Tras tres días de discusión y en plena tensión por Acapulco, la mañana de este jueves el Congreso aprobó el Presupuesto para 2024, sin modificaciones sustanciales que puedan explicar de dónde se conseguirán los recursos para el proceso de reconstrucción del puerto.
El Presupuesto de Egresos de la Federación fue aprobado con 266 votos a favor, 204 en contra y una abstención, con un monto de 9 billones 66 mil 45 millones. El punto más tenso fue discutir reajustes al gasto para destinarlos a la reconstrucción de Guerrero, las cuales fueron desechadas por la mayoría (Morena y aliados) dejando como preferente solo el mandato del presidente López Obrador por usar 15 mil millones de pesos de los 13 fideicomisos que se propuso desaparecer del Poder Judicial.
Una de las propuestas era usar 15% de los excedentes petroleros, lo que resultaba en alrededor de 80 mil millones. La iniciativa fue propuesta por el grupo cercano a Marcelo Ebrard y fue charlado con el coordinador morenista Ignacio Mier. Entre los legisladores marcelistas había confianza de que la propuesta pasaría luego de que una jueza concediera un amparo que impide que los fideicomisos sean destinados para otros fines ajenos al Poder Judicial.
El rechazo a esta propuesta generó tensiones en la bancada e incluso hubo amenazas, en un contexto donde la permanencia de Marcelo Ebrard en Morena no está clara. “Que Guerrero se entere que desde el Poder Legislativo, Morena, la bancada en la que he creído y militado, traicionó a los que se han quedado sin nada”, lanzó la diputada Selene Ávila.
Tras la fuerte declaración, otros legisladores que también se suman al proyecto del excanciller se sumaron al reclamo y lanzaron la advertencia de que están en el partido, pero “mañana no sabemos”.
Tampoco se aprobó la propuesta del PRI de dejar de pagar el Fobaproa para destinarlo al puerto que fue afectado por el huracán Otis, el pasado 25 de octubre. Sin embargo, desde Morena acusaron que se trataba de una mera “farsa”.
Incluso esta mañana, que el presidente López Obrador celebró la aprobación del presupuesto, hizo mención sobre la propuesta impulsada por Rubén Moreira. “Si fueron ellos los que aprobaron el fobaproa”, lanzó a modo de crítica. Y dijo que su gobierno “no entregará moches”.
La única propuesta destinada para Guerrero -y aprobada- fue la de etiquetar los 15 mil millones de los fideicomisos, cuya iniciativa de desaparición fue aprobada en el Congreso, pero frenada ayer por una jueza.
Al respecto, durante su conferencia de esta mañana, el presidente consideró que había que esperar, pero retomó sus críticas contra el Poder Judicial. En particular, cuestionó el proceder de la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, quien había aceptado la propuesta del mandatario de usar esos recursos para apoyar a la población afectada por el huracán.
“Me mandó una carta la presidenta de la Suprema Corte que iban a entregar 15 mil millones y todavía no veo claro que están pensando. No se puede esa jugarreta, es de mal gusto”, afirmó. Consideró que la ministra pudo verse presionada por el bloque conservador.
López Obrador también explicó que no tiene detalles sobre el amparo que concedió una jueza, pues dijo que la titular de Gobernación, Luisa Alcalde, no la ha informado de eso. Entonces, el vocero Jesús Ramírez intervino para comentar que la jurista pertenece a la parte demandada, entonces fue juez y parte.
En ese sentido, el presidente deslizó que pudo haberse tratado de una confabulación o una rebelión. Pero pidió esperar.
Mientras tanto, el presidente insiste en que habrá apoyos para Acapulco, pero no despeja la incógnita sobre el origen de los recursos que se destinarán para ese fin, en tanto que en el presupuesto recién aprobado el margen de maniobra para hacer uso de más dinero está limitado.
Fuerzas estatales y federales recuperaron el control de una zona fronteriza con Arizona que había sido tomada desde el 2019 por un brazo armado de Los Chapitos
En Sonota, autoridades estatales y federales lograron recuperar una zona fronteriza con Arizona, al recobrar 42 ranchos y dos minas que estaban en manos de Los Pelones, un brazo de Los Chapitos.
Desde 2019, este grupo armado tomó a sangre y fuego un área de 90 mil hectáreas donde pobladores desarrollaban actividades de minería, cacería cinegética, agricultura y ganadería.
Los ranchos ganaderos o cinegéticosfueron saqueados y destrozados. Algunos dueños, como Rogelio Lizárraga y su familia, ya pudieron regresar a su propiedad, donde atienden a turistas que acuden a cazar venados.
