La diputada Federal Norma Azucena Rodríguez Zamora exhortó al Congreso y a la actual encargada de Despacho de la Fiscalía General de Veracruz (FGV) Verónica Hernández Giadiáns, a apegarse a las normas vigentes en el nombramiento del nuevo o la nueva titular de esta dependencia, pues al momento hacen exactamente lo contrario.
En específico, demandó al Congreso estatal reponer el proceso para la designación de quien será titular de la FGV, y a la encargada de Despacho, Verónica Hernández Giadáns, abstenerse de participar como candidata al cargo, pues no cumple los requisitos de ley.
Advirtió que con un proceso viciado de ilegalidad para nombrar a quien encabece la FGV difícilmente se conseguirá que la civilidad prevalezca en su entidad, hasta hoy severamente lesionada por la inseguridad, la delincuencia de todo tipo y la corrupción.
Recordó que, por definición del artículo 67 de la Constitución de Veracruz, la FGV es la encargada de procurar justicia, vigilar el cumplimiento de las leyes y ejercer acciones contra infractores, favorecer la reparación del daño y procurar la protección de las víctimas, lo que no se conseguirá si el nombramiento del o la titular de esa institución está plagado de ilegalidad.
Recordó que desde la anómala destitución de Jorge Winkler Ortiz por la Comisión Permanente del Congreso y la cuasi clandestina designación de Verónica Hernández Giadáns como encargada de despacho en septiembre de 2019, transcurrió casi un semestre -hasta marzo del presente año- para que el Pleno del Congreso confirmara y avalara en definitiva ambas acciones.
El pretexto de la Comisión Permanente para destituir a Winkler fue que éste carecía del certificado de confianza al que obliga la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero el gobernador Cuitláhuac García Jiménez -según notas periodísticas- admitió que sus secretarios de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, y de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez, tampoco lo tenían, y, sin embargo, no por ello fueron destituidos.
Por otra parte, el segundo párrafo del artículo 66 -inscrito en el Capítulo VI (De la Certificación) de dicha Ley-, establece que la certificación es para acreditar que quien ingrese o permanezca en instituciones de Procuración de Justicia tiene conocimientos, perfil, habilidades y aptitudes para el cargo”, los que Verónica Hernández, en el mejor de los casos, se desconoce si cumple, pues su experiencia profesional ha sido diferente a la penal.
Hasta 2018 fue Notaria Pública y hasta septiembre de 2019 era subalterna, como Directora Jurídica, del secretario de Gobierno, Cisneros Burgos.
Rodríguez Zamora apuntó que el artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, a su vez, establece que, para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público, las y los interesados deben “separarse legalmente de los activos e intereses económicos particulares que estén relacionados con la materia o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas, y que signifiquen un conflicto de interés conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
Dicho de otro modo -agregó la diputada federal-, Hernández Gadiáns incurrirá en un ilícito si persiste en competir por la titularidad de la FGV y, al mismo tiempo, no se separa como encargada de despacho de la misma institución.
Por lo mismo, apuntó que el Congreso de la entidad, a su vez, incumple el procedimiento para nombrar al próximo o próxima Fiscal General por nueve años al considerarla como candidata.
El artículo 67 de la Constitución de Veracruz, que faculta al Congreso para designar y remover al Fiscal, prevé que a partir de su ausencia definitiva tiene 5 días naturales para convocar a la presentación de candidaturas, 10 para recibir propuestas, 10 más para citarlos y oír sus argumentos, tres para preseleccionar a 3, y 5 para escoger a uno de entre ellos. En total, 33 días.
No obstante que Winkler Ortiz fue removido “temporalmente” desde el 3 de septiembre de 2019 por la Comisión Permanente del Congreso Estatal, fue hasta el 26 de marzo de 2020 -seis meses después- que el Pleno del mismo Congreso lo separó definitivamente del cargo.
El Pleno del Congreso prevé nombrar al nuevo o la nueva Fiscal General el próximo 28 de mayo -63 días después de la ausencia definitiva-, pero en todo este tiempo se ha violado la Constitución General de la República, la Constitución del Estado, la Ley General de Austeridad Republicana y la Ley Orgánica de la dicha institución, entre otras normas, lo que en la consideración de Rodríguez Zamora resulta inadmisible.
Ni el órgano facultado para hacer las leyes ni el encargado de vigilar su cumplimiento y de procurar justicia deben incurrir en violaciones a esas leyes, por lo que el procedimiento debe reponerse, concluyó.
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Fuente: Es Noticia Veracruz
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