Fuerzas estatales y federales recuperaron el control de una zona fronteriza con Arizona que había sido tomada desde el 2019 por un brazo armado de Los Chapitos
En Sonota, autoridades estatales y federales lograron recuperar una zona fronteriza con Arizona, al recobrar 42 ranchos y dos minas que estaban en manos de Los Pelones, un brazo de Los Chapitos.
Desde 2019, este grupo armado tomó a sangre y fuego un área de 90 mil hectáreas donde pobladores desarrollaban actividades de minería, cacería cinegética, agricultura y ganadería.
Los ranchos ganaderos o cinegéticosfueron saqueados y destrozados. Algunos dueños, como Rogelio Lizárraga y su familia, ya pudieron regresar a su propiedad, donde atienden a turistas que acuden a cazar venados.
OPERATIVO EN SONORA RESCATAN RANCHOS Y MINAS DESPOJADOS
Para financiar a La Chapiza con 1.6 millones de dólares al mes, producto de la explotación ilegal de una mina de oro en el desierto de Sonora, el brazo armado de Los Pelones operaba en la región fronteriza con Arizona, desplazó con violencia y amenazas a pobladores, dueños de ranchos, trabajadores y campesinos del poblado La Ciénega y sus alrededores.
Desde 2019, a sangre y fuego combatiendo a otros grupos criminales como el Cártel de Caborca y Los Salazar, pero también amenazando a civiles, sicarios lograron tomar el control y lucrar con más de 42 ranchos y dos minas, ubicadas es un polígono de 90 mil hectáreas, una superficie equivalente a los estados de Morelos o Tlaxcala, donde sus pobladores desarrollaban actividades de minería, cacería cinegética, agricultura y ganadería; pero todo lo destruyeron.
Hasta septiembre de 2024, cuando un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, con el apoyo de la Secretaría de Marina Armada de México, retomaron el control de la región en una acción diseñada junto con un grupo de asesores especialistas en seguridad minera, logrando recuperar 42 ranchos y dos yacimientos.
Un asesor en inteligencia que participó en el diseño de la operación explicó a Excélsior que por meses la Secretaría de Seguridad Pública dio seguimiento táctico y de inteligencia en la región. Estableció que Omar Félix “N”, conocido como El Pelón de Sonoyta, jefe de plaza de La Chapiza, mandaba a Iván Archivaldo Guzmán, por avioneta, el equivalente a 1.6 millones de dólares en oro.
“El oro que se extraía en la Mina de la Ciénega y Cerro Colorado era una gran fuente de financiamiento para la facción de Los Chapitos. Eran cinco puntos donde tenían entre 80 a 100 personas trabajando 24 horas al día, los siete días de la semana, para extraer el oro que vendían en Caborca, Sinaloa y Jalisco”, explicó el asesor de seguridad minera, quien pidió omitir su identidad.
El llamado oro de placer se encuentra en depósitos de arena, grava u otros sedimentos que contienen minerales valiosos. Se forma cuando el oro se libera de los depósitos en las vetas, es transportado y se concentra para limpiarse y separarse de otros materiales.
Considerando que las minas La Ciénega y Cerro Colorado fueron explotadas por cinco años con un rendimiento promedio de 1.6 millones de dólares al mes, se calcula que el cártel obtuvo más de 96 millones de dólares, unos dos mil millones de pesos.
Además de las minas, los sicarios se apoderaron de ranchosmediante amenazas contra los dueños para exigirles que abandonaran la zona. En estas propiedades cada año llegaban cazadores nacionales y extranjeros para realizar la cacería cinegética del venado bura y el borrego cimarrón.
También había corrales de ganadería y parcelas con siembras, pero todo fue saqueado y abandonado por los sicarios. El ganado fue sacrificado para alimentarse o dejado morir en inanición; las parcelas se secaron y las cosechas se perdieron, porque los campesinos y jornales fueron desplazados.
Cómo evidencia de la violencia que se vivió en la región, quedó el rancho Paraíso de Los Cachanillas, donde los sicarios balearon todos los inmuebles, quemaron dormitorios, incendiaron vehículos y los dejaron en ruinas.
Tras el operativo que comenzó en septiembre de 2024, a la fecha, se han recuperado 42 ranchos y dos minas; los pobladores han regresado a sus labores porque se estableció una Base Operativa de la Secretaría de Seguridad Pública estatal para garantizar paz y tranquilidad en la región. Los caminos y las propiedades son monitoreadas en tiempo real desde el C5i con cámaras de videovigilancia, recorridos aéreos con drones, helicópteros y aeronaves, así como patrullajes constantes.
