La salud mental ha cobrado una relevancia sin precedentes, no solo como una preocupación individual sino como un fenómeno que permea todos los aspectos de la vida social, señaló Brenda Trejo Torres, Coordinadora de la Maestría en Psicoterapia Cognitivo Conductual de la UPAEP.
Además, abordó la importancia de la salud mental y su impacto en la vida cotidiana de las personas.
Trejo Torres comentó que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es “un estado de bienestar” que va más allá de la simple ausencia de trastornos mentales. “Esto significa que todos los factores que nos rodean, como las condiciones culturales, políticas y económicas, influyen en nuestro bienestar. Sin embargo, no todas las personas desarrollarán un trastorno mental”, señaló.
Este punto es clave, ya que la salud mental no solo engloba a quienes padecen un trastorno, sino a todas las personas en su vida diaria. El bienestar mental implica la capacidad de enfrentar situaciones estresantes, tomar decisiones efectivas y adaptarse a las demandas de la vida diaria. Además, una buena salud mental favorece la regulación emocional y la capacidad de vincularse con otras personas.
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“La salud mental no es solo una cuestión individual; también es colectiva”, destacó Brenda Trejo. En este sentido, la salud mental nos permite ser agentes activos en nuestra sociedad, contribuyendo al bienestar común y estableciendo relaciones interpersonales sanas. Las dificultades en la salud mental pueden llevar al aislamiento y a la incapacidad de establecer relaciones efectivas con familiares, amigos o colegas, lo que afecta todos los ámbitos de la vida, reiteró la académica.
Un aspecto crucial de la salud mental es su impacto en el desempeño académico y laboral. “Por ejemplo, las dificultades para asistir al trabajo o la escuela debido a problemas de salud mental pueden generar una cadena de consecuencias negativas para las organizaciones, las empresas e incluso para los estudiantes”, señaló Trejo Torres.
Asimismo, destacó la importancia de reconocer la salud mental como un derecho fundamental. “Todas las personas tienen derecho a gozar de salud mental y a acceder a tratamientos efectivos, basados en evidencia científica”, afirmó. Este derecho implica que las personas puedan recibir atención y tratamientos de calidad, independientemente de su situación económica o social. No obstante, también reconoció que muchas veces las personas enfrentan barreras para acceder a estos servicios, como la falta de información o el estigma asociado a la búsqueda de ayuda psicológica.
Es fundamental que la sociedad, las instituciones educativas y las empresas tomen conciencia de que la salud mental no es un tema menor, “la salud mental afecta todas las áreas de la vida. No es algo exclusivo de uno mismo, sino que permea en nuestro entorno y en las relaciones que construimos”, expresó Brenda Trejo.
Josué Huerta, profesor de la Facultad de Psicología de la UPAEP, complementó estas reflexiones con datos epidemiológicos que subrayan la gravedad de la situación. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 350 millones de personas en todo el mundo han sufrido, están sufriendo o sufrirán algún tipo de depresión, y alrededor de 260 millones lidiarán con problemas de ansiedad. Estas cifras son preocupantes, considerando que, según estimaciones, la depresión se ha convertido en una de las principales causas de ausentismo laboral a nivel global.
En cuanto a los datos sobre el suicidio, Josué Huerta indicó que alrededor de 800,000 personas al año se quitan la vida, una cifra que ha ido en aumento.
En México, el Observatorio en Salud Mental y Adicciones reporta que, tras la pandemia, los problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad incrementaron un 25%. A esto se suma que el sistema de salud mental en el país no ha logrado cubrir la creciente demanda: de cada diez personas que requieren atención, solo dos la reciben.
Además, Huerta enfatizó que, de las personas que acceden a atención, muchas no están recibiendo los tratamientos más adecuados. “En UPAEP promovemos tratamientos basados en evidencia, lo que permite ofrecer una atención más precisa y efectiva, reduciendo la duración de los tratamientos y mejorando la calidad de vida de los pacientes”, explicó el académico.
