Atzalan, Veracruz.- La noche de este jueves 22 de mayo sujetos desconocidos dispararon contra el domicilio del candidato del PRI a la presidencia municipal de Atzalan, José Homero Domínguez Landa, a quien popularmente se le conoce como «Jhonnhy».

Al parecer no hay ningún lesionado y aunque las autoridades todavía no han confirmado los hechos, simpatizantes del aspirante se están reuniendo cerca de su domicilio. .

A través de sus redes sociales el candidato priista informó que momentos antes del atentado los delincuentes le llamaron a su celular para que escuchara las detonaciones.

Señala como responsables de estos hechos a su adversario político el candidato de MORENA, Jesús Arturo Méndez Herrera, así como a sus hermanos Alba Leonila y Salomón, pues asegura que son capaces de atentar contra la vida de cualquier persona para ganar la elección del 1 de junio.

José Homero Domínguez Landa, llamó a las autoridades a investigar el hecho y garantizar la seguridad de todos los involucrados en el proceso electoral.

A su vez, el Comité Directivo Estatal del PRI Veracruz,emitió un comunicado reprobando las amenazas ejercidas en contra de su candidato.

«Nuestro partido se deslinda categóricamente de toda práctica de intimidación, amenaza o agresión hacia cualquier ciudadano, organización o candidato. Creemos firmemente que la vía democrática es el único camino legítimo para construir un mejor futuro», dice la publicación hecha en la cuenta oficial del PRI Veracruz.

Expresó su total respaldo a José Homero Domínguez Landa y solicitó a las autoridades correspondientes «que le otorguen las medidas cautelares de protección necesarias para que pueda continuar con su labor de manera segura, y así culminar con éxito el gran proyecto que hoy encabeza, con valentía y compromiso, por el bienestar de nuestro Municipio».

De aprobarse esta solicitud de protección, José Homero Domínguez Landa, será el candidato 125 con medidas de protección de autoridades estatales y federales, lo que representa casi el 60% del.total de candidatos que participan en el proceso electoral 2024-2025 en Veracruz.

Fuente: Comunica Networks

Fuente: Grupo Es Noticia

Martínez de la Torre Ver

Muchos martinenses fueron sorprendidos por una movilización de corporaciones del orden federal y estatal por varios puntos del municipio, incluso se señaló la presencia de helicópteros que sobrevolaron algunas colonias.

Por lo que se comenta que, derivado de estas acciones se desarticuló una celula de distribución de enervantes en la que se señala podrían estar involucrados menores de edad.

Estas acciones están coordinadas dentro del Programa de Acción de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la cual busca alejar de las calles las drogas, especialmente alejarlas de los jóvenes, quienes son frecuentemente utilizados para la venta o enganchados como consumidores, siendo un principal blanco de este programa, el fentanilo.

Se presume que en este operativo fueron detenidos jóvenes, quienes son utilizados para diversas actividades, por lo que ahora tendrán una oportunidad para rehabilitarse; estas acciones buscan generar una sociedad sana y segura, especialmente para los jóvenes.

Se especula que a los detenidos los venían investigando las autoridades, derivado de señalamientos de vecinos de estos, quienes los relacionaban con temas como robos y distribución de diversos estupefacientes.

Com estos operativos se busca mantener el orden y la tranquilidad en las colonias del municipio, para lo que es importante denunciar ante las autoridades cualquier actividad ilícita.

Fuente: Grupo Es Noticia

Una corte civil de Miami dictó una sentencia histórica contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Cristina Pereyra, quienes deberán pagar un total de 2 mil 488 millones de dólares por su participación en un esquema de corrupción relacionado con contrataciones ilegales durante el tiempo en que García Luna estuvo al frente de la seguridad nacional.

El fallo, emitido por la jueza Lisa Walsh, señala que el exfuncionario deberá pagar 748 millones de dólares, mientras que su esposa tendrá que restituir mil 740 millones.

La sentencia fue resultado de una demanda presentada por el gobierno de México a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que solicitó una resolución sin necesidad de juicio, luego de que los acusados no comparecieran ni enviaran representantes legales para defenderse del proceso iniciado en 2021.

Según el tribunal, esta falta de respuesta implica que admitieron los hechos y aceptaron el alivio solicitado por el demandante.

De acuerdo con la UIF, el esquema de corrupción permitió que el conglomerado empresarial de la familia Weinberg, de origen israelí, obtuviera ilegalmente 30 contratos con instituciones de seguridad pública mexicanas, transfiriendo más de 634 millones de dólares a paraísos fiscales y posteriormente a Florida. Los fondos se utilizaron para adquirir propiedades y otros bienes en Estados Unidos, encubriendo el origen ilícito de los recursos.

La demanda civil presentada en septiembre de 2021 permitió asegurar 19 propiedades vinculadas a García Luna y sus socios. Los abogados señalaron que, entre 2012 y 2018, el exfuncionario y su red recibieron al menos 580 millones de dólares por contratos ilegales, de los cuales 250 millones fueron transferidos específicamente al condado de Miami-Dade.

La jueza había dado hasta el 28 de abril de 2025 para alcanzar un acuerdo o proceder con el juicio, advirtiendo que de no hacerlo, la demanda sería desechada.

La UIF también reclamó 28 inmuebles en Florida, aunque 18 ya habían sido vendidos, 12 antes del litigio y seis durante el proceso. Otros involucrados en el esquema aceptaron llegar a acuerdos reparatorios, como José Francisco Niembro González, exfuncionario durante la gestión de García Luna, y su esposa, quienes pagaron 330 mil dólares.

Por su parte, los empresarios Samuel y Alexis Weinberg siguen en negociaciones con el gobierno mexicano.

Este caso civil es independiente del proceso penal que concluyó en octubre de 2024 en una corte de Nueva York, donde García Luna fue condenado a 38 años y ocho meses de prisión por proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios.

En ese juicio, el juez Brian Cogan también le impuso una sanción económica de 2 millones de dólares. Actualmente, García Luna cumple su condena en una penitenciaría del condado de Lee, en Virginia.

Fuente: Grupo Es Noticia