El gobernador Rocha Moya afirmó que las fuerzas estatales y federales están trabajando en conjunto para recuperar la tranquilidad en la entidad.
Aunque el foco de atención por los hechos violentos que se han registrado esta semana en Sinaloa se encuentra focalizado a Culiacán y sus comunidades rurales, también hay conflictos en poblados serranos hacia el sur de la entidad, reconoció el gobernador Rubén Rocha Moya.
El mandatario estatal aseguró que en estos lugares han registrado enfrentamientos y bloqueos, pero todos los eventos reportados han sido atendidos oportunamente, y en muchos de ellos han logrado resultados positivos.
“Es el área de Culiacán, toda la parte rural de Culiacán y la propia ciudad, pero es una general, los municipios que les he dicho (Culiacán, Cosalá, Elota y San Ignacio) y ahí hay algún evento”, reconoció.
Sobre el origen de los enfrentamientos, confirmó que todo se deriva de los hechos registrados el pasado 25 de julio, cuando fue detenido Ismael “El Mayo” Zambada, después de haber sido aparentemente secuestrado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes lo citaron en una haciendo a las afueras de la ciudad, y de aquí se lo llevaron vía aérea a los Estados Unidos.
“Lo que conocemos aquí es que la rivalidad se deriva de los hechos del 25 de julio, y que ahí están involucrados dos grupos”, refiriéndose a los hijos de quienes fueron los líderes del Cártel de Sinaloa, apodados “Los Chapitos” y “Los Mayitos”.
Rocha Moya aseguró que las fuerzas estatales y federales, trabajando en conjunto, están haciendo todo lo necesario para recuperar la tranquilidad en la entidad, habiendo logrado hasta ahora, la detención de varias personas y el aseguramiento de unidades, armas de fuego y equipo táctico.
Mientras el secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, admitió que esta semana, se han presentado diversos hechos violentos, algunos más graves que otros, y otros que no tienen indicios de que hayan ocurrido, lo que ha provocado una situación de alarma en la ciudadanía, a quien les pidió confianza en el trabajo que están desarrollando.
“Queremos que tenga fe en sus fuerzas de seguridad, hacemos lo mejor posible el trabajo, creo que ahorita hemos dado respuesta de que todo evento que ha surgido, todo evento ha sido atendido y se ha logrado al menos minimizar o restringirlo, es lo que tenemos”, resaltó.
Durante este viernes, quinto día consecutivo de hechos violentos, se registró un bloqueo con quema de vehículos por la autopista Mazatlán-Durango, a la altura del Puente el Sinaloense, el cual logró ser retirado hasta horas después, y en la capital del estado, fueron asesinadas dos personas, y a una de ellas la decapitaron.
Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado actualizó la cifra de muertos en 15, contando a partir del lunes 9 de septiembre, cuando se registraron los primeros enfrentamientos en Culiacán.
Y antes de finalizar el día, un grupo armado disparó contra el domicilio de un agente de la policía municipal en el poblado El Alhuate, perteneciente a la sindicatura de Costa Rica, sin que se reportaran personas lesionadas.
Durante los últimos días se profundizó la crisis de seguridad y violencia que vive Tamaulipas desde hace ya tiempo. En estas últimas horas crecieron las denuncias por retenes ilegales por parte de civiles armados en la carretera que conecta las ciudades de Monterrey y Reynosa. El problema, además, es que el secretario de Seguridad local, Sergio Hernando Chávez García, no responde a los llamados del gobernador, Américo Villareal, para controlar la situación.
Según pudo saber LPO, durante los días que duraron las promociones del «buen fin» diversos grupos civiles armados tendieron retenes en diversas carreteras del estado con el objetivo de cobrar cuotas para dejar pasar a los diversos vehículos. Si éstos no accedían a pagar, eran atacados y violentados por estos mismos sectores. A pesar de las denuncias y de las diversas publicaciones que se propagaron por las redes sociales, en ningún momento se hicieron presentes agentes de seguridad para acabar con estas prácticas ilegales.
Esta vez, reconocen en el Norte del país, el problema es mayor porque comenzaron los problemas al interior del gobierno a raíz de la falta de comunicación entre las esferas encargadas de combatir la inseguridad. Estas tensiones crecieron ante el arribo a la Secretaría de Defensa nacional de Ricardo Trevilla Trejo, con quien el secretario local, Chávez García, preferiría coordinarse ante los problemas que crecen con América Villareal. El tamaulipeco es cercano al General designado por Claudia Sheinbaum, por lo que preferiría profundizar esa relación.
