En respuesta a recientes publicaciones en medios ecuatorianos que citan un presunto mensaje militar del 17 de abril, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ha rechazado categóricamente los señalamientos que vinculan al país con supuestos planes de atentados terroristas en Ecuador.
Ecuador emite alerta máxima por presunta amenaza
Según medios locales ecuatorianos, documentos atribuidos a fuentes militares habrían advertido que tras las elecciones presidenciales, “se ha iniciado el traslado de sicarios desde México y otros países hacia el Ecuador, con la finalidad de realizar atentados terroristas contra el presidente de la República, su Gabinete Ministerial y equipo de trabajo”.
Dicha información habría motivado la emisión de una alerta máxima de seguridad por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa.
México rechaza narrativas sin fundamento
Ante esta situación, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitió un comunicado en el que rechaza “tajantemente la reiterada e inescrupulosa creación de narrativas en comunicados oficiales y/o filtraciones de documentos oficiales que aludan a México como fuente de supuestos actos delictivos o situaciones internas en ese país”.
La cancillería mexicana enfatizó que tales señalamientos carecen de pruebas y representan un intento de manipular la opinión pública en medio de una coyuntura política compleja en Ecuador.
México reitera su postura de no intervención
A pesar de la reciente ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, provocada por el asalto a la Embajada mexicana en Quito el pasado 5 de abril —evento que el Gobierno de México calificó como una grave y flagrante violación al derecho internacional—, el país reiteró su compromiso con el principio de no intervención en los asuntos internos de otras naciones.
“El Gobierno de México se guía y se guiará siempre bajo el principio de no intervención”, destacó el comunicado oficial.
Contexto del conflicto diplomático entre México y Ecuador
El deterioro de las relaciones bilaterales se profundizó tras el polémico ingreso forzado de fuerzas de seguridad ecuatorianas a la sede diplomática mexicana en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien había solicitado asilo político.
Desde entonces, México ha elevado el caso ante la Corte Internacional de Justicia y ha recibido el respaldo de diversos países y organismos internacionales.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, generó polémica esta semana al calificar como «violencia vicaria» las burlas dirigidas a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que este pidiera ser llamado por su nombre completo y no «Andy» durante su participación en el pódcast La Moreniza.
Tras la difusión del episodio, usuarios en redes sociales y figuras políticas, como Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, se burlaron de la solicitud de López Beltrán, lo que provocó una oleada de comentarios. En respuesta, Monreal expresó en su cuenta de X que estas reacciones eran una forma de violencia vicaria y manifestó su solidaridad con el hijo del exmandatario.
Monreal incluso publicó un texto titulado «Derecha vicaria» en su sitio web, donde argumentó que la oposición estaría utilizando una «forma de violencia política vicaria» al atacar a López Beltrán, al no poder confrontar directamente a López Obrador. Según el senador, estas acciones reflejan un intento por dañar al expresidente a través de su hijo.
La declaración fue duramente criticada por el Frente Nacional Mujeres (FNM), una organización que lucha contra la violencia de género. A través de un comunicado difundido también en X, el colectivo señaló que la violencia vicaria es un fenómeno específico y grave, que afecta a mujeres mediante el maltrato, secuestro o asesinato de sus hijas e hijos, con el objetivo de causarles daño emocional y destruir el vínculo materno.
«El uso político del término invisibiliza el sufrimiento real de cientos de mujeres e infancias víctimas de esta violencia. No es algo simbólico ni mediático; es brutal y tangible», reclamó el FNM. Para la organización, utilizar este concepto en un contexto de discusión pública trivializa su gravedad y muestra un desconocimiento preocupante de los derechos humanos.
Hasta el momento, Ricardo Monreal no ha emitido una respuesta directa a las críticas de los colectivos feministas. Sin embargo, el debate ha reabierto cuestionamientos sobre el uso responsable del lenguaje en la política y la importancia de no desvirtuar conceptos vinculados a luchas sociales y de género.
El DIF Oaxaca abrió una investigación tras difundirse imágenes de una boda en San Juanito Yosocani donde presuntamente participaron menores de edad
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Oaxaca inició una indagatoria formal tras la circulación en redes sociales y medios de comunicación de fotografías y videos que muestran la celebración de una boda en la comunidad de San Juanito Yosocani, donde presuntamente participaron menores de edad y se observó el consumo de bebidas alcohólicas.
La Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennao) ya abrió el expediente correspondiente (0628/PRODENNAO/SPE/2025), con el objetivo de examinar si se violaron derechos fundamentales de menores en el contexto de dicha ceremonia, ubicada en la región de la Costa.
“Se tiene el objetivo de detectar posibles vulneraciones de derechos y evaluar las situaciones de riesgo en la que se encuentran los adolescentes involucrados. Aunado al consumo de alcohol entre niñas y niños”, comunicó el organismo.
Como parte de esta acción, se implementará una intervención psicosocial en el sitio de los hechos. Esta evaluación se realizará bajo un enfoque multidisciplinario, centrado en la protección integral y en la identificación de factores de riesgo que puedan comprometer el bienestar físico y emocional de los menores.
En caso de confirmarse que se trató de una unión temprana entre adolescentes, la Prodennao procederá a dictar las medidas de protección necesarias para salvaguardar su integridad, así como asegurar condiciones adecuadas para su desarrollo personal y social.
La legislación mexicana es clara al respecto. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), en su artículo 45, estipula que todos los menores de edad deben estar protegidos contra uniones forzadas y tempranas. Además, el Código Civil Federal, reformado el 3 de junio de 2019, establece en su artículo 148 que el matrimonio solo puede celebrarse entre personas mayores de 18 años. Esta norma es replicada en los códigos civiles de todas las entidades federativas del país.
El caso ha generado inquietud en diversos sectores, no solo por la presunta celebración de un matrimonio infantil, sino también por las implicaciones sociales y legales del consumo de alcohol en menores durante una ceremonia tradicional. El DIF Oaxaca reiteró su compromiso de actuar con base en la ley y con enfoque en la protección de los derechos de la infancia.
Una niña de 12 años, perteneciente a una comunidad indígena del municipio de Santa Catarina, dio a luz en el Hospital General de Rioverde, ubicado en la zona Media de San Luis Potosí.
La situación fue confirmada por Óscar Camacho, titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) en esta región, quien detalló que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el entorno en el que ocurrió el embarazo y deslindar responsabilidades.
Camacho explicó que en varias comunidades de esta zona prevalecen usos y costumbres en los que no se perciben como anómalos los embarazos adolescentes, pese a que están penados por la ley.
La madre adolescente y su bebé se reportan en buen estado de salud y han recibido atención especializada por parte del personal de la PPNNA, que da seguimiento al caso para garantizar su integridad física y emocional.
Este caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de fortalecer mecanismos de prevención, educación y protección en comunidades indígenas y rurales, donde aún persisten prácticas que vulneran los derechos de niñas y adolescentes.