Jalcomulco, Ver.- Un movimiento social logró frenar un proyecto hidroeléctrico que estaba impulsado por el Gobierno del Estado de Veracruz y la empresa brasileña Odebrecht, en las cuencas hidrológicas Río Actopan y Río La Antigua. Incluso, obtuvo un resolutivo que sentó un precedente jurídico en el país y lo convierte en ejemplo a seguir. Pero “la madre de todas las batallas” es que el agua de esos ríos, y los de la entidad en general, esté limpia; eso requiere una alianza mayúscula donde sociedad, gobiernos y la academia están convocados a colaborar, señalan ambientalistas y especialistas consultados.

Varios fueron los festejos en la entidad por el Día Mundial del Agua, celebrado el 22 de marzo, uno de ellos se desarrolló en la cabecera municipal de Jalcomulco, cuna de la lucha citada en defensa de su río, Pescados, que tuvo la virtud de congregar a más de una veintena de comunidades de ambas cuencas.

El colectivo Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres (PUCARL) convocó a asamblea comunitaria para celebrar también su octavo aniversario, pues en enero de 2014 montó un campamento de vigilancia permanente en la única entrada al predio Tamarindo, para así evitar que maquinaria de la empresa brasileña ingresara a realizar trabajos propios de una hidroeléctrica destinada a abastecer de agua a la capital de la entidad, Xalapa, cuya misión fue cumplida.

“Ver este llano es hermoso. ¡El río sigue fluyendo y eso lo logramos con mucho corazón! Ésta fue una lucha de voluntades y mucho corazón”, expresó visiblemente conmovida en la asamblea una de las iniciadoras de este movimiento, Gabriela Maciel.

En entrevista, aclaró que amén de los logros en materia jurídica –que fueron tema de análisis y reflexión en la propia asamblea–, el trabajo debe continuar en un sentido más amplio: “Tenemos que echar a andar las plantas de tratamiento en todos los municipios, empezando desde las comunidades que están arriba”, y que funcionen adecuadamente.

En sus palabras, la lucha contra el proyecto hidroeléctrico se logró con unidad y ésta se requiere también para el saneamiento. Eso significaría realmente salvar al río y se vincula directamente con la disponibilidad del agua para las poblaciones, lo cual día a día es una dificultad.

“Ahorita solamente salvamos nuestras vidas, no tuvimos que migrar; pero si escucháramos la voz del río, él nos está diciendo: ¡Límpienme! Entonces, hay que limpiarlo.”

Pero eso requiere una colaboración integral, que incluye a la sociedad organizada, gobiernos e instituciones que generan conocimiento científico –como la Universidad Veracruzana (UV)–, porque con éste es posible sustentar las necesidades y acciones a seguir.

“Tiene que haber documentos, argumentaciones, estudios”, y si éstos ya existen es necesario establecer vinculación para usarlos con el propósito de sanear los ríos de la entidad. Ésta, afirmó Gabriela Maciel, es “la madre de todas las batallas”.

En palabras de Alejandro Gallardo, también integrante del colectivo PUCARL, “el río debe ser libre en todos los sentidos, no sólo de hidroeléctricas o minerías, necesitamos ríos limpios y asegurar que las futuras generaciones también disfruten de ellos”.

Además, remarcó, no debe olvidarse que el agua es “un derecho humano y no una mercancía”, para gozar de ella es necesario hacer consciencia y usarla responsablemente. En ese sentido es que ha trascendido esta lucha, toda vez que hay un “cambio de pensamiento”, enfocado al cuidado.

“¡Cuidemos los ríos no sólo de hidroeléctricas! El mensaje tiene que ir ya más allá y en ese sentido vamos caminando; siento que sí hay un cambio, del momento en que iniciamos (la lucha) al que estamos, lo cual nos llena de satisfacción.”

Nuevo paradigma del cuidado de las cuencas
En octubre del año pasado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), que ha llevado el caso en materia jurídica, informó que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa en Veracruz resolvió confirmar la inconstitucionalidad del decreto por el que se suprimen las vedas existentes en las cuencas hidrológicas Río Actopan y Río La Antigua, y se establecieron zonas de reserva de aguas superficiales para los usos doméstico, público urbano y ambiental o para conservación ecológica, en ambas cuencas.

Se dejó en claro que el nuevo decreto de 2018, publicado cuando Enrique Peña Nieto era presidente de la República, tenía un nivel de protección mucho menor que el de veda (que data de 1935 y ratificado en 1948 y en 1955), porque permitía que se llevaran el 75 por ciento del agua, explicó Francisco Xavier Martínez Esponda, director operativo del CEMDA.

El comunicado añade que este resolutivo sienta un precedente muy relevante sobre la importancia de reconocer la inclusión de los pueblos, comunidades y procesos organizativos en la protección y cuidado de las cuencas y del agua.

A la fecha, inician una “ejecución de sentencia” y en palabras de Martínez Esponda se trata de una transformación del régimen jurídico del agua y del cuidado de las cuencas en México.

“Lo que estamos viendo es un nuevo paradigma del cuidado de las cuencas, a la luz de los derechos al agua y al medio ambiente sano, donde las comunidades puedan acceder a información suficiente, completa y culturalmente adecuada, y que se les pueda hacer partícipes en la toma de decisiones. Es un esquema en el que no estábamos y se inscribe en otras luchas.”

Para que esto se replique es necesario que las comunidades ejerzan sus derechos, remarcó en el entrevistado. En esto, las instituciones educativas y de investigación, como la UV, tienen un papel “muy importante” porque desde la lógica nacional son las encargadas de generar conocimiento de manera libre. “Están llamadas a jugar un rol muy importante”, insistió.

Hizo hincapié también en que hacer uso de la mejor información científica es indispensable para la toma de decisiones. De ahí que instituciones como la UV están llamadas a ayudar en la generación de conocimiento en temas como el saneamiento del agua.

“Hay una visión, desde hace muchos años, de usar a los ríos como cloacas. La Universidad Veracruzana está llamada a contribuir para que los ríos no sólo sean libres sino limpios, que sean fuente de vida.”

Hay que flexibilizar nuestra academia
El amparo ciudadano que en su momento se interpuso contra el levantamiento de la veda y buscó demostrar que el derecho al agua estaba siendo vulnerado, tuvo una prueba de esencial importancia: el peritaje antropológico.

En él se plasmó a profundidad cómo afectaría a las comunidades de la cuenca La Antigua y Actopan el nuevo decreto –que permitía la retención de grandes volúmenes de agua–.

Una de las autoras del peritaje antropológico fue Ananta Mazadiego Cruz, egresada de la Licenciatura en Arqueología de la Facultad de Antropología de la UV, y en ese entonces alumna de la Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad (MEIS), adscrita al Instituto de Investigaciones en Educación (IIE) de esta casa de estudios.

“Afortunadamente tuvimos un fallo favorable. Nosotras, las comunidades, le atribuimos esto al buen trabajo que realizamos con el peritaje antropológico. Las comunidades de las cuencas La Antigua y Actopan mostraron orgullosos su estilo de vida, cómo se protege el río, los usos mágicos, médicos, rituales, agrícolas, recreativos, económicos.”

La entrevistada no dudó en que la comunidad académica y la sociedad pueden convertirse en grandes aliados para crear reflexiones conjuntas cuya finalidad sea mejorar la vida de todas y todos.

“La academia es una plataforma excelente para enriquecer la vida de todos, como en este caso, se demostró que sin los abogados nosotros no hubiéramos podido hacer nada.”

Ananta Mazadiego se tituló de la MEIS con un proyecto de acción reflexiva cuyo centro es precisamente el movimiento social al que pertenece: “Cultura, territorio y movilización social en las cuencas La Antigua y Actopan, Veracruz. Una experiencia de acompañamiento para el fortalecimiento de las estrategias jurídicas de defensa del territorio”.

El trabajo tuvo la dirección de Beatriz Torres Beristain, del Centro de Investigaciones Tropicales (Citro) de la UV, a quien se le preguntó sobre el papel que la academia tiene o debe tener en luchas como ésta y otros procesos de defensa del territorio y los recursos naturales con los que una sociedad cohabita.

Para ella, el papel de la academia es fundamental, pero contrario a lo que normalmente se hace, es forzoso identificar a las personas involucradas en los conflictos socioambientales y adaptarse a las necesidades de ese colectivo.

“Es una visión diferente y difícil, porque a veces uno tiene proyectos etiquetados de tal o cual manera. Es un trabajo difícil de hacer en la academia, que está acostumbrada a poner los lineamientos, pero la vida no es así.

”Entonces, hay que flexibilizar nuestra academia y también identificar cuáles son los requerimientos que tenemos a nivel social y ambiental; creo que eso no es tan difícil de hacer, por ejemplo, en Veracruz tenemos grandes problemas de contaminación, de megaproyectos, donde las comunidades están solas enfrentándose.”

Torres Beristain consideró prioritario tener una academia abierta, flexible y empática. Admitió también el grado de complicación, porque los tiempos académicos son unos mientras la realidad es otra.

“Pero la necesidad social es apremiante y el papel de la Universidad creo que tiene sentido sólo de esa manera; no lo veo fácil, pero no veo de otra.”

Es más, para ella la Universidad, en general, “puede dejar de tener sentido” si no empieza a enfocarse a la diversidad de problemáticas que se viven.

“A veces se hace, pero vamos con retraso, haciendo como arqueología de los problemas y creo que debemos entrarle desde qué está pasando, con los riesgos y ganancias –porque las tenemos también, al estar con un grupo colaborativo, con gente entusiasmada, que pide colaboración–.”

Fuente: Prensa UV