OPERATIVO EN SONORA RESCATAN RANCHOS Y MINAS DESPOJADOS
Para financiar a La Chapiza con 1.6 millones de dólares al mes, producto de la explotación ilegal de una mina de oro en el desierto de Sonora, el brazo armado de Los Pelones operaba en la región fronteriza con Arizona, desplazó con violencia y amenazas a pobladores, dueños de ranchos, trabajadores y campesinos del poblado La Ciénega y sus alrededores.
Desde 2019, a sangre y fuego combatiendo a otros grupos criminales como el Cártel de Caborca y Los Salazar, pero también amenazando a civiles, sicarios lograron tomar el control y lucrar con más de 42 ranchos y dos minas, ubicadas es un polígono de 90 mil hectáreas, una superficie equivalente a los estados de Morelos o Tlaxcala, donde sus pobladores desarrollaban actividades de minería, cacería cinegética, agricultura y ganadería; pero todo lo destruyeron.
Hasta septiembre de 2024, cuando un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, con el apoyo de la Secretaría de Marina Armada de México, retomaron el control de la región en una acción diseñada junto con un grupo de asesores especialistas en seguridad minera, logrando recuperar 42 ranchos y dos yacimientos.
Un asesor en inteligencia que participó en el diseño de la operación explicó a Excélsior que por meses la Secretaría de Seguridad Pública dio seguimiento táctico y de inteligencia en la región. Estableció que Omar Félix “N”, conocido como El Pelón de Sonoyta, jefe de plaza de La Chapiza, mandaba a Iván Archivaldo Guzmán, por avioneta, el equivalente a 1.6 millones de dólares en oro.
“El oro que se extraía en la Mina de la Ciénega y Cerro Colorado era una gran fuente de financiamiento para la facción de Los Chapitos. Eran cinco puntos donde tenían entre 80 a 100 personas trabajando 24 horas al día, los siete días de la semana, para extraer el oro que vendían en Caborca, Sinaloa y Jalisco”, explicó el asesor de seguridad minera, quien pidió omitir su identidad.
El llamado oro de placer se encuentra en depósitos de arena, grava u otros sedimentos que contienen minerales valiosos. Se forma cuando el oro se libera de los depósitos en las vetas, es transportado y se concentra para limpiarse y separarse de otros materiales.
Considerando que las minas La Ciénega y Cerro Colorado fueron explotadas por cinco años con un rendimiento promedio de 1.6 millones de dólares al mes, se calcula que el cártel obtuvo más de 96 millones de dólares, unos dos mil millones de pesos.
Además de las minas, los sicarios se apoderaron de ranchosmediante amenazas contra los dueños para exigirles que abandonaran la zona. En estas propiedades cada año llegaban cazadores nacionales y extranjeros para realizar la cacería cinegética del venado bura y el borrego cimarrón.
También había corrales de ganadería y parcelas con siembras, pero todo fue saqueado y abandonado por los sicarios. El ganado fue sacrificado para alimentarse o dejado morir en inanición; las parcelas se secaron y las cosechas se perdieron, porque los campesinos y jornales fueron desplazados.
Cómo evidencia de la violencia que se vivió en la región, quedó el rancho Paraíso de Los Cachanillas, donde los sicarios balearon todos los inmuebles, quemaron dormitorios, incendiaron vehículos y los dejaron en ruinas.
Tras el operativo que comenzó en septiembre de 2024, a la fecha, se han recuperado 42 ranchos y dos minas; los pobladores han regresado a sus labores porque se estableció una Base Operativa de la Secretaría de Seguridad Pública estatal para garantizar paz y tranquilidad en la región. Los caminos y las propiedades son monitoreadas en tiempo real desde el C5i con cámaras de videovigilancia, recorridos aéreos con drones, helicópteros y aeronaves, así como patrullajes constantes.
El pasado 26 de marzo un grupo de sicarios intentó retomar la zona, pero fue neutralizado por la Policía Estatal.
Actualmente, los operativos continúan en la zona fronteriza porque todavía falta una decena de ranchos por ser recuperados.
“ES LA ÚNICA FORMA DE VIVIR QUE CONOZCO”
Luego de tres años desplazado con violencia, sin poder regresar a su rancho Bamuri, en Pitiquito, por fin la temporada pasada Rogelio Lizárraga y su familia pudieron volver a atender a más de 25 estadunidensesen su propiedad quienes vienen cada año a cazar venado cimarrón y bura.