El pasado 26 de marzo un grupo de sicarios intentó retomar la zona, pero fue neutralizado por la Policía Estatal.
Actualmente, los operativos continúan en la zona fronteriza porque todavía falta una decena de ranchos por ser recuperados.
“ES LA ÚNICA FORMA DE VIVIR QUE CONOZCO”
Luego de tres años desplazado con violencia, sin poder regresar a su rancho Bamuri, en Pitiquito, por fin la temporada pasada Rogelio Lizárraga y su familia pudieron volver a atender a más de 25 estadunidensesen su propiedad quienes vienen cada año a cazar venado cimarrón y bura.
El Bamuri es uno de los 42 ranchos rescatados y que actualmente cuentan con monitoreo en tiempo real y patrullajes de la Policía Estatal
“No podíamos atender a los cazadores extranjeros por miedo a que pasara algo, me decían que abandonara todo, que lo olvidara y me dedicara a otra cosa, pero esta es la única forma de vivir que conozco y me apasiona. Nací aquí, tengo 55 años y soy la cuarta generación de mi familia dedicada al campo”, aseguró Lizárraga.
El propietario de El Bamuri, que en lengua pima significa “por donde corre el agua”, volvió con su esposa e hija, sin embargo, narró con tristeza que otro hijo fue directamente amedrentado por criminales y aún no quiere regresar.
Cuando la familia Lizárraga fue despojada, el rancho tenía más de 100 cabezas de ganado, sembradíos, amplias zonas arboladas y miles de hectáreas para la cacería, pero el ganado fue sacrificado, los árboles y sembradíos los dejaronsecar, y realizar la cacería era imposible por los constantes enfrentamientos armados y los convoyes de sicarios que transitaban por la zona.
Ahora la paz y la tranquilidad han vuelto, los cazadores norteamericanos han regresado y el rancho El Bamuri volvió a ser una fuente de generación de empleos para más de 25 familias.
Un niño indígena de tres años perdió la vida tras caer en un pozo agrícola de más de 100 metros de profundidad en una huerta de Cuauhtémoc, Chihuahua
Una tragedia conmovió a la comunidad agrícola de Cuauhtémoc, Chihuahua, luego de que un menor rarámuri de tres años cayera en un pozo agrícola abandonado de más de 100 metros de profundidad. El accidente ocurrió la tarde del jueves en una huerta manzanera ubicada en las calles Ingeniería y Quinta Lupita, donde el pozo, que estaba en desuso, no contaba con ningún tipo de protección ni señalización.
El pequeño, identificado por la Fiscalía General del Estado con las iniciales N.H.B., era hijo de trabajadores de la huerta “Lizeth”. La alerta se dio alrededor de las 6 de la tarde, cuando testigos informaron que el niño había caído en una abertura de apenas 30 centímetros de diámetro. Equipos de emergencia acudieron de inmediato y, mediante una cámara especial, lograron confirmar que el menor seguía con vida una hora después del accidente.
“Estaba con vida”, informó el jefe de Bomberos, René Martínez, tras observar al niño dentro del pozo mediante equipo especializado. Esto generó esperanza entre familiares, rescatistas y habitantes, quienes siguieron paso a paso los esfuerzos de salvamento.
Las labores se extendieron durante más de cinco horas, en una operación que incluyó maniobras de descenso, cuerdas, cámaras y ganchos. Lamentablemente, alrededor de las 11 de la noche, el cuerpo del menor fue extraído sin signos vitales. De acuerdo con el informe preliminar, habría fallecido por asfixia.
El caso ha generado indignación en la comunidad, y ahora será el Ministerio Público quien determine si hay responsabilidad legal por parte de los dueños de la huerta, quienes mantenían el pozo expuesto y sin las medidas mínimas de seguridad.
La muerte del niño, inicialmente identificado como David, ha abierto el debate sobre las condiciones en las que viven y trabajan muchas familias indígenas en zonas rurales, donde las omisiones en infraestructura representan un riesgo latente. Las autoridades continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades.
A través de la lucha estos grupos han encontrado un trato diferente, pero sobre todo, hoy se han ganado un respeto y espacios en la sociedad, refirió la maestra Julissa Ferral.
