento de las obligaciones alimentarias con 635 asuntos.
Fuente: Grupo Es Noticia Veracruz