El Bamuri es uno de los 42 ranchos rescatados y que actualmente cuentan con monitoreo en tiempo real y patrullajes de la Policía Estatal
“No podíamos atender a los cazadores extranjeros por miedo a que pasara algo, me decían que abandonara todo, que lo olvidara y me dedicara a otra cosa, pero esta es la única forma de vivir que conozco y me apasiona. Nací aquí, tengo 55 años y soy la cuarta generación de mi familia dedicada al campo”, aseguró Lizárraga.
El propietario de El Bamuri, que en lengua pima significa “por donde corre el agua”, volvió con su esposa e hija, sin embargo, narró con tristeza que otro hijo fue directamente amedrentado por criminales y aún no quiere regresar.
Cuando la familia Lizárraga fue despojada, el rancho tenía más de 100 cabezas de ganado, sembradíos, amplias zonas arboladas y miles de hectáreas para la cacería, pero el ganado fue sacrificado, los árboles y sembradíos los dejaronsecar, y realizar la cacería era imposible por los constantes enfrentamientos armados y los convoyes de sicarios que transitaban por la zona.
Ahora la paz y la tranquilidad han vuelto, los cazadores norteamericanos han regresado y el rancho El Bamuri volvió a ser una fuente de generación de empleos para más de 25 familias.
Durante abril de 2025, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha iniciado una serie de inspecciones domiciliarias a nivel nacional, generando diversas reacciones entre los ciudadanos. Según explicó la propia empresa, el objetivo principal es modernizar el suministro eléctrico y detectar posibles irregularidades que afecten la red.
Estas visitas pueden realizarse de dos maneras: por solicitud del usuario o por iniciativa directa de la CFE. Algunos motivos comunes por los que un cliente puede pedir una revisión incluyen cobros elevados, instalación de medidores adicionales para viviendas compartidas o problemas con adeudos pendientes.
¿Qué hacen los técnicos de CFE durante las visitas?
Una de las acciones clave es la instalación de medidores inteligentes con tecnología AMI (Infraestructura de Medición Avanzada). Esta tecnología permite tomar lecturas a distancia, mejora la precisión en los cobros y ofrece mayor transparencia en el servicio.
Además, los empleados de la CFE tienen la tarea de identificar conexiones ilegales o manipulaciones en los equipos de medición. Entre las prácticas más detectadas están los conocidos “diablitos”, la alteración de medidores para reducir el consumo registrado, o el uso de un solo medidor para varias casas o negocios.
Cuando se encuentra una falla técnica no intencional, la CFE reemplaza el equipo sin costo. Pero si se confirma un uso ilegal de energía, las sanciones pueden ser severas. La multa puede llegar hasta 249 mil pesos (mil días de salario mínimo) y, en algunos casos, se contemplan penas de prisión de 3 a 10 años, de acuerdo con el artículo 368 del Código Penal Federal.
Para evitar fraudes, la CFE pide a los usuarios verificar que el personal esté debidamente identificado: deben portar uniforme, credencial con fotografía, nombre completo, número de empleado y el número de orden asignado al domicilio. Ningún técnico está autorizado a ingresar sin consentimiento ni a recibir pagos en efectivo o transferencias.
La CFE recomienda a la ciudadanía estar atenta a la información publicada en sus canales oficiales y reportar cualquier situación sospechosa al 071, la línea de atención directa.
Autoridades de Tlaxcala investigan el hallazgo de dos cuerpos calcinados en un vehículo abandonado sobre la carretera federal Tlaxcala-Puebla, a la altura de Tenancingo.
La mañana de este miércoles, elementos de seguridad pública de Tlaxcala localizaron dos cuerpos calcinados dentro de un vehículo abandonado en el municipio de Tenancingo. El hallazgo se realizó a un costado de la carretera federal Tlaxcala-Puebla, en el tramo que conecta con Teolocholco.
De acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos fueron encontrados por habitantes de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades. El vehículo, que presentaba severos daños por fuego, fue resguardado por policías estatales en espera de la llegada de los servicios periciales y forenses.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de las víctimas ni las causas que originaron el incendio, aunque no se descarta que los hechos estén relacionados con actividades delictivas.
Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento de los restos para trasladarlos a sus instalaciones, donde se llevarán a cabo las pruebas de identificación correspondientes. Autoridades también indicaron que se revisarán cámaras de videovigilancia cercanas para obtener más pistas.
Este lamentable suceso ha generado preocupación entre los habitantes de Tenancingo y municipios aledaños, quienes piden a las autoridades reforzar la seguridad en la región. La PGJE reiteró su compromiso de realizar las investigaciones necesarias para dar con los responsables y esclarecer este crimen
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