Martínez de la Torre Ver
José Manuel García
El día de hoy se llevó a cabo la quinta marcha del Orgullo de la Comunidad LGBTTTIQA más de Martínez de la Torre la cuál es organizada por colectivos de la región.
El objetivo se dijo que éste movimiento es para visibilizar las vidas de las personas lgbt y en la misma se hizo un llamado a la reflexión y el agradecimiento a las autoridades que brindaron el apoyo y facilidades para realizar éste evento.
La maestra Julissa Ferral Hernández se sumó también a éste evento apoyando y poniendo su granito de arena en favor de la inclusión, pero más allá de eso al respecto a todos los grupos qué forman parte de cada comunidad.
Puntualizó la importancia que a través de los diversos colectivos el fin es de incluir a diversas comunidades discriminadas por su orientación o identidad.
Lamentó que Inicialmente se utilizaba la expresión «homosexual» o «gay» lo cuál representaba una discriminación a las personas por su orientación sexual, pero a través de la lucha estos grupos han encontrado un trato diferente, pero sobre todo, hoy se han ganado un respeto y espacios en la sociedad.
En conjunto las maestra Julissa Ferral una de las defensoras por la igualdad, el derecho y el respeto reconoció que la comunidad LGBTTTIQ tiene derecho a la no discriminación en cualquier ámbito, incluyendo el laboral, educativo y social, así como a la libertad de expresión, asociación y reunión. También tienen derecho a la igualdad de trato, acceso a servicios de salud, y a la justicia, según sus necesidades específicas.
Expuso sobre todo que estos colectivos tienen Derecho a no ser discriminados por orientación sexual o identidad de género.
Entre otros Derecho al trabajo y a garantías laborales, sin discriminación, Derecho a obtener documentos de identidad que reflejen su género.
Concluyo finalmente en una breve entrevista destacando lo importante que es recordar que la comunidad LGBTTTIQ enfrenta desafíos específicos, como la homofobia, la transfobia y la discriminación, por lo que es fundamental que se protejan sus derechos y se garantice su igualdad.
Un intento de robo a pasajeros en una unidad del transporte público en Puebla fue frustrado por los propios usuarios, quienes lograron someter a los agresores
La noche del viernes 6 de junio, un intento de asalto a bordo de un microbús de la Ruta 38A en Puebla terminó con la detención de dos presuntos delincuentes, gracias a la intervención directa de los pasajeros, quienes impidieron que los agresores escaparan tras un fallido atraco.
Los hechos ocurrieron cuando el vehículo circulaba sobre la intersección de la 9 Norte y 36 Poniente, punto en el que dos hombres subieron con la intención de robar a los ocupantes. Según testigos, uno de los sujetos portaba un arma de fuego con la que intentó amedrentar a los pasajeros. Sin embargo, los usuarios reaccionaron con rapidez y lograron arrebatarles el arma, sometiéndolos poco después.
En un intento desesperado por huir, los presuntos delincuentes descendieron de la unidad, pero fueron alcanzados por los pasajeros en la esquina de la 11 Norte y 36 Poniente, en la colonia Santa María. Ahí fueron derribados y retenidos en el pavimento hasta la llegada de las autoridades.
Un grupo de ciudadanos propinó una golpiza a los detenidos, quienes quedaron inmovilizados. Al poco tiempo, elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar, aseguraron a los sujetos y los pusieron a disposición del Ministerio Público.
Dado el estado físico de los agresores tras el enfrentamiento con los pasajeros, fue necesaria la intervención de servicios de emergencia para brindar atención prehospitalaria. Posteriormente, se confirmó el hallazgo del arma de fuego utilizada en el intento de asalto, misma que quedó bajo resguardo de las autoridades para integrarla a la investigación.
Este episodio se suma a la creciente preocupación por la inseguridad que afecta al transporte público en la capital poblana. Datos recientes de la Fiscalía General del Estado revelan que, entre enero y mayo de 2025, se han contabilizado 579 robos en unidades del sistema colectivo, de los cuales 178 han sido con violencia.
El caso ha generado reacciones mixtas en redes sociales. Algunos usuarios celebran la valentía de los pasajeros, mientras que otros advierten sobre los riesgos de enfrentar a criminales armados sin capacitación. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha emitido una postura oficial sobre este incidente en particular, aunque ha reiterado que se mantiene el patrullaje en rutas identificadas como prioritarias.
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