La salud mental, tal como recordó Brenda Trejo, es un derecho fundamental que no debe ser subestimado. Todos tenemos derecho a recibir tratamientos efectivos y accesibles, sin importar nuestras circunstancias. Sin embargo, como señala el maestro Huerta, el acceso a estos servicios sigue siendo un desafío debido a la brecha entre la oferta y la demanda, así como a la falta de profesionales capacitados para brindar la atención adecuada.
En este sentido, la UPAEP ha tomado la iniciativa de formar psicoterapeutas con los más altos estándares de calidad, para atender de manera efectiva las necesidades de la población. “Es importante que aquellos que estén pasando por problemas de salud mental busquen ayuda lo antes posible, recordando que no están solos y que no hay nada de malo en reconocer que se necesita apoyo”, puntualizó Huerta.
Para aquellos que se encuentran en situaciones de riesgo o necesitan atención inmediata, en México existen líneas de apoyo como el 911 y la Línea de la Vida, que ofrece atención en temas de salud mental, violencia y prevención del suicidio. Estas herramientas están al alcance de la población para brindar asistencia en momentos críticos.
El abogado Sergio Ramírez negó ser investigado por las autoridades de los Estados Unidos y aseguró que la campaña de la supuesta defensa de Ismael “El Mayo” Zambada, fue realizada por la oposición para afectar al Gobierno de Claudia Sheinbaum.
El litigante mexicano señaló en entrevista con Ciro Gómez Leyva, que en su afán de perjudicar al actual Gobierno de México, grupos opositores iniciaron una persecución política en contra de él y Juan Pablo Penilla, abogada que lleva la defensa jurídica de Ismael “El Mayo” Zambada.
El mes de febrero medios de comunicación cercados a grupos opositores destacaron que el Juan Pablo Penilla Rodríguez, recibió un reconocimiento del PAN en la cámara de Diputados a pesar de defender narcotraficantes.
Otro nombre que salió a relucir en las acusaciones del grupo opositor fue el del abogado Sergio Ramírez, quien ha sido en el pasado socio de Penilla Rodríguez en algunos casos, más no en el de Zambada.
Sergio Ramírez aseguró este miércoles que ya tuvo charlas con autoridades de los Estados Unidos, incluido personal del FBI y le confirmaron que no existe ninguna investigación en su contra.
“Ya hablé yo con el gobierno americano, el FBI, y es totalmente falso que al menos en lo que mi persona corresponde: no hay ninguna investigación de ningún proceso en mi contra
“No tengo nada que ocultar, no tenemos nada que esconder, nunca se ha cometido un delito. Hasta el día de hoy yo no tengo ninguna acción que pudiera yo estar conexo a él (Penilla Rodríguez) y me pudiera vincular a algún tipo de delito o de investigación criminal”, aseguró el abogado.
Aseguró que en su reunión con las autoridades de los Estados Unidos no preguntó sobre la situación de Penilla Rodríguez, del que dijo no sabe nada.
“No he hablado con él, no sé dónde está, no quise preguntar por más personas porque la verdad es un tema que a mí no me compete, yo creo que cada quien tiene sus propios asuntos, cada quien sabe qué ha hecho y cómo lo afronta”, dijo Sergio Ramírez.
Miles de niños y adolescentes en México han sido obligados a unirse a grupos delictivos, dejando atrás su hogar y su infancia.
Cuatro menores de edad que lograron escapar compartieron con El Universal sus experiencias desde albergues donde ahora buscan una nueva oportunidad lejos de la violencia.
«Extraño mi casa, pero me siento feliz aquí»
El caso de Ricardo, un niño de 14 años originario de Zacatecas, es solo un ejemplo de la cruda realidad que enfrentan muchos menores.
Su hermano mayor, Eder (nombre cambiado por seguridad), vendía drogas, sirviendo de vigilante y participando en homicidios.
«A mi hermano lo quieren matar y por eso no podemos volver a nuestra casa», relata Ricardo.
Su familia tuvo que huir luego de que intentaran asesinar a Eder por cambiarse de grupo. «Le tenían envidia porque le iba bien.
Creo que ellos rafaguearon mi casa. Le dieron a mi papá en el hombro, le quedó mal el brazo y a mi hermano casi lo matan, le dieron en la ingle y en la clavícula», recuerda.
«Una vida mejor sin estudiar»
Eder también intentó convencer a Ricardo de unirse al crimen organizado, prometiéndole riquezas sin necesidad de estudiar. Sin embargo, la violencia los alcanzó antes de que pudiera involucrarse más.
Ahora, en un refugio, Ricardo sueña con un futuro distinto: «Me gusta el fútbol, quiero ser licenciado. Me gusta que mi hermano esté conmigo, que esté mi familia».
La dura realidad de los niños en el narco
Casos como el de Ricardo y Eder reflejan una problemática creciente en México: el reclutamiento forzado de menores por parte del crimen organizado.
La falta de oportunidades, la pobreza y la violencia han convertido a los niños en presas fáciles para los grupos delictivos, quienes los usan para vender drogas, vigilar territorios y cometer actos violentos.
A pesar de los esfuerzos de algunas organizaciones para rescatar y proteger a estos menores, el problema sigue latente.
La urgencia de generar condiciones de seguridad y oportunidades de educación para evitar que más niños caigan en estas redes es cada vez mayor.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha entrado en acción tras el revuelo generado por los nuevos límites de consumo y cobros adicionales anunciados por Totalplay, proveedor de internet que se volvió tendencia este miércoles 2 de abril de 2025.
La empresa informó que, a partir del 15 de abril, todos sus planes ofrecerán internet simétrico, pero con un tope de datos mensual y tarifas extras por excedentes, desatando quejas masivas en redes sociales y una respuesta oficial de la dependencia.
Totalplay anunció que sus clientes disfrutarán de la misma velocidad de carga y descarga en todos los planes, un cambio que inicia el 15 de abril.
Sin embargo, este beneficio viene con un límite de gigabytes por mes, similar a los planes móviles.
Si los usuarios superan este tope, la primera vez será gratis, pero a partir de la segunda ocasión se cobrará 110 pesos por cada 100 GB adicionales. Este giro, que rompe con el modelo tradicional de internet fijo ilimitado, ha sido calificado por muchos como una “trampa disfrazada de mejora”.
La intervención de Profeco
Ante la ola de inconformidades, Profeco emitió un comunicado el 2 de abril por la tarde, confirmando que se reunirá con representantes de Totalplay para revisar los términos de los nuevos planes.
La dependencia subrayó que las empresas no pueden modificar unilateralmente los contratos sin el consentimiento de los usuarios, según la Ley Federal de Protección al Consumidor.
“Estamos atentos a las quejas y trabajaremos para garantizar los derechos de los consumidores”, señaló el subprocurador de Telecomunicaciones, Idris Rodríguez Zapata.
#BoletínDePrensa Ante los reportes en redes sociales sobre las medidas implementadas por Totalplay respecto al consumo de Internet, la Profeco recuerda que ningún proveedor puede modificar unilateralmente las condiciones establecidas en los contratos de adhesión. Para proteger los derechos de las personas consumidoras, se llevará a cabo una reunión con Totalplay. En este encuentro, se buscará garantizar la transparencia en la información proporcionada a los clientes y asegurar que la empresa ofrezca alternativas en caso de desacuerdo con los nuevos paquetes.
#BoletínDePrensa Ante los reportes en redes sociales sobre las medidas implementadas por Totalplay respecto al consumo de Internet, la Profeco recuerda que ningún proveedor puede modificar unilateralmente las condiciones establecidas en los contratos de adhesión.
Profeco también invitó a los afectados a reportar irregularidades al correo denuncias.telecom@profeco.gob.mx (mailto:denuncias.telecom@profeco.gob.mx) o al teléfono 55 5568 8722, prometiendo mediar entre la empresa y los clientes.
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