Esto se suma a una situación de ingobernabilidad y preocupación que data desde hace ya tiempo. Desde el comienzo la administración que encabeza Américo Villareal enfrenta serios problemas con el crimen organizado, que se ha expandido por diversas regiones del estado. Es el caso, por ejemplo, de la capital, Victoria, donde grupos armados realizan actividades ilegales, retenes, levantones y balaceras a plena luz del día sin ningún tipo de control por parte del gobierno local.
Esta crisis se profundiza en un contexto que ya relató LPO. Esta redacción detalló que el Villareal mantiene una serie de peleas con los alcaldes de la 4T, especialmente con el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, a raíz de una serie de nombramientos que hizo en su gobierno local sin el consentimiento del alcalde. Estas peleas y diferencias acrecientan la crisis de seguridad que desde hace meses azota a la población local que sufre los retenes, levantones y balaceras en uno de los estados más violentos del país.
Marilyn Cote, acusada de hacerse pasar por psiquiatra durante al menos cinco años, fue detenida el pasado 21 de noviembre gracias a un operativo conjunto entre las fiscalías de Puebla y Tlaxcala.
Según la investigación, habría recetado medicamentos controlados sin contar con la cédula profesional requerida. Operando un consultorio sin permisos oficiales y enfrentando múltiples denuncias legales.
¿De qué se le acusa y cuál podría ser su condena?
El principal delito que enfrenta Cote es usurpación de profesión, sancionado por el Artículo 258 del Código Penal de Puebla con penas de dos meses a dos años de prisión.
Además de una multa de diez a cien Unidades de Medida y Actualización (UMAs). Sin embargo, su caso se complica porque también operaba un consultorio sin autorización sanitaria, lo cual está estipulado en el Artículo 258 bis.
Esta infracción podría aumentar su condena entre uno y cuatro años de prisión y una multa de cincuenta a doscientas UMAs.
En total, Marilyn Cote podría enfrentar entre un año y dos meses y hasta seis años de prisión, dependiendo de los cargos acumulados y de las pruebas presentadas.
Además, las sanciones podrían duplicarse si se demuestra que utilizó su supuesta profesión para cometer otros delitos, como el suministro indebido de medicamentos controlados.
Tras el cierre de su consultorio por carecer de permisos de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS), al menos siete denuncias se han sumado en su contra.
La clausura permanente del lugar y el ultimátum del gobierno para demostrar su legitimidad refuerzan los cargos.
Con su detención y las evidencias acumuladas, el caso de MarilynCote destaca como un ejemplo de las graves consecuencias legales y sociales de la usurpación de funciones profesionales.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no considera necesaria una prórroga para las elecciones judiciales programadas para el 1 de junio de 2025, pero destacó que el Gobierno federal está dispuesto a dialogar con el Instituto Nacional Electoral (INE).
Sheinbaum señaló que, aunque su postura es que los comicios deben llevarse a cabo en la fecha prevista, pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entablar comunicación con el INE para escuchar sus inquietudes.
Estas elecciones serán un proceso inédito en México, resultado de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Por primera vez, ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial serán elegidos mediante voto popular. No obstante, el pasado miércoles el INE solicitó una prórroga de 90 días argumentando contratiempos derivados de resoluciones judiciales que han retrasado la organización del proceso.
La elección judicial incluye la renovación de una parte importante del Poder Judicial pues será en 2025 cuando se votará para elegir a cinco ministras y cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre otros cargos, sumando más de 800 puestos en total. Según la reforma, la otra mitad de los cargos se renovará en 2027 durante los comicios concurrentes.
Cabe resaltar que el Senado ya rechazó la solicitud de prórroga del INE, argumentando que modificar la fecha requeriría una nueva reforma constitucional. Por su parte, Sheinbaum aseguró que su gobierno trabaja para garantizar que el proceso se lleve a cabo conforme a lo planeado, aunque también destacó la importancia de escuchar las preocupaciones técnicas del instituto electoral.
Actualmente, el proceso se encuentra en la fase de recepción de solicitudes de aspirantes. Cada una será evaluada por comités de los tres poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Estos comités seleccionarán a los candidatos finales mediante un sorteo al azar.
La reforma judicial y sus elecciones han generado un debate intenso sobre su viabilidad y los posibles riesgos para la independencia judicial. A pesar de las críticas, el Gobierno federal ha insistido en que el cambio es necesario para democratizar el Poder Judicial, argumentando que debe someterse al escrutinio de la ciudadanía.
Nacionales2 años ago
Nacionales2 años ago
Nacionales2 años ago
Nacionales2 años ago
Nacionales2 años ago
Nacionales2